Así lo afirmó el médico Mario Hernández Álvarez, doctor en Historia y profesor del Doctorado en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), al referirse a la situación que se vive por cuenta de la pandemia del COVID-19, en la cual se ha evidenciado que no todos los municipios del país tienen la misma capacidad tanto en infraestructura como en servicios médicos.
En diálogo con el programa Observatorio de Gobierno Urbano, emitido por UN Radio (98.5 FM) y realizado por el Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la UNAL, el docente expresó que "la pandemia nos está mostrando la desprotección social acumulada en nuestras familias, producto de un mercado que, aunque regulado, ofrece servicios individualizados, excluyentes e inequitativos".
Aunque recordó que ciudades como Bogotá y Medellín están asumiendo el liderazgo territorial para integrar a los actores públicos y privados en una red coordinada, fue claro en advertir que esta posibilidad no la tienen municipios más pequeños, por falta de capacidad y recursos.
"Tendría que pensarse en regiones, provincias o departamentos de salud, una forma de territorialización que permita atender mejor el reto que le impone la pandemia al sistema de salud", expresó.
Se trata de captar la dinámica del virus en cada uno de los territorios para canalizar y aprovechar al máximo la red hospitalaria con la que se cuenta, pues "cada territorio tiene sus particularidades y necesita orientaciones específicas en términos de salud", agregó el profesor Hernández.
Así mismo, considera que no es necesario esperar a que pase la crisis por el virus para repensar el sistema de salud y de protección social. El estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional el pasado 17 de marzo para atender la situación, permitiría iniciar una serie de cambios en la coordinación con los entes territoriales, articulando los fondos disponibles y teniendo en cuenta los mecanismos que el sistema tiene hoy.
Reforma estructural
Este sería el inicio de una reforma estructural para tener "un sistema integrado de protección social territorializado, que incluya los derechos sociales, económicos, culturales y colectivos de manera integrada, pero sobre todo descentralizada, con un modelo de financiación pública", dijo.
Para tal fin, explica que se cuenta con un fondo público de recursos: la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que tendría administraciones territoriales para contratar o mantener con presupuesto propio a una red pública muy amplia, o contratar para complementar con los prestadores privados.
La descentralización también contribuiría a mejorar las condiciones de protección social y bioseguridad del personal de salud, teniendo en cuenta la "precariedad" del gremio. "Más del 60 % de los prestadores tienen contratación informal, a corto plazo, o por órdenes de prestación de servicios de tres meses. En esas condiciones nadie puede trabajar", advirtió el doctor Hernández.
Agregó que la territorialización de la salud es posible en "relativo corto plazo" y con la colaboración de las universidades, al destacar que las instituciones de educación superior regionales han desarrollado una serie de capacidades para apoyar al sistema de salud, las cuales pueden ser importantes en medio de la coyuntura. No obstante, "se necesita voluntad política del Gobierno para que esta descentralización ocurra", puntualizó.
Este escenario pone en evidencia las asimetrías territoriales que se producen no solo entre los municipios del país sino también en las ciudades con diferencias sustanciales entre sectores de mayores ingresos y sectores informales.