Foro de la UNAL visibilizará situación de violación de DD. HH. en San Andrés, Providencia y Santa Catalina

La alerta temprana señala el fortalecimiento de estructuras armadas del narcotráfico y del crimen organizado locales y regionalesque se encuentran al servicio de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC)-Clan del Golfo, la persistencia de la estructura armada Los Rastrojos y la tercerización de grupos delincuenciales locales como la banda de Los Pusey o La Fortaleza, que mantienen su injerencia en el Archipiélago.

Estos grupos armados se enfrentan por el manejo de economías ilegales, lo que ha generado un aumento exacerbado de los homicidios. Con los impactos de la pandemia por el COVID-19 y el paso de huracán Iota, entre otros factores, se registró un crecimiento alarmante de la violencia homicida en San Andrés.

“Derivada de las escasas oportunidades laborales y la desigualdad social por el alto costo de la vida, la Isla vive una compleja situación que pone en riesgo los derechos humanos. La infraestructura sanitaria es débil; los niños y adolescentes crecen en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica y baja oferta educativa, y algunas familias viven en asentamientos en condiciones de precariedad y hacinamiento”, afirmó en su momento el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Bajo ese contexto, los líderes sociales –hombres y mujeres– y en general quienes defienden de los derechos humanos están altamente expuestos debido al desconocimiento de su labor como defensores.

Por lo anterior, es necesario que la institucionalidad civil tenga una presencia robusta; hacer seguimiento a las 26 recomendaciones de la Defensoría, de manera que se cumplan las obligaciones de las diferentes instituciones sobre garantía y protección de los DD. HH. en las islas: fortalecer la interlocución con la población raizal y no raizal que vive en el Archipiélago, y garantías para una capacidad instalada en líderes –hombres y mujeres– comprometidos con estos temas.

En el marco de su responsabilidad ante el país de aportar a la reconstrucción del tejido social y a la consolidación de la identidad nacional, la UNAL apoya esta iniciativa a través no solo de la formación de ciudadanos integrales como agentes de cambio ético y cultural con conciencia social, sino también de la gestión del conocimiento buscando la transformación de la realidad a partir del diagnóstico y análisis de situaciones violatorias de los DD. HH. que afectan la convivencia, en este caso del Archipiélago.

En ese sentido, el foro “Violación de derechos humanos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: pasado, presente y retos para el futuro”, busca visibilizar –dentro y fuera del país– la problemática de la desaparición y otras violaciones de los DD. HH., en el marco de las dinámicas del conflicto armado interno colombiano, con el fin de llamar la atención de las instituciones del Estado relacionadas con su atención. El evento es organizado por los Institutos de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) de la Sede Bogotá y de Estudios Caribeños de la Sede Caribe.

Así se espera lograr su presencia permanente en el territorio, para iniciar un proceso de reconocimiento del problema y con ello un trabajo sostenido que conduzca tanto a la búsqueda de personas desaparecidas como a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

En la jornada –que se llevará a cabo el 20 de octubre en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de la UNAL Sede Bogotá–, participarán el ministro de Justicia, Néstor Osuna, quien abordará el tema de los delitos de la desaparición forzada y la trata de personas en la legislación colombiana y la garantía de los derechos a la justicia y la verdad de las víctimas; Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, quien hablará sobre el estado de seguimiento a las 26 recomendaciones de la Alerta Temprana 028 de 2022; y Juliette de Rivero, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, quien tratará sobre las obligaciones internacionales del Estado en la garantía de los derechos humanos para poblaciones de especial protección.

También habrá representantes de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPDD), el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).