Un informe presentado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló que entre 2002 y 2020 más de 300 líderes sociales fueron víctimas de persecución judicial; señala además que la criminalización del liderazgo social rompió el tejido social, debilitó los procesos comunitarios y afectó a cientos de familias. Su elaboración contó con el acompañamiento del Observatorio de Frontera, Territorio y Paz de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA.
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