Echar raíces tras retornar del despojo, el reto de la restitución de tierras

La investigación de Daniela Lopera Avendaño, estudiante de la Maestría en Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín, analiza la concepción del retorno y la entrega de inmuebles como mecanismo de restitución a partir de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la experiencia de 5 familias desplazadas en San Rafael (Antioquia), uno de los municipios en donde el 95 % de su población es víctima del conflicto armado interno.

Desde la década de 1980, su ubicación estratégica en la zona de embalses y las actividades mineras auríferas artesanales, la agricultura, ganadería, pesca y otras en la cuenca del río Nare, convirtieron a este municipio en una zona atractiva para distintos grupos armados, haciendo de él un campo de batalla para el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos paramilitares y la fuerza pública, con la población civil en medio del fuego.

Según la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), desde 1985 más de 15.627 personas de todas las generaciones han sido víctimas de amenaza, despojo, tortura, asesinato y diversas violaciones a los derechos humanos. De ellas, cerca de 11.563 (el 74 %) fueron desplazadas de sus hogares durante las décadas de 1980, 1990 y 2000.

Historias como las de las familias Giraldo García, Buriticá Rincón, Cuervo, Salazar Torres y Taborda García, habitantes de la vereda El Topacio, retratan esta tragedia sistemática que para ellas inició en 1988 con la masacre de 14 mineros, entre ellos sus hijos, padres, hermanos y esposos, en el campamento artesanal Los Encenillos de esta zona rural.

Regresar y darse cuenta de que ya no es lo mismo

La tesis se centra en tres puntos que forman una línea cronológica que los une; estos son: (i) el “antes” del despojo, en el cual se analiza la cotidianidad de las familias que habitan en un territorio minero-artesanal aurífero, (ii) el desplazamiento forzado, con reflexiones en primera persona acerca de los recorridos e itinerancias que realizaron en los distintos reasentamientos, y (iii) se analiza el retorno voluntario a San Rafael.

La magíster explica que “el propósito era observar la estabilidad, la apropiación, la protección y la permanencia en los modos de ocupación de las viviendas y del territorio. En el caso de estas familias, por ejemplo, su cotidianidad estaba rodeada de la actividad minera, pero a su regreso encuentran que la realidad es otra”.

“El despojo de áreas estratégicas por sus recursos naturales no renovables en territorios rurales genera cambios materiales y simbólicos profundos, tanto en la población expulsada como en sus terrenos de residencia, en donde desarrollaban su proyecto de vida y ejercían prácticas para el sustento económico”.

La política pública y la normativa sobre temas de restitución de tierras y retorno no concibe la vivienda y el hábitat como una simbiosis, como esa red social que los individuos tejen a lo largo de los años y sobre la cual reposan sus tradiciones, sus economías, sus hábitos, y en otras palabras, sus vidas.

Para la investigadora, “dejar su espacio de vida para llegar a otro es mucho más que solo moverse de sitio; en ese cambio abrupto no solo se deja atrás una estructura llamada casa, sino que se abandona de tajo toda la conexión con ese lugar, con el terruño. Es la pérdida de aquello que los configura como seres en un espacio social habitado, cohabitado y socialmente construido por ellos mismos”.

En ese sentido, el Estado debe no solo garantizar el retorno a las viviendas, al inmueble, sino también velar porque ese regreso se dé en las condiciones previas al desplazamiento.

Al respecto, la magíster indica que “en ese hábitat existen unos patrones espaciales, y su pérdida es lo que más afectó a las familias cuando regresaron a sus tierras, entre 2016 y 2018. Esa articulación entre la comunidad se fue disolviendo porque no retornaron en las mismas condiciones, no hubo una restitución totalmente digna, hizo falta esa configuración entre vivienda, paisaje y territorio que les permita reconstruir su tejido social, y esto no se ha garantizado por completo”.

La profesora Mónica Mejía Escalante, de la Facultad de Arquitectura de la UNAL Sede Medellín, directora del trabajo de grado, considera que “esta investigación representa una visión distinta en el ámbito de las ciencias sociales y la arquitectura sobre el espacio y el territorio, con un valor agregado por su mirada no solo de la arquitecta que diseña, sino de una profesional que busca comprender los fenómenos sociales, las violencias y las vulnerabilidades que sufrió esta población”.

Para la investigadora Lopera este trabajo la llevó a una reflexión personal y profesional profunda sobre su rol: “con respecto al desplazamiento forzado, los arquitectos debemos desaprender que la vivienda es un objeto en sí, e identificar cuáles son las necesidades que se presentan actualmente en el país para el retorno de la población despojada, desde esa otra mirada”.