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En el evento, el profesor Fernando Franco, director de la sede, habló de cómo era la zona hace 30 años, cuando Leticia era una comisaría, contaba con tres calles pavimentadas y el departamento era la base de la penitenciaria de Araracuara (cárcel muy famosa por ese entonces en Colombia), hasta llegar a la actualidad en la que esta ciudad se encuentra exenta del IVA por ser zona fronteriza y punto comercial estratégico para el país que comparte frontera con Brasil y Perú.
Franco también analizó qué representó la Carta Constitucional para la Amazonia a partir de la reforma de 1991, la cual brindó más autonomía a las comunidades indígenas, más recursos para la región, más derecho a la tierra y créditos para el trabajo de esta, más participación ciudadana, más mecanismos de control y más reconocimiento ambiental.
Por su parte, Francisco Acuña, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, indicó que para el próximo año se realizará en la sede un evento que permitirá integrar a un grupo de investigadores para analizar en profundidad casos que involucren adolescentes, sanciones penales y pedagógicas con respecto a población indígena.
Para cerrar la primera sección del Foro, el profesor de la UN, Juan José Vieco, hizo una reseña desde la década de 1960, en la que el Estado colombiano implementó una política de desarrollo de los pueblos indígenas, propició la integración y asimilación de valores nacionales y promovió un cambio social y económico de un modelo técnico científico para la agricultura.
En esta línea, la década de 1970 formuló los programas de desarrollo indígena y en 1980 se presentó el primer documento Conpes de política indígena y desde entonces se han expedido varios de estos, entre los que destaca el desarrollado el año pasado por la Sede Amazonia con los indígenas de toda la región, que compete a Caquetá, Putumayo, Guainía y Amazonas.
Hasta la Constitución de 1991, los planes de desarrollo de los pueblos indígenas se formulaban y ejecutaban desde el Estado central (Ministerios y los Institutos descentralizados).
Como conclusión, se discutieron varias decisiones de orden nacional, como la tomada en 1995 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) que impulsó los planes de vida como alternativa al plan de desarrollo sectorial y normativo de las entidades territoriales.