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Enfoque de género y proyectos autoproductivos, esenciales en políticas públicas para mujeres makuagán
A las instituciones se les replantear las políticas públicas de la comunidad makuguán y encaminarlas con los planes de vida propio de los indígenas. Foto: archivo Unimedios.
Un grupo de 21 mujeres indígenas makuguán fueron desplazadas forzosamente de sus territorios por decisiones internas y por presión de grupos armados ilegales. Foto: Schneyder Mendoza- AFP.
La tutela N°009 de 2018 a favor de las familias Cusay La Colorada exige la reubicación o retorno de las mujeres y planes para tratar el alcoholismo Foto: Vanessa Jiménez - AFP.
Reconocer los planes de vida propios de la comunidad, intervenir en acciones con enfoque de género y diferencial, y pasar del asistencialismo a la autoproductividad, son algunos de los lineamientos que también propone el informe realizado por la docente Vanessa Ortiz Piedrahíta, doctora en Ciencias Sociales, junto a tres pasantes.
Además, hacen un llamado para que se cumpla la acción de tutela que ordena un plan para la desintoxicación de las personas que consumen alcohol, y el retorno o la reubicación de las mujeres víctimas.
La comunidad makuagán se ubica en el resguardo Cusay La Colorada, en el municipio de Fortul, al margen del río Arauca. Según datos de la Gobernación, en los últimos años esta comunidad ha sufrido el desplazamiento, la desaparición y el hostigamiento de los grupos armados.
El caso más representativo, pero poco conocido, es el de un grupo de 21 mujeres que fueron obligadas a abandonar su territorio por tener relaciones de pareja con “hombres blancos mestizos”.
La decisión, tomada por los líderes del resguardo, fue presuntamente reforzada por miembros de la guerrilla del ELN, tal como expresa la tutela n°. 009 de 2018 a favor de las familias Cusay La Colorada. En el documento se indica que el grupo armado ilegal ejerció presión afirmando que las mujeres eran informantes del Ejército; en realidad, Fortul es un territorio estratégico para el tráfico de drogas.
“La discriminación, los problemas de alcohol, las afectaciones a su salud física y mental, junto con los graves problemas de desnutrición en los niños, son algunas de las consecuencias del desplazamiento”, expresa la docente Ortiz.
Ante la poca respuesta del Estado para cumplir la sentencia de tutela y dar garantías de reparación, el grupo de investigación de la UNAL Sede Orinoquia presenta ante las instituciones municipales y gubernamentales un documento en el que recoge las recomendaciones para adelantar una política pública que garantice los derechos humanos de esta población.
En este se precisa que es necesario realizar un diagnóstico que involucre a las personas afectadas y consulten con la comunidad si las medidas que se están implementando les resultan adecuadas.
“Muchas veces las medidas son asistenciales y no cuentan con una lectura del territorio. Por ejemplo, se les dan mercados con alimentos que ellos no consumen”, explica docente.
Las comunidades indígenas no están acostumbradas a depender de medidas de este tipo, sino que, por el contrario, sus tradiciones se centran en producir la tierra y obtener de ella su sustento. Así, “las mujeres expresan la intención de aprovechar sus terrenos para la siembra de cultivos”, se lee en el informe, y asegura que para ello se requiere un acompañamiento integral.
Para elaborar el informe, las pasantes en Sociología Aura Vargas, Geraldine Mantilla y Aura Barón, junto a la docente Ortiz, realizaron entrevistas a profundidad con las mujeres víctimas, líderes indígenas y funcionarios públicos y de organizaciones civiles.
En ese proceso encuentra que las mujeres desplazadas fueron perseguidas y hostigadas por cinco años, durante los cuales fueron víctimas de bombas por parte grupos insurgentes.
“Primero se dirigen a la Casa Indígena de Fortul, donde son víctimas de estos hechos, y por la situación se trasladan a un terreno donde antes estaba el matadero municipal”, relata la profesora Ortiz.
Entre las consecuencias se encuentra el alcoholismo por parte de las mujeres y sus parejas, situación que se relaciona con los índices de violencia intrafamiliar ejercida por los esposos a las mujeres. “Se trata de la naturalización histórica en contra de las mujeres”, expresa la pasante Vargas en su informe.
Según el DANE, en el departamento de Arauca hay 6.524 indígenas distribuidos en 6 pueblos y 45 comunidades. Una de ellas es la comunidad indígena makuagán, que pertenece al pueblo U´wu; la Organización Nacional de Indígenas de Colombia (ONIC) asegura que Arauca es el segundo departamento que alberga al mayor número de personas de este pueblo.
Antes era un pueblo seminómada y por ello se ubican en Arauquita y Fortul. Por la violencia sus miembros fueron desplazados de sus resguardos y se ubicaron en diferentes espacios como el caserío de Puerto Jordán. “Debido a la colonización, estos pueblos perdieron sus lenguas”, expresa la docente.
En 2021, la Unidad de Víctimas reportó que Fortul tenía el 46,1 % de los casos de desplazamiento, siendo este el mayor número de casos de todo el departamento de Arauca. La misma entidad asegura que el desplazamiento es el hecho victimizante más frecuente en Arauca.
