Detalles y datos, esenciales para identificar víctimas de desaparición forzada

Así lo evidencia un análisis de la información de 251 expedientes de la Fiscalía sobre cuerpos “aparecidos”, exhumados en Caquetá, de los cuales tras 23 años de investigaciones solo se han identificado 112 (43 %) mientras los otros 139 continúan como no identificados. En el contexto nacional, la entidad ha recuperado 12.157 cuerpos, de los cuales más de 6.000 se han identificado y entregado.

Según el antropólogo Jaime Enrique Castro Bermúdez, magíster en Antropología de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), “esta falta de avances perpetúa la invisibilización tanto de las víctimas como de sus familias”. Por eso, con más de dos décadas de experiencia como antropólogo forense, el investigador se dedicó a recopilar cientos de datos e información dispersa sobre cuerpos “aparecidos”, es decir aquellos exhumados en el Caquetá entre 1998 y 2022. Su objetivo fue reconstruir el contexto de estos cuerpos para orientar su identificación, centralizando toda la información en una base de datos que facilite futuras investigaciones.

“El término ‘aparecidos’ hace referencia a los cuerpos exhumados durante investigaciones judiciales, y bajo este concepto vemos la importancia no solo de buscar a las personas desaparecidas, sino también de trabajar para identificar y encontrar a las que aún no han sido reconocidas”, señala.

Los cuerpos y los informes cuentan

El antropólogo trabajó con información de diversas fuentes, como informes de campo, expedientes judiciales y datos interdisciplinarios almacenados en los archivos de la Fiscalía General de la Nación. “Nos contactamos con la fiscal encargada de la búsqueda de sus desaparecidos en este departamento y así obtuvimos los expedientes, incluso casos de personas desaparecidas que estaban en otros despachos”, relata el magíster.

El magíster obtuvo 251 casos de cuerpos exhumados en diligencias judiciales (fosas clandestinas) desde 1991, los cuales analizó y sistematizó en una base de datos que permitió estudiar variables como la ubicación de las exhumaciones, las características físicas de los cuerpos y los contextos temporales y geográficos. Además empleó herramientas estadísticas y sistemas de información geográfica (SIG) para identificar patrones y relaciones entre las variables.

Tras el análisis encontró que la mayoría de las desapariciones forzadas ocurrieron entre 2000 y 2002, en plena expansión del Bloque Sur Andaquíes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Este grupo paramilitar utilizó la desaparición forzada como una estrategia de control territorial en el sur del Caquetá, especialmente en municipios como Albania, Belén de los Andaquíes y Morelia, en donde se concentró alrededor del 70 % de este crimen en dicho periodo.

La información también reveló que las víctimas, en su mayoría hombres de entre 20 y 30 años, fueron señaladas de colaborar con grupos armados o con el narcotráfico.

Por otra parte, la mayoría de los cuerpos exhumados presentaban heridas de bala, y en algunos casos signos de violencia extrema, como cortes en el cráneo y en el cuello que reflejan la brutalidad del conflicto armado y las dinámicas de terror implementadas por los grupos paramilitares para consolidar su dominio en la región.

Otros análisis, como el espacial, permitió identificar que muchas de las fosas clandestinas se encuentran en zonas controladas por el Bloque Sur Andaquíes, lo que confirma la relación entre la ubicación de los crímenes y el control territorial ejercido por este grupo.

Un aporte a la identificación de cuerpos

Después de sistematizar los datos e identificar patrones en los 251 casos, el magíster Castro construyó mapas que ayudan a predecir posibles ubicaciones de nuevas fosas clandestinas, lo que optimiza los recursos y aumenta la eficacia en la búsqueda.

También notó vacíos que ayudarían a mejorar los procesos de identificación, como por ejemplo que del total de los casos se ha avanzado en la identificación de las víctimas masculinas, mientras que las desapariciones de mujeres no han recibido suficiente atención. Los datos indican que ellas representan solo el 12 % de las víctimas identificadas.

“Siempre creí que era más fácil encontrar a una mujer porque hay menos desaparecidas, pero identificamos que, proporcionalmente, el 50 % de los casos de las mujeres están sin identificar, al igual que los hombres”, manifiesta el magíster. Además, 50 cuerpos no tenían completa esa variable en los informes, lo que se solventaría con tipificación genética para orientar los cotejos con familiares, especialmente en casos de mujeres.

Así, el investigador hace énfasis en que sistematizar esta información, junto con los datos genéticos y la información forense y judicial, permitiría seguir identificando cuerpos exhumados en un contexto donde muchas desapariciones permanecen sin resolver.

Por ejemplo, las prendas de vestir encontradas en la exhumación pueden ayudar en la identificación, y las prótesis dentales permitirían individualizar a las víctimas, cruzando historias clínicas del departamento o la memoria de los familiares. Sin embargo, aunque el 65 % de los cuerpos tenía esta característica, en las entrevistas con denunciantes no se ahondaba en este tipo de datos.

La base de datos construida por el magíster para cruzar diferentes tipos de información permitió identificar 8 víctimas exhumadas hace más de 16 años, lo que aumenta al 50 % el número de cuerpos aparecidos identificados.