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Urgen reformas al régimen especial en parques naturales, pues profundiza conflictos por la tierra
En Colombia muchas comunidades campesinas han sido privadas de la propiedad de la tierra. Foto: archivo Unimedios.
Los parques nacionales naturales se consideran como terrenos de propiedad estatal y de propiedad privada. Foto: Luis Robayo – AFP.
Aunque el régimen de tenencia y uso busca garantizar la protección de los parques naturales, no así el buen vivir de los campesinos que los habitan. Foto: archivo Unimedios.
Para la Corte Constitucional el ambiente es un derecho constitucional fundamental, por lo que ha creado medidas para velar por su conservación y debida protección. Foto: cortesuprema.gov.co
Se propone buscar una solución que garantice los derechos de los campesinos, para permitirles realizar actividades agrarias. Foto: Orlando Sierra-AFP.
Mediante un análisis histórico y jurídico, el abogado Andrés Felipe Ocampo Martínez, magíster en Derecho con profundización en Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), indagó si el régimen de usos y tenencia en parques nacionales es necesario y proporcional para la afectación que sufren los derechos de los campesinos.
El investigador señala que “aunque el régimen busca garantizar la conservación de la naturaleza, necesita con urgencia una reforma en la que se reconozcan las prácticas culturales que han tenido para la conservación”.
“Además es necesario que se les admita realizar algunas actividades asociadas con la economía campesina que garanticen que puedan vivir en condiciones de dignidad, y en cuanto a la tenencia, que el Estado les asegure el derecho a usar y disfrutar el predio”.
La tensión entre los derechos constitucionales de las comunidades campesinas asentadas en los parques nacionales naturales y el derecho al ambiente sano que se pretende garantizar con la declaratoria de tales áreas generan un conflicto socioambiental que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado no han resuelto. Por esta razón, es esencial precisar los estándares jurisprudenciales en diferentes dimensiones del conflicto.
Dificultades como el acceso a salud, educación, servicios públicos esenciales y hasta a la seguridad alimentaria, son algunos de las limitantes con las que viven las comunidades campesinas del territorio colombiano, que por causa del despojo y el desplazamiento forzado histórico se han visto obligados a ocupar áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales.
“Estas zonas tienen un régimen especial de usos al ser una figura importante de protección ambiental y esto restringe las actividades productivas que realizan los campesinos, tales como cultivos, ganadería, pesca, etc.”, explica.
Según el magíster, “aunque la Corte Constitucional les ha asignado a las comunidades campesinas la condición de ‘Sujetos de especial protección constitucional’, reconociendo su importancia para la seguridad alimentaria del país, son evidentes las pocas garantías en materia de derechos constitucionales que tienen las comunidades campesinas en el uso de las tierras en las áreas de parques nacionales naturales”.
La anterior es una de las conclusiones a las que se llega con esta investigación, en la que se revisaron algunos pronunciamientos jurisprudenciales en los que las Altas Cortes han analizado casos que evidencian la tensión entre los derechos fundamentales de campesinos vulnerables que habitan áreas de especial importancia ambiental y el derecho colectivo al ambiente sano que se pretende garantizar con tales áreas.
El trabajo se desarrolló en tres partes. En la primera se hace un análisis histórico de la tenencia de la tierra en Colombia que pretende explicar por qué los campesinos están habitando hoy áreas como los parques naturales.
En esta parte se concluye “que uno de los factores que ha incidido en el problema de la tierra en dichas áreas son los ciclos de colonización y despojo al ser víctimas de empresarios territoriales, terratenientes, grupos armados e incluso del propio Estado, que sistemáticamente ha desconocido el acceso a la propiedad de la tierra a la población”.
En la segunda parte se analizaron los estándares constitucionales relacionados con el derecho al ambiente sano que pretende proteger los parques nacionales y el estándar constitucional relacionado con la protección a los campesinos como sujetos de especial protección, teniendo como respuesta que la Corte aún no ha resuelto la tensión constitucional que se presenta entre los dos derechos.
Una tercera parte se centra en las recomendaciones que permitirían garantizar el ambiente sano en los parques según los valores de conservación y el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas, el principal de ellos es que “la necesidad de una reforma al actual régimen de uso y tenencia en parques nacionales solo para campesinos que ocupan tales áreas”.
“La respuesta estructural del Estado a estos conflictos se encuentra en la reforma agraria y en la redistribución equitativa de la tierra”, concluye el investigador.
