Justicia: ¿el ciudadano seguirá esperando?

El país sufre un grave problema desde hace muchas décadas y su antigüedad supera a la de otros suficientemente conocidos, no menos graves, a los que incluso les ha dado origen. Se trata de la lentitud con la que opera la aplicación de justicia y su consecuente congestión y atraso.

Varios intentos se han hecho para ponerle remedio a esta situación, a través de decisiones encaminadas a solucionarla de manera definitiva (se destaca la creación del Consejo Superior de la Judicatura), reformas procesales (para citar, la justicia oral) e inversiones en infraestructura, amén de una larguísima lista de reformas a la Constitución y a los códigos. Sin embargo, los esfuerzos hechos no han dado los resultados deseados, y la situación, lejos de solucionarse, pareciera adquirir dimensiones cada vez mayores.

Esto afecta de manera grave a toda la sociedad en materia económica, política y social, por cuanto la lentitud de la operación del aparato judicial reduce la productividad de los entes económicos (las empresas y las personas) y, consecuentemente, la competitividad del país; desgasta la imagen del Estado, que pareciera incapaz de encontrar una solución definitiva; y se constituye en factor coadyuvante de la inequidad social, solo por mencionar unas pocas consecuencias.

Quizás con excepción de la creación del Consejo Superior de la Judicatura, cuyo reciente intento de eliminación demuestra que no pudo cumplir su cometido, todas las reformas se han encarado eminentemente solo desde el punto de vista jurídico. Con ello, se ha pasado por alto que un administrador de justicia (llámese juez, secretario, fiscal o magistrado de tribunal o alta corte) para desempeñar de manera eficiente y eficaz sus funciones requiere también de otras herramientas adicionales a las que le proporcionan la Constitución y las leyes.

Así, se ha omitido que ese funcionario maneja una cantidad inmensamente voluminosa de documentos que, a su vez, contienen una copiosa y profusa información; la cual requiere un muy cuidadoso manejo, pues cualquier detalle que se omita puede tener consecuencias negativas en la investigación y la sentencia.

Improvisación

Las inversiones hechas en infraestructura física han sido una colcha de retazos: se ha comprado un edificio aquí, otro allá, y se han invertido grandes sumas en adecuación y modernización; pero sin que esto sea el resultado de un estudio estructural que establezca las necesidades de espacio reales de los despachos judiciales.

Consecuentemente, a corto o mediano plazo, las edificaciones así adquiridas resultan incómodas e inapropiadas, carecen de dignidad para abogados litigantes y ciudadanos que acuden a ellas como usuarios de la justicia y en nada contribuyen a un desempeño productivo de quienes allí trabajan.

La dotación de infraestructura tecnológica no ha sido ajena al mismo tipo de tratamiento. Si bien los despachos judiciales cuentan con equipos para el procesamiento de información, esta no es producto de un estudio profesional que determine las necesidades del sector. Más aún, en la mayoría de los casos, si no en todos, estos equipos no están dotados con el software adecuado para garantizar un procesamiento ágil de la información y un manejo en red. Ni qué decir de la seguridad informática.

Es claro que una reforma del aparato judicial, por la cual se clama desde hace décadas, debe apuntar a cambios sustanciales que le permitan al ciudadano común acceder fácilmente a la justicia, que propicien el desempeño productivo de sus administradores y de los abogados litigantes y que den celeridad a los procesos; de tal suerte que, en ultimas, el favorecido sea el ciudadano, que pide recibirla de manera cumplida, pronta y equitativa.

En este sentido, la medida incluida en el fallido intento de reforma, de otorgar facultades jurisdiccionales a notarios, abogados en ejercicio y otros, no pasaba de ser un paño de agua tibia; en el mejor de los casos, asumiendo que lograra descongestionar, surge un interrogante elemental: ¿qué sucedería después de terminadas estas facultades transitorias, volvería a congestionarse la administración de justicia?

Requerimientos

La administración de justicia debe concebirse como una organización que, como cualquiera otra, debe contar con herramientas suficientes y adecuadas, más aún si se tiene en cuenta la cantidad de documentación, información y procesos que maneja. Y estas no son solo jurídicas, sino también de planeación, organización y control. Por tanto, debe tener un modelo de gestión.

En materia jurídica, vale la pena considerar si es necesario simplificar el marco legal, que, quizás, está sobrecargado de reformas y contrarreformas que lo vuelven complicado y de difícil acceso y comprensión para el usuario de a pie y que, por el contrario, facilitan la toma de los atajos por parte de los evasores.

También es preciso preguntarse si las facultades de derecho están formando los juristas que requiere el sector, en materia jurídica y ética, y si conviene que en sus planes curriculares se incluyan cátedras de planeación, organización y control.

Esta estructura de organización debería tener un cuerpo rector colegiado que, como en las más grandes y exitosas empresas, sea de carácter multidisciplinario. En este sentido, deberían estar en el mismo nivel los abogados, contadores públicos y administradores de empresas.

Este cuerpo debe incluir, en el área ejecutiva, a gerentes con el suficiente poder decisorio y autonomía para cumplir con la responsabilidad de dotar al aparato judicial con modernas herramientas de gestión, que, por supuesto, incluyen las de infraestructura tecnológica y física.

Finalmente, es necesario plantear esta reflexión: con las reformas que vendrán en un nuevo replanteamiento del entramado de la justicia ¿se logrará el anhelo del ciudadano de a pie de acceder fácilmente a la justicia, de tener garantizada la celeridad de los procesos y de recibirla de manera pronta y cumplida, o deberá seguir esperando unas cuantas décadas más?