El Atrato sí tiene voz…

La sentencia de la Corte, que por primera vez en Colombia declaró a la naturaleza y al río Atrato como “sujetos de derechos” es hoy la principal herramienta de indígenas y afrodescendientes para garantizar su conservación y protección.

En el marco del Día Mundial del Hábitat, la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín adelantó el Quinto Diálogo “¿Territorios en condición de víctimas?”, un aporte que desde la academia busca generar dinámicas sociales para la reparación integral y la no repetición para el caso de la sentencia del río Atrato, que cruza los departamentos de Antioquia y Chocó.

El triunfo de la Sentencia T-622 fue resultado de la lucha de casi 50 años de las comunidades indígenas y afro que reclamaban sus derechos a través de este río. La explotación de sus recursos naturales y el uso de mercurio y otros metales pesados en la extracción ilegal de oro fueron algunos de los argumentos que utilizaron.

“La lucha comunitaria llevó varios años de incidencia. Las personas aledañas veían afectadas sus actividades económicas, sociales y territoriales debido a las dinámicas de explotación del río”, explicó Heiny Julie Palacios Lozano, representante del colectivo Jóvenes Ambientales, en el Quinto Diálogo.

Según estudios de la organización Mercury Watch, el Atrato recibe alrededor de 60 toneladas anuales de mercurio.

Como plan de acción, la Corte ordenó realizar estudios epidemiológicos y toxicológicos (que aún no se han publicado), para conocer de primera mano las condiciones del mercurio en los cuerpos de los habitantes del Atrato.

Según el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, los planes de acción están encaminados a eliminar la extracción ilícita de minerales, realizar estudios epidemiológicos y toxicológicos, diseñar e implementar un plan de seguridad alimentaria y descontaminar las fuentes hídricas.

¿Qué alcance tiene?

La lideresa del colectivo Jóvenes Ambientales añade que “este proceso les permite a los representantes de la región igualdad de condiciones, para que puedan tener mayor incidencia en el mundo político, ambiental y social”.

Y es que la Sentencia ordenó la conformación de una comisión de guardianes integrada por un representante legal del Gobierno nacional, el Ministerio de Ambiente y 14 representantes de las comunidades, las cuales actúan en el proceso de recuperación del río.

Sin embargo, después de cinco años la reclamación sigue siendo que esas organizaciones comunitarias ancestrales puedan tener injerencia efectiva en las políticas públicas que atañen al Atrato.

Falta una estrategia concreta

“Pese a que esta ley ampara a las comunidades para defender su territorio, el río reclama la necesidad de tener estrategias concretas para la implementación de la Sentencia. Trabajar de manera sistemática y coordinada en conjunto con las instituciones públicas y privadas, conectar territorios, zonas rurales y zonas urbanas, para que la ley no se quede solo en el papel”, indicó el investigador Rogelis.

La minería, la contaminación, la deforestación y las afectaciones ambientales, sociales y culturales se siguen presentando, los líderes reclaman medidas contundentes por parte de las autoridades encargadas y piden superar la burocracia colombiana.

El investigador Rogelis señaló además que “la degradación ambiental del río es la respuesta a una crisis humanitaria de largo aliento en la que han confluido múltiples elementos, entre ellos las economías extractivas que se han impuesto por medio de la violencia y que han generado una serie de impactos ambientales” .

Por su parte la líder Palacios concluyó que “más allá de las políticas que no se han implementado, lo que sí es real es que el fallo de la Sentencia T-622 de 2016 ha creado tanto resistencia como esperanza en sus habitantes, quienes a través de sus costumbres, culturas y conocimientos ancestrales demuestran hoy una actitud de empoderamiento”.