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Así lo señala la profesora Karoll Gómez, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), y agrega que uno de los aspectos que sí ha cambiado en este tiempo es que la ciudadanía tiene una mayor capacidad de indignación frente a hechos de corrupción, al reconocer que este fenómeno es un problema de todos.
Sin embargo, entre la sociedad sigue habiendo un gran desconcierto relacionado con la ausencia de sanciones efectivas ante situaciones de abuso de poder y desviación de recursos públicos.
Al respecto, la docente recuerda que, según la Corporación Transparencia por Colombia, la corrupción está determinada por varios factores, incluso las normas y leyes con las que funciona el país, como por ejemplo la débil o nula separación de poderes, el juego político para acceder a cargos públicos, la insuficiente rendición de cuentas y la contratación pública, entre otros.
En ese sentido, afirma que aunque el hecho generador no ha cambiado, lo que sí ha cambiado es cómo se da esta relación; por ejemplo, el caso de Odebrecht puso en evidencia la enorme capacidad de viciar procesos de contratación pública en varios países del América Laina de forma simultánea.
Para contextualizar sus afirmaciones, la profesora Gómez retomó algunos de los principales hallazgos de un estudio coordinado por ella en 2002, el cual se basó en información estadística provista por la Contraloría General de la República, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Para ello, realizó un análisis econométrico de corte transversal entre países empleando los índices de corrupción de Transparencia Internacional y del Grupo de Servicios de Riesgo Político en la última década del siglo XX.
Al respecto, afirma que "aunque los resultados de la modelación se hicieron con datos de 1990 a 2000, el fenómeno de la corrupción no ha cambiado mucho en los últimos 20 años".
Según la docente, un elemento que evidenció su estudio es que la corrupción actúa como un impuesto que disminuye los incentivos a invertir, desvía el gasto del Estado hacia proyectos improductivos, distorsiona la localización de los recursos en términos de la reducción de la inversión privada y del capital humano, y aumenta la inflación, ya que los sobornos se toman como un precio extracargado por los burócratas a los consumidores privados.
Así mismo, dicho fenómeno es el resultado del manejo discrecional que funcionarios públicos les dan a los recursos del Estado: "los corruptos se apropian de una porción del gasto público, lo cual causa una reducción en la tasa de crecimiento de una economía".
En este momento de confinamiento obligatorio, en el que se han destinado recursos para atender la emergencia por coronavirus, información oficial indica que cerca de 12 billones de pesos se encuentran en la mira de las entidades de control "Fiscalía y Procuraduría" para que no sean desviados mediante estrategias corruptas.
Según la profesora Gómez, para garantizar que los recursos del Estado se destinen a los proyectos previstos para afrontar la pandemia es necesario fortalecer continuamente las instituciones y las sanciones legales, además de que exista un rechazo social cada vez más generalizado.