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Identidad y cultura, afectadas por el conflicto en Cravo Norte y Puerto Rondón
En Cravo Norte más de 1.000 víctimas (23 %) son menores entre 0 y 17 años. Fotos: Reinel Rincón- UNAL Sede Orinoquia.
Las víctimas de Cravo Norte expresaron que su seguridad alimentaria también se ha visto afectada por el conflicto armado.
Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Sede Orinoquia.
La cultura, la identidad y la economía de Cravo Norte y Puerto Rondón se transformaron en masacres, asesinatos selectivos, hurto y desplazamientos.
En el marco del posacuerdo, la Mesa de Víctimas de ambos municipios se unen al llamado de la JEP de divulgar la información relevante sobre los hechos y conductas relacionadas con el conflicto.
Así, con el acompañamiento del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la ONU Derechos Humanos Colombia se presentan informes para cada municipio que dan cuenta de los hechos de violencia, el impacto en las comunidades y las propuestas de reparación.
Los documentos muestran cómo la guerra cambió las dinámicas tradicionales de Cravo Norte y Puerto Rondón con la llegada de los actores armados legales e ilegales.
Antes de la violencia las relaciones comunitarias eran fuertes, al punto de considerarse “familia” entre todos, pero con el control de los grupos armados ilegales a su vida cotidiana se afectaron la privacidad, la libre circulación e incluso la solidaridad entre vecinos y amigos.
El interés de la comunidad por legarles a las nuevas generaciones el valor de la cultura llanera se reemplazó por el miedo y la desconfianza, pasaron de verse como una “gran familia” a percibirse como individuos que sobrevivían en un ambiente de guerra.
La economía también se transformó en estos años. Cravo Norte y Puerto Rondón eran municipios de tradición ganadera y su economía se basaba en ella. Sin embargo, la extorsión, los retenes y las acciones violentas hicieron que el mercado no fluyera y que campesinos y comerciantes optaran por salir de los territorios poniendo en riesgo su soberanía alimentaria.
Jhonathan Ballesteros, coordinador del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Sede Orinoquia, afirma que “estos municipios son como hermanos unidos por un mismo cordón umbilical: el río Casanare, y siempre tuvieron una buena comunicación. Por eso los impactos en estos territorios son similares”.
El punto final del informe extiende una serie de propuestas de reparación que la comunidad espera de sus victimarios y del Estado colombiano. Entre ellas se encuentran la construcción de vías, la terminación y adecuación de los hospitales, el fomento al empleo, la garantía de retorno para sus habitantes y el apoyo psicológico. Además, ambas comunidades expresan su intención de fomentar la memoria histórica.
La presencia de grupos armados dejó múltiples víctimas en estos dos territorios de la sabana de Arauca. Según la Red Nacional de Información de la Unidad de Víctimas, a agosto de 2021 se registraban en Cravo Norte 4.742 víctimas que van desde desaparición forzada hasta desplazamiento, delitos sexuales y asesinatos.
Por su parte, en Puerto Rondón el número de víctimas es aún mayor: 5.029 víctimas en el mismo periodo. El coordinador Ballesteros asegura que en los dos casos existe un subregistro, lo que significa que las víctimas deben ser más de las registradas.
Por eso el Observatorio y la comunidad documentaron cronológicamente las acciones armadas de las FARC, el ELN y las AUC en ambos territorios. Así, realizaron una línea de tiempo de 1990 a 2011, en la que señalan la violencia cometida por cada grupo en los municipios.
De esta forma, el equipo de expertos del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la UNAL Sede Orinoquia pone a disposición de las Mesas de Víctimas una matriz con registros de los hechos que los afectaron, basada en los requisitos de la JEP sobre tiempo, modo y lugar para detallar la violencia que fue ejercida contra las comunidades.
La elaboración del informe consistió en tres fases: acercamiento con la comunidad, construcción y recolección de instrumentos de información, y sistematización de esta, con lo cual pudieron determinar los impactos y las propuestas de reparación de la comunidad.
Por último, el coordinador del Observatorio asegura que algo gratificante fue ver cómo las personas se empoderaban después del proceso, debido al acercamiento que tenían con la academia, con la UNAL. “Por eso fueron ellos quienes escribieron los informes”.
