“Gobernanza policéntrica”, un camino para resolver conflictos socioambientales en el país

La Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín propone en la COP16 una alternativa para tramitar los conflictos: la gobernanza policéntrica, una herramienta que incluiría a todos los actores sin excepción, basada en el consenso y la confianza, con el fin de incidir en nuevas políticas públicas, con casos probados de éxito en tres zonas del país: Tumaco, Quibdó e Ituango.

“La Constitución de 1991, las leyes, las sentencias, etc., han sido generosas con la protección del medioambiente, tanto que algunos tribunales han declarado ciertos ecosistemas como ‘sujetos de derecho’. Pese a esto, desde el 2000 ha habido una ‘avanzada’ de proyectos extractivos en el país, que han desencadenado graves problemas socioambientales”, señaló en la COP16 el profesor Juan Antonio Zornoza Bonilla, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas de la UNAL Sede Medellín.

Según el Instituto Global para el Crecimiento Verde, en 1970 la economía extractiva representó en Colombia el 1,8 % del PIB del país, mientras que a partir del 2000 el porcentaje ascendió al 10 %, y en épocas de máxima bonanza minero-energética alcanzó el 14 %.

“La deforestación, la minería, los monocultivos y la ocupación de áreas naturales protegidas amenaza no solo el hábitat de especies endémicas (únicas en el país) sino también la seguridad alimentaria de poblaciones étnicas y campesinas”, agregó.

Por eso, partiendo de la teoría y la experiencia de otros países, el profesor Zornoza propuso una alternativa para gestionar estos conflictos. “Las políticas públicas verticales, jerárquicas, que solo sancionan o incentivan, no han funcionado. Por eso hablamos de ‘gobernanza’, lo que implica la participación de todos los actores en la toma de decisiones, una estrategia que ha funcionado en lugares como las inmediaciones del río Paraná en Argentina”.

“Tejer” los intereses, tres casos de estudio: Tumaco, Quibdó e Ituango

En Colombia los actores son variados: organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, privadas, internacionales, la academia, las comunidades. “Lo que buscamos con nuestras investigaciones es determinar y ofrecer las herramientas necesarias para fortalecer la gestión conjunta y solventar las tensiones que se generan entre la normatividad, las prácticas culturales para la subsistencia, el desarrollo humano, el uso de bienes públicos, etc.”, continuó el docente.

Por ejemplo el caso de Tumaco (Nariño) inició tras identificar que la mala disposición de los residuos plásticos en las playas del municipio estaba amenazando las especies del Corredor Marino de Conservación del Pacifico Este Tropical (CMAR), un área protegida que involucra a los parques nacionales naturales marinos y costeros de cuatro naciones latinoamericanas: Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador. Este caso se analizó en equipo con Juanita Marín Mancilla y Juan Manuel Girón Gómez, estudiantes de Ciencia Política y miembros del semillero GPPT.

“En Tumaco estamos construyendo conjuntamente un sistema de gobernanza en el que convergen múltiples actores presentes en el municipio, con el fin de generar un escenario para la descontaminación del mar. Todos participan de las decisiones y de los beneficios”, añadió.

Por otro lado, en Quibdó (Chocó) la estudiante Ilene Cuesta Moreno, de la Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo de la UNAL Sede Medellín, está analizando si se le están garantizando o no los derechos al río Atrato, sobre todo porque en su ribera continúan actividades de explotación minera y forestal que, entre otras cosas, contaminan con sustancias tóxicas el afluente, lo que afecta incluso las tierras de cultivo aguas abajo.

“En estos lugares también hemos identificado actores, como por ejemplo los grupos armados y de cooperación internacional, los cuales, aunque no se involucran directamente en las soluciones a los problemas, sí se deben tener en cuenta porque ejercen influencias directas en el territorio, bien sea intimidando (los primeros) o financiando proyectos (los segundos)”, agregó el profesor Zornoza.

Por último, la investigación en Ituango (Antioquia), en compañía de Alejandra Vianchá, estudiante de Ciencia Política y el semillero GPPT, se centra en una asociación de campesinos que decidió emprender un proyecto de agricultura sostenible con familias reincorporadas a partir del Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

“Se trata de personas que hoy son productores de café especial en la vereda Santa Ana, una zona que a su vez es amortiguadora del Parque Nacional Natural de Paramillo, cerca al nacimiento del río San Jorge, un área que ha sufrido los rigores del conflicto armado, y que aunque goza de protección ecológica especial, se podría ver afectada por sus labores”, explicó.

La propuesta del docente se sustenta en que la realidad es compleja y que, en esa medida, es insuficiente solo castigar o premiar ciertas acciones con el fin de erradicarlas o promoverlas, sobre todo si se procura un entorno de paz.

“Por eso uno de los puntos más importantes para nosotros ha sido empoderar a los actores comunitarios, que son los que menos voz y voto han tenido a lo largo de esta historia. Además argumentamos y explicamos que la toma de decisiones, y con ellas las políticas públicas, se deben ajustar permanentemente, conforme pasan los años y cambian los contextos”.