Estado, principal responsable de la trágica situación de La Guajira

Según la Procuraduría General de la Nación, en esta región existen 64 expedientes con denuncias de corrupción que llevan más de 10 años engavetados en la Fiscalía Seccional de Riohacha; además, en los últimos 10 años ha habido 12 gobernadores asociados con estos casos de malversación de dineros públicos.

En la revisión que el programa Análisis UNAL, –de Radio UNAL– está realizando por las regiones olvidadas del país, la magíster en Geografía Nataly Alexandra Díaz Cruz, docente del Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), afirmó que “sin importar las consecuencias ambientales de la incontrolada actividad minera, las comunidades siguen siendo testigos de la manera cómo se extraen sus recursos sin que esto les represente un verdadero bienestar”.

“Gobiernos, clase política y grupos de poder han promovido un discurso del bien común sobre el bienestar de las comunidades que ha terminado afectado el suelo, los territorios y los ecosistemas sin que haya dado reparación alguna”.

La Guajira, con una población de casi 900.000 habitantes, de los cuales el 48 % son integrantes de la comunidad indígenas wayuu, es un territorio en donde la pobreza y el hambre son el pan de cada día, situación que no es nueva y que señala como principales responsables a las empresas de extracción minera y a la falta de interés y corrupción de los entes gubernamentales.

Durante el programa Análisis UNAL, Jenny Paola Ortiz, responsable de Derechos Humanos, Movimientos Sociales e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), manifestó que “esta problemática también radica en el imaginario que se ha creado en la sociedad colombiana de que La Guajira es una zona desértica habitada por comunidades indígenas, lo cual ha terminado generando indiferencia ante hechos trágicos como la muerte de niños por hambre y sed”.

Al respecto, la profesora Díaz hace énfasis en la importancia de expandir el espectro de análisis que se hace de La Guajira, ya que no es solo desierto, “hay épocas del año en donde partes de este territorio son totalmente verdes, y es importante que las personas conozcan estas características del departamento”.

“Estamos ante un patrimonio cultural, y proyectos como estos fragmentan no solo el patrimonio en biodiversidad, sino también los derechos fundamentales de las comunidades de la zona”, asegura la docente.

Subraya además que “al Estado no le importa sacrificar la vida de unos pocos si pueden vender el territorio por regalías”.

La experta hace un balance de los proyectos de extracción minera en esta región, indicando que el Cerrejón, una de las minas de carbón más grandes a cielo abierto, tiene más de 14 fallos judiciales en su contra, además de algunas demandas internacionales ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que señalan que se ha producido una vulneración de los derechos de las comunidades que habitan esas zonas, capturando 17 cuerpos de agua fundamentales para esta zona, como el río Ranchería.

También se refirió a un nuevo megaproyecto canadiense de extracción minera, de la empresa Best Coal Company (BCC), que opera a cielo abierto y además tiene minas subterráneas con una dimensión igual de grande al Cerrejón.

Otros proyectos a los que se refiere la experta tienen que ver con licenciamientos de cobre que tiene tres municipios comprometidos, pasando por la Jagua de Ibirico hacia la Serranía del Perijá, que tiene dentro de su planeación la explotación de 70.000 hectáreas de este metal.

Si la geografía de La Guajira tiene el potencial de hacer que las comunidades indígenas sobrevivan y no se produzcan situaciones de hambre y pobreza, vale la pena preguntarse: ¿quién tiene el control de La Guajira?

La experta Ortiz recuerda que el 8 de mayo de 2017 la Sentencia T-302 declaró el estado de cosas inconstitucional en La Guajira por el hambre en el departamento y decretó 210 órdenes que debían cumplir 25 instituciones para atender el problema. Cinco años después, la decisión que fue recibida con esperanza por la población, se ha ido quedando en letra muerta.

“Si mi función como Estado es velar por la garantía de los derechos humanos y la Corte me dice que debo hacerlo, y yo miro para otro lado significa que estoy incumpliendo con un deber central con estas comunidades”, asegura.