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Eficacia del Programa de Justicia en Equidad en riesgo por la pandemia
Gracias al Programa de Justicia en Equidad se ha reducido la tasa de homicidios y el hurto a residencias. Foto: Nathalia Angarita - Unimedios.
Una de las principales barreras para implementar esta estrategia en la pandemia es la mala conectividad en los territorios colombianos. Foto: Nathalia Angarita - Unimedios.
La capacidad operativa de este programa sigue siendo limitada. Foto: Nathalia Angarita - Unimedios.
En los municipios el hurto a comercio y a personas no muestran una disminución significativa con el Programa. Foto: Nathalia Angarita - Unimedios.
Se analizó el impacto en 1.098 municipios de Colombia, sus características demográficas, sociales, de conflicto armado, entre otros. Foto: Brandon Pinto - Unimedios.
Así lo señala el politólogo David Leonardo Angulo Ramos, magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien evaluó el impacto de este programa –uno de los métodos alternativos del Ministerio de Justicia y Derecho para solucionar conflictos, especialmente en las comunidades– durante el periodo 2000-2017.
En el estudio se midió el comportamiento de la criminalidad en cuatro hechos principales: homicidios, hurto a personas, a residencias y a comercios, analizando su impacto en 1.098 municipios de Colombia, sus características demográficas, territoriales, sociales, económicas, de conflicto armado y de oferta institucional frente a la variable “criminalidad”.
Cada uno de estos datos se cruzó con cada variable de crimen, lo que permitió comparar cada municipio antes y después de haber participado en el Programa.
Una de las principales conclusiones de este estudio es que, a mayor acceso a la justicia mediante el Programa de Justicia en Equidad, más se reduce la tasa de homicidios y el hurto a residencias. Sin embargo, no se encuentran efectos significativos sobre la disminución del hurto a personas y comercio.
Según el investigador, aunque el Programa ofrece alternativas para solucionar conflictos y mejorar la administración de justicia en todos los crímenes, solo en los dos primeros se reduce de forma significativa.
Explica además que “la conciliación en equidad es una alternativa especialmente orientada a reivindicar el papel de los actores sociales en un territorio para mediar sus conflictos; lo más relevante de este tipo de iniciativas es que se tienen en cuenta los procesos comunitarios que se adelantan en los territorios, por lo que los principales beneficiarios son los líderes y los miembros de las Juntas de Acción Comunal, entre otros”.
La pandemia ha sido uno de los retos más grandes para el Programa, ya que una parte importante de su ejecución se garantiza según el acceso que tenían los funcionarios a la población. Los principales problemas se centran en la aplicación y formulación de los métodos para aplicar el Programa, que se ha visto perjudicado por los problemas de conectividad en los territorios del país.
“Es necesario fortalecer esta estrategia, pues aunque sus alcances son significativos, su capacidad operativa sigue siendo limitada, es decir, existe una notoria carencia de personal idóneo y cualificado para liderar estos procesos en los diferentes municipios del país”, agrega el magíster.
“Vale la pena seguir estableciendo este tipo de vínculos investigativos y analíticos de la relación que existe entre la política pública y la economía, con la justicia y el derecho, teniendo en cuenta que muchas de las garantías que existen a la hora de fortalecer los servicios que se promocionan desde el sector administrativo están orientados especialmente a fortalecer un país tan conflictivo como el nuestro”, concluye.
