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Política y Sociedad

Faltan estrategias para abordar violencia intrafamiliar ejercida por adolescentes

    La Ley 294 de 1996, considerada como la columna vertebral de las medidas de protección contra la violencia intrafamiliar en Colombia, se sometió a un riguroso análisis que mostró la falta de medidas correctivas para adolescentes que ejercen la violencia contra algún familiar. Como una alternativa se propone replantear el abordaje de la violencia intrafamiliar por las Comisarías de Familia, en donde se protejan los derechos de los menores, pero también se responsabilicen de sus acciones.

    Sandra Milena Díaz Lara, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), lideró esta investigación en Bogotá en colaboración con Comisarías de Familia de la ciudad, comparando la legislación colombiana con la española.

    España es un referente en la implementación de estrategias, pues ha realizado con éxito campañas nacionales de sensibilización dirigidas a jóvenes, en las que se ha generado conciencia sobre la violencia intrafamiliar, sus impactos negativos y la importancia de denunciar estos casos.

    El panorama después de revisar las Leyes 294 de 1996, 2126 de 2021, 575 de 2000, y el Código de Procedimiento Penal, es que, a pesar de varias reformas, la Ley 294 de 1996 en una ciudad como la capital, se muestra insuficiente en casos donde los menores son perpetradores de violencia.

    Según la investigadora, “en Colombia cuando se va a abordar un caso de un menor de edad, inmediatamente nos trasladamos a la Ley 1098 de 2006 que establece el Código de Infancia y Adolescencia, hasta llegar al tema de responsabilidad penal de adolescentes y termina en un proceso de restablecimiento de derechos. Aquí no estamos solucionando esta problemática social que tenemos; solo estamos trasladando la situación de violencia a una normatividad y ahí se queda”.

    Los actos violentos filioparentales (de hijos a padres) que abarcan no solo agresiones físicas sino también verbales y emocionales cargadas de amenazas, son preocupantes, pero de ellos poco se habla.

    Tras examinar las cifras de órdenes administrativas relacionadas con conflictos familiares en las distintas localidades de Bogotá en el periodo 2020-2021, la magíster descubrió 8.553 casos bajo el criterio de “conflicto con adolescente”. Entre estas localidades, se destacaron Bosa con 2.238 casos, seguida por Kennedy con 1.621 y Suba con 1.557.

    Como parte de la investigación, además de la revisión de cifras y de las normativas vigentes relacionadas con la violencia intrafamiliar, se realizaron estudios de casos en Bogotá tomando como referencia las denuncias y consultas recibidas en las Comisarías de Familia, las cuales mostraron un patrón de efectividad de las intervenciones casi nulo.

    Ante este panorama que se agudizó tras el confinamiento de la pandemia generada por COVID-19, la abogada propone unas medidas que no solo sancionen, sino que aborden las causas de la violencia adolescente: “la experiencia de España podría servir como un referente para una legislación más integral, enfocada en la prevención y la concientización”.

    Como punto de partida enfatizó en que se debe introducir una cátedra obligatoria en los colegios, tanto públicos como privados, que aborde de manera integral el tema de las violencias y sus consecuencias.

    “Este enfoque sería importante al verlo desde el objetivo de educar a los jóvenes sobre la importancia del respeto, la tolerancia y las repercusiones de sus acciones, generando así una conciencia colectiva desde temprana edad”, expresó la egresada de la UNAL.

    Pero también otro punto bastante evidente en el que se debe empezar a trabajar es en la estructuración de las comisarías de familias, que por lo menos en Bogotá hay 37 entre las 20 localidades.

    “El trabajo debe estar enfocado en fortalecer el sistema de atención a víctimas y la capacidad de las comisarías de familia. Esto implica proporcionar recursos adecuados, capacitar de manera continua a los funcionarios y establecer protocolos eficientes para el abordaje de casos de violencia intrafamiliar”, con ello, según señala, se podría garantizar un acompañamiento efectivo a las víctimas y una intervención oportuna en situaciones de riesgo.

    Como parte de esta estrategia integral, se persigue que la normativa pueda abordar la actual y preocupante situación de violencia perpetrada por adolescentes dentro del ámbito familiar.

    “Con el planteamiento de estas iniciativas, nos enfocamos no solo en atender los casos existentes de violencia intrafamiliar, sino también prevenir futuros episodios a través de la educación y la sensibilización. Esta es una de las formas más poderosas para construir una sociedad más justa, equitativa y libre de violencia en el ámbito familiar”, precisó.