En Boyacá, minería de carbón sofoca las aguas

Hasta la primera mitad de los años 70, la participación de la extracción de carbón en la producción minera del país representaba el 11%, toda destinada a la demanda interna. Hoy Colombia es el cuarto exportador mundial detrás de Indonesia, Australia y Rusia, con una producción de 87 millones de toneladas en el 2011, 13 millones más que en el 2010, según Ingeominas.

La colosal y creciente oferta seduce al mercado fronterizo; empresas extranjeras como MPX Energia S.A., del billonario brasilero Eike Batista, anunció inversiones por 3.000 millones de dólares al 2015, para el desarrollo de sus minas de carbón, que generarían 3.000 empleos directos y 7.000 indirectos.

A pesar de los millonarios ingresos y fuentes de trabajo que generarían estas multinacionales a los campesinos de las regiones mineras, la explotación del combustible fósil destruye y contamina los suelos, los bosques y las fuentes de agua naturales con las que ellos mismos se abastecen.

Un buen ejemplo es la muerte de unas 30.000 truchas en enero de este año en el criadero Loren"s, en el municipio de Socotá (Boyacá), hecho que motivó una investigación del grupo de Toxicología Acuática de la Universidad Nacional de Colombia, ante la gravedad de la afectación.

El profesor Jaime Fernando González y la estudiante de pregrado Sonia Carolina Pardo, de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia, analizaron la composición química de efluentes (aguas procedentes de procesos industriales o mineros) y afluentes cercanos a centros de extracción en el municipio, apoyados por la Comunidad Fulbright.

La exploración

Carolina tuvo que pasar inadvertida durante siete días, luego de transitar con cautela las inmediaciones de cinco minas legales y una ilegal. Con sigilo recolectó muestras de los desechos expulsados por las canteras y de agua de tres arroyos cercanos, así como del río Samacá, a tres kilómetros de la zona de mayor influencia de la actividad minera.

Las evidencias fueron analizadas en el Laboratorio de Toxicología Acuática, para determinar las características fisicoquímicas como pH, dureza, alcalinidad, nitritos, acidez total, sulfatos, cianuro, salinidad, sólidos disueltos totales (TDS) y conductividad. Los resultados preocupan desde el punto de vista ambiental para un buen número de las variables estudiadas.

Según el Decreto 475 de 1998, por el cual se expiden normas técnicas de calidad de agua potable, los valores de pH (potencial de hidrógeno) deberían estar comprendidos entre 6,5 y 9; sin embargo, el encontrado (entre 2,7 y 7,8) indica para la mayor parte de las muestras el efecto del drenaje ácido, característico de las explotaciones mineras.

El efecto es considerable si se tiene en cuenta que las muestras de los arroyos presentaron valores muy ácidos (uno 3,2 y dos 3,3), a pesar de su capacidad como cuerpo de agua de diluir el efluente que ingresa como contaminante de la minería.

Incluso, la muestra del río Samacá presentó un valor ácido no esperado para un cuerpo de agua de esta naturaleza (4,8). Solo el efluente de una mina legal tuvo un pH dentro del rango de agua potable (7,8); por el contrario, la mina ilegal tuvo el valor más ácido (2,7).

Aguas perturbadas

Por otro lado, los valores de alcalinidad (que mide la capacidad para neutralizar ácidos) fueron bajos (menor a 17,1 miligramos por litro -mg/L-) para la mayoría de muestras (la de agua potable es de 100 mg/L), factor que puede obedecer a la absorción constante de carbonatos y bicarbonatos.

Entretanto, los valores de dureza están por encima de lo esperado para aguas naturales y entraron en la categoría de extremadamente duros (mayor a 300 mg/L de carbonato de calcio -CaCO₃-). El profesor González dice que "la dureza del agua de río debe ser de 50 mg/L, máximo 60 mg/L, pero un río que alcance 300 mg/L es anormal". Los valores sugieren un exceso de calcio y magnesio y otros elementos similares provenientes de los efluentes mineros.

Tan solo la mina número tres (legal) tuvo un valor adecuado y similar al de aguas naturales no contaminadas; al contrario, la ilegal alcanzó la alarmante cifra de 9.640 mg/L, y las legales valores cercanos a 300 mg/L, no menos
preocupante.

Asimismo, los niveles de sulfato mostraron para todas las minas un rango inadecuado que refleja el efecto del drenaje ácido (alta concentración de ácido sulfúrico). En los TDS, salinidad y conductividad, muy interrelacionados, se demostró también la acción del impacto ambiental de los efluentes. "La alta conductividad de las muestras se debe a la cantidad de sales y otros sólidos que tiene el agua", explica el docente.

Un caso particular lo representa la muestra seis (proveniente de la mina ilegal) por carecer de los permisos para operación. Todas las variables están alteradas y es el caso más crítico de contaminación. La noticia positiva es que no se detectaron trazas de nitritos ni de cianuro en ninguna de las muestras; se debe a que estas son más usuales en ríos cercanos a extracción de oro.

En la mayoría de los casos, los indicadores de las muestras están dentro de rangos indeseables para los estándares de calidad de agua y muestran el efecto contaminante de la actividad, especialmente cuando no hay control sobre medidas de tratamiento o mitigación del efecto de los desechos de la minería de carbón. La investigación constata que no solamente las especies animales están en riesgo en los municipios mineros de Boyacá, sino también los seres humanos.