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Los temas fueron consensuados entre los candidatos en una reunión previa al encuentro "Cacao mundial: desde Arauca por la paz", con entidades del Estado y representantes del Consejo Departamental de Paz para conocer el mandato de las instituciones, el avance de las políticas públicas y algunas necesidades del departamento de Arauca.
El evento, cuya metodología fue acompañada por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, reunió a los candidatos José Facundo Castillo Cisneros, del Partido Cambio Radical; Luis Emilio Tovar Bello, del Centro Democrático; y Hernando Posso Parales, del Partido Liberal. El cuarto candidato, Álvaro Cristaño, del Partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA), no participó en la jornada.
El encuentro fue apoyado por Colombia Transforma, la ONG ACDI-VOCA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (Mapp-OEA); la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia (UNVMC) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Además contó con la colaboración de la Misión de Observación Electoral (MOE).
Las instituciones presentes en el encuentro fueron: la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN); la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV); la Agencia para la Renovación del Territorio (ART); las Cámaras de Comercio de Arauca y del Piedemonte, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
Los participantes se distribuyeron en cinco mesas temáticas: cultura de la legalidad y transparencia; reducción de la pobreza y desarrollo; planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET); convivencia, reincorporación y reintegración. En ciclos de 15 minutos, cada uno de los candidatos pasaba por cada una de las mesas, donde recibía información y también exponía sus puntos de vista.
Finalmente se consolidó el pacto que en seis puntos genera un compromiso para estos candidatos, que, de ser elegidos, deberán velar por su cumplimiento.
El Pacto
En cuanto a "no violencia", el pacto compromete a los candidatos a que después de ser elegidos "promuevan una cultura política basada en el reconocimiento y respeto mutuo al opositor a través de discusiones centradas en la argumentación y en el valor de las ideas". También a apartarse del lenguaje que promueva cualquier forma de discriminación, exclusión, persecución, estigmatización y cualquier otro tipo de violencia, y además a "respetar y promover el ejercicio ético, libre y consciente de los derechos políticos de la ciudadanía, rechazando cualquier acto de intimidación, coacción o corrupción electoral".
Con respecto a la "cultura de la legalidad y transparencia", los candidatos se comprometieron a combatir la corrupción a través de mayor presencia institucional en el territorio "con ejercicios de pedagogía y cátedra de la cultura de la legalidad". También estuvieron de acuerdo en brindar información concisa, clara y veraz en relación con su declaración de renta, de bienes y conflicto de intereses, y de brindar información sobre la financiación de sus campañas en tiempo real. El pacto también incluye la promoción de "consejos departamentales y municipales de paz" como entes consejeros para la administración pública, "apoyando financieramente su trabajo y brindando garantías para su funcionalidad".
En el tema de "reducción de pobreza y desarrollo" se comprometieron a generar políticas que fomenten "la agroindustria y la inversión privada en articulación de esta con el Estado para la generación de empleo". También a fortalecer y acompañar diferentes instancias de participación de la sociedad civil y el Gobierno, para definir nuevas reglas con la industria petrolera. Así mismo, a "encontrar oportunidades en el fenómeno migratorio para el desarrollo económico local".
Al firmar el Pacto se comprometieron a reconocer los PDET "como un ejercicio participativo con énfasis en el sector rural", y además "analizar y proyectar la ejecución de las iniciativas PDET que puedan ser incluidas en el Plan de Desarrollo Departamental, tener una alineación con los instrumentos de planeación del nivel nacional y buscar estructuración y cofinanciación de proyectos de mediana y baja complejidad con el Gobierno central", a través de instituciones con presencia en la región como el SENA, Idear, la UNAL y las entidades de cooperación internacional.
En cuanto a la convivencia, respaldaron en el pacto la implementación del acuerdo de paz y consideraron que "para mitigar el impacto del conflicto armado en el territorio es importante fortalecer la presencia del Estado a nivel local, a partir del aumento de la inversión social garantizando la eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos públicos". Agregaron que están dispuestos a promover procesos pedagógicos que lleven a la sociedad araucana a avanzar en principios como el respeto a la vida, la resolución pacífica de conflictos, la convivencia pacífica y la reconstrucción del tejido social.
En lo relacionado con la "reincorporación", los candidatos reconocieron la importancia de apoyar el proceso y se comprometieron a promover el cumplimiento de los acuerdos firmados, de tal manera que se prevenga la reincidencia, el reclutamiento y nuevos ciclos de violencia. Además apoyarán los proyectos económicos de esta población y les brindarán oportunidades de acceso a la educación técnica y profesional.
Al final, el texto del pacto dice que los candidatos lo suscriben "con la palabra como herramienta básica de la política, como recurso para establecer el bien común, como vehículo de diálogo y pluralidad", y hacen un llamado a los partidos, movimientos políticos, activistas de sus campañas, medios de comunicación, autoridades territoriales y nacionales y a la ciudadanía en general a compartirlo y apoyarlo para lograr "un ejercicio civilizado de la política".
Las instituciones del Estado, la cooperación internacional y la sociedad civil ya hicieron lo suyo, ahora el turno es para el que se proclame como nuevo gobernador de Arauca.