Desinformación pondría en riesgo credibilidad de la justicia

En el Seminario “Medios de comunicación, política criminal y justicia penal”, organizado por la Escuela de Investigación y Pensamiento Penal Luis Carlos Pérez (Polcrymed), de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), se analizaron los daños a la credibilidad de la justicia que podría acarrear la emisión de opiniones desinformadas, interesadas o falsas, sobre procesos penales, a través de los medios y de las redes sociales.

El abogado Estanislao Escalante, director del Polcrymed, aseguró que “el desconocimiento de los comunicadores sobre el sistema pone en riesgo la independencia de los jueces, debido a las presiones sociales, por lo cual los medios deben tener personal entrenado, capaz de entender por qué y cómo se toma una decisión de este tipo”.

Agregó que “es necesario y esencial que los periodistas reciban formación judicial y jurídico-penal, de manera que puedan entender y ser precisos en su información. Existe una falta de comprensión básica sobre los elementos del delito, las categorías de análisis y el debido proceso”.

A su vez, los jueces deben producir sentencias que permitan que la ciudadanía entienda el caso y el problema, de manera que sean de mejor lectura y comprensión para todos. “Una sentencia de 1.200 páginas no la lee un ciudadano que, ante la magnitud de la información, se queda con el titular de prensa, sencillo, sensacionalista y cercano”, asegura el doctor en Derecho Penal e investigador.

Señala además que “si las personas, los actores sociales y el público en general no están de acuerdo con una decisión particular de los jueces, se debe entender que pueden atacarse por vías institucionales preestablecidas y no a través del uso político de los medios para lograr su descrédito y el detrimento de su independencia judicial”.

“Se presenta, por ejemplo, el caso de que se otorga prisión domiciliaria a una persona y la opinión pública cuestiona la decisión, pero muchas veces es porque no la entienden y se corre el riesgo de que la usen también como arma política”, señala el docente de la UNAL.

Por su parte, el abogado Mauricio Cristancho Ariza, docente de la UNAL, precisó que, pese a las críticas, los jueces deben ser fieles a la balanza y su criterio nunca debe depender de los aplausos.

“No se puede desconocer que en muchos casos la ciudadanía o los medios de comunicación, al unísono, reprueban una conducta; la posible imposición de una medida restrictiva no puede depender de ello porque las decisiones judiciales no se pueden adoptar al vaivén del clamor popular”, precisa.

Prensa y justicia, dos roles distintos

El profesor Escalante señala además que “las esferas de la justicia y los medios son completamente diferentes; tienen roles independientes: mientras los jueces deciden y hablan a través de sus decisiones, los medios de comunicación son los que deben cumplir con unos estándares mínimos para producir las noticias que se derivan de esas decisiones, de manera que deberían comunicar lo que dijeron los jueces y no lo que ellos creen que debieron decidir”.

Entre otros elementos, la noticia debe tener una base fáctica suficiente debidamente comprobada, cuanto más grave sea la conducta o el hecho imputado, más comprobada y precisa deberá ser la información. Si no existe suficiente comprobación se incumple el deber de buena fe, además de que toda verificación se debe hacer antes de trasmitir la noticia.

En segundo lugar, es necesario que los comentarios o juicios de valor estén conectados directamente con los hechos y no sean desproporcionados por su gravedad, que se emitan comentarios objetivos, que nunca se pongan en peligro las oportunidades que tiene la persona investigada de su derecho a un proceso equitativo o de limitar la confianza del público en las decisiones de los jueces.

Por último, se debe emitir información confiable y de calidad, lo que implica que las omisiones, las tergiversaciones, el sacar de contexto los hechos, el no recoger posibilidades alternativas de interpretación de estos, además de la distorsión de la realidad, supone claramente una violación al deber de suministrar información confiable.

No obstante, el docente Escalante advierte que los jueces pueden emitir, junto con su decisión, comunicados de prensa para la ciudadanía, sin entrar a valorar o no su decisión, pues se trata de informar los puntos clave de esta. Lo mismo acontece con la posibilidad de emitir piezas gráficas que expliquen lo esencial de la decisión, todo en aras de mantener la tan defendida independencia judicial.