Fomentar viviendas autogestionadas, alternativa a crisis habitacional en Bogotá

Pese a que con los proyectos VIS y VIP el Estado busca dar respuestas a los factores de exclusión, a menudo estas no se ajustan a las necesidades de todos los sectores de la población; por ejemplo, son espacios pequeños y la falta de opciones para ampliación desincentivan a muchas familias, que optan por construcciones propias, ampliables y adaptadas a sus necesidades específicas.

Según el economista Jorge Torres Ramírez, magíster en Gobierno Urbano del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, “aunque esta visión estatal busca estandarizar las viviendas y garantizar condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad, el enfoque de consolidación productiva que siguen las comunidades busca no solo proporcionar un hogar, sino también generar ingresos adicionales”.

En su trabajo, el investigador analiza el fenómeno de los asentamientos autogestionados en Bogotá entre 1972 y 2020, a partir de tres modelos principales: urbanización pirata, invasión, y programas públicos de lotes con servicios.

Para ello tomó como casos de estudio la UPZ Alfonso López (Usme), el barrio Nuevo Chile (Bosa) y el programa de lotes con servicios de Sierra Morena (Ciudad Bolívar), y evidenció que “los hogares autogestionados construyen viviendas de dos o más pisos con el objetivo de alquilar parte de los espacios y así financiar la consolidación de sus propiedades”.

“Aunque este modelo les permite a los hogares generar ingresos adicionales –lo cual es fundamental para muchos sectores marginados que enfrentan barreras para acceder a créditos hipotecarios y otros recursos financieros formales como subsidios–, está ligado a un fenómeno cultural más amplio, pues para muchas familias construir su propia vivienda les permite satisfacer necesidades específicas y cumplir con aspiraciones que una vivienda VIS o VIP no les pueden ofrecer”.

A diferencia de las viviendas VIS y VIP, que se logran con préstamos a constructoras y empresas formales, la autoconstrucción se refiere a las construidas con recursos propios de las personas y sin ánimo de vender.

Repensar política pública de vivienda

Según el reporte del DANE, con cierre a 2021 el 10,5 % de los hogares en Bogotá se encontraba en déficit habitacional, es decir que unas 302.000 familias habitan viviendas en condiciones no aptas. El documento se divide en déficit cualitativo y déficit cuantitativo. El primero corresponde a las características accionables sin la necesidad de aumentar las existencias (stock) de unidades habitacionales, y se miden por medio de siete factores: (i) hacinamiento mitigable, (ii) material de los pisos, (iii) cocina, (iv) agua para cocinar, (v) alcantarillado, (vi) energía, y (viii) recolección de basuras.

Por su parte, el déficit cuantitativo se refiere a las características estructurales por las que es necesario aumentar el stock de vivienda, debido a que no es posible dotarlas mediante remodelación. Estas se componen de: (i) materiales de las paredes, (ii) cohabitación, y (iii) hacinamiento no mitigable.

Con base en información documental y cuantitativa de fuentes indirectas (especialmente institucionales), el investigador encontró en su análisis que la problemática de vivienda en Bogotá y las estrategias tanto del Estado como de las comunidades para abordarla han evolucionado como respuesta a factores de exclusión económica y cultural.

El análisis de la normatividad, desde la perspectiva del derecho a la vivienda, descubre los énfasis de los Gobiernos para atender el fenómeno, muestra el tránsito de la gestión pública al mercado y cómo se han gobernado los asentamientos, evidenciando que no se han producido los resultados esperados por la política pública.

“Las comunidades autogestoras han implementado prácticas informales para desarrollar los asentamientos, lo cual no ha coincidido con el interés del Estado por formalizar estos procesos, especialmente la propiedad de la vivienda, lo que deja ver que la política sectorial se ha orientado en función del aporte a la economía del subsector de la edificación”, anota el investigador.

Por eso propone crear políticas de vivienda que integren el déficit tanto cuantitativo como cualitativo para ofrecer una solución viable para que la población vulnerable acceda a una vivienda digna y adaptada a sus necesidades, respondiendo al mismo tiempo a la problemática de déficit habitacional existente.

Su propuesta incluye repensar los subsidios actuales para adaptarlos a las necesidades de las familias que hoy no cumplen con los requisitos para acceder a ellos, permitiéndoles acceder a materiales, asesoría técnica y apoyo financiero.

Además, sugiere que el Estado acompañe estos procesos para mejorar la infraestructura y los servicios básicos en los barrios autogestionados, logrando una forma de vivienda que no solo sea competitiva con los programas tradicionales, sino que además responda a las realidades y aspiraciones de quienes buscan construir su propio hogar.