Desarticular el CAN: apuesta costosa y no prioritaria para Bogotá

Es un hecho obvio que Bogotá ha crecido de manera desordenada. Es una colcha de retazos edificada de manera caprichosa, un verdadero reto para urbanistas y arquitectos, que la sueñan compacta, eficiente y rentable.

Sin embargo, en medio del caos, hay una dinámica de ciudad que se ha gestado en torno a propuestas que lograron consolidarse con el tiempo y constituirse en punto de referencia para el ciudadano común.

Un ejemplo vivo de estas es el Centro Administrativo Nacional (CAN), que surgió como alternativa, encargada a la emblemática firma norteamericana Skidmore, Owens and Merrill (SOM) por el gobierno militar de Rojas Pinilla, frente a las ideas de renovación del área central propuestas por el famoso arquitecto franco-suizo Le Corbusier, quien fuera contratado en 1949 para diseñar un plan piloto que previera la expansión de Bogotá, que por el año 1947 ya contaba con más de 320 mil habitantes.

Dicha idea incluyó la construcción de grandes obras de infraestructura, como la Autopista Norte, el Aeropuerto Eldorado, la calle 26 (o Avenida El Dorado), el Centro Internacional (ubicado en los terrenos del antiguo Parque del Centenario, del cual solo queda el recuerdo) y el CAN, lugar donde debían confluir todos los poderes de la nación.

Según Rodrigo Cortés Solano, decano de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, lo que fue una proeza en función del progreso también resultó ser "en su momento" un trauma para la ciudad, dada la improvisación que se presentó.

"Fue trasladar una enorme cantidad de oficinas a un lugar donde no había nada. Se trataba de un predio rural de 1.200 hectáreas, en manos de un único propietario, que lo había legado a la beneficencia de Cundinamarca con el ánimo de que fuera el patrimonio que respaldara y protegiera al Hospital San Juan de Dios", cuenta el profesor Cortés. 

Con el tiempo, Bogotá asimiló el proyecto, el cual, junto con Eldorado, jalonó el crecimiento de la ciudad hacia el occidente. No todos los arquitectos y urbanistas actuales se aventurarían a proponer cambios radicales a lo que hoy es esa parte de la ciudad: a borrar el pasado y la historia y a correr el riesgo de desarraigar a sus habitantes.

Los arquitectos de mediados del siglo XX (entre ellos Le Corbusier) no fijaban sus prioridades en áreas consolidadas, sino en las que realmente requerían intervención del Estado o de empresas privadas con responsabilidad social.

Quizás por eso, afirma el profesor Cortés: "a pesar de ser un aglomerado de retazos estatales, el CAN tiene un sentido de patrimonio y de activo social muy importante; es un referente simbólico de la ciudad; y desplazarlo o desarticularlo nuevamente, a mi modo de ver, es una equivocación, pues se interrumpe la lógica de la ciudad". 

Según Andrés Escobar, gerente de la Empresa Nacional de Renovación Urbana Virgilio Barco Vargas, designada por el Gobierno para llevar a cabo el proyecto, la transformación del sector debe ser radical. Es decir, demoler y volver a construir. Los argumentos son varios: obsolescencia de los edificios, seguridad para los ciudadanos o simplemente la lógica especulativa que indica que ese terreno es el mejor negocio urbanístico de la capital.

Además, manifiesta que la propuesta está amparada por el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, que en su capítulo sobre vivienda y ciudades amables prevé "la formulación de programas de renovación urbana con una efectiva articulación con los sistemas de movilidad y espacio público".

Sin embargo, el decano Cortés resalta que decir que "un edificio no sirve porque es viejo no es un argumento del todo válido en urbanismo". Así defiende la importancia cultural y patrimonial de varios de los edificios que componen el CAN y cuyas estructuras no se han visto afectadas por el paso de los años.

No obstante, la actual decisión del Gobierno cambia la dirección en la que fue desarrollado el Plan de Regularización y Manejo elaborado por la UN, que tardó cuatro años y logró la concertación de veintiuna empresas, que, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional, le encomendaron a la Universidad su formulación.

Lo que se proponía era intervenir, pero sin ejecutar grandes afectaciones a lo que ya está hecho. El nuevo plan desconoce así el deseo y los acuerdos de estas entidades, algunas de las cuales, según el profesor Cortés, "habían empezado reforzamientos estructurales e inversiones para ampliar parqueaderos, por ejemplo".

Tal es el caso del edificio del Incoder, donde se planea adecuar la arquitectura y estructura física, que incluye las obras y redes técnicas complementarias para los pisos uno y dos. El objetivo: aumentar la seguridad de los funcionarios y usuarios del inmueble. Algo similar ocurre en la UN, que refuerza varias edificaciones, entre las cuales se encuentra el Hospital Universitario.

Al respecto, el profesor Fernando Viviescas, arquitecto y urbanista de la UN, considera que para hacer una ciudad amable no es necesario depredar lo que ya existe. Y es que, tal y como ha sido planteada la propuesta del Gobierno, varios proyectos de la Universidad tendrían que detenerse en la zona, porque así lo requiere el nuevo plan de densificación. 

Un informe revelado por el DANE y la ONU evidencia que en Colombia la población envejece de forma rápida. Y son justamente los adultos mayores los que presentan amplia prevalencia de enfermedades crónicas. Pero el nuevo proyecto de renovación afecta los planes de consolidación de un nuevo hospital en la zona occidental de la ciudad que permita su atención.

Según la directora del Fondo de Población de la ONU, Tania Patriota, en los últimos veinte años, los adultos se han duplicado en el país. Además, la esperanza de vida de los colombianos aumenta progresivamente: ahora las mujeres viven en promedio hasta 78 años y los hombres, 72.

El Hospital Universitario nace con la filosofía de ofrecer servicios a esta población "que requiere cuidados paliativos y tratamiento ambulatorio" y orientado por su papel fundamental, que es la enseñanza, según resalta el decano de la Facultad de Medicina, Raúl Esteban Sastre.

Según el profesor Roberto Franco, director del posgrado en endocrinología y encargado del área internista del centro asistencial: "La idea es establecer una institución que atienda enfermedades crónicas propias de adultos mayores. En ese sentido, la UN tiene una ventaja, y es que cuenta con el departamento de medicina interna más grande del país".

En opinión de Juan Carlos García Ubaque, gerente del proyecto del Hospital, la renovación del CAN es benéfica para la ciudad, pero advierte: "la Universidad no está interesada en contraerse; al contrario, está en crecimiento y, hasta el momento, no tiene sentido detener esta iniciativa".

Además, la UN no es la única institución interesada en suplir las necesidades de atención en salud en el sector, pues el Hospital Central de la Policía también ejecuta obras de ampliación de su planta física y construye su segunda etapa.

La puesta en marcha del Hospital sigue adelante, a pesar de la posible transformación de la zona. De hecho, ya tiene recursos aprobados por 40.000 millones de pesos.

En el momento, se trabaja en el reforzamiento de la estructura y pronto se comenzarán los trabajos de obra gris y blanca, así como los procesos de contratación de unas trescientas personas, la tramitación de la dotación, la puesta en marcha de procesos de calidad, de protocolos de manejo y alimentación, en otros. Tal y como lo indica García Ubaque: "hay que garantizar la atención, y para eso trabajaremos sin descanso". 

Según el profesor Viviescas, después del Ministerio de Defensa, la UN posee la mayor cantidad de terrenos del CAN (cerca de 38 mil metros cuadrados). Sin embargo, no ha sido tenida en cuenta. Llama la atención, a la luz de las normas y de lo contenido en el documento Conpes 3694 de 2011, que haya sido ignorada en los procesos derivados de la adopción de un plan de renovación.

Varias voces reclaman que, debido a su vocación académica, la Universidad debería ser parte activa en el proyecto. Cabe recordar que el sector fue concebido por un Gobierno liberal, que le daba importancia a la educación, la ciencia y la tecnología, pero también a una academia propositiva ante los problemas del país (y, por supuesto, de la ciudad).

Por eso, la Institución no puede ser incluida dentro de esa transformación sin ser consultada de manera específica y especial. Tampoco se pueden establecer acuerdos ni definir proyecciones sin tenerla en cuenta, pues es un ente autónomo (inciso 2 del artículo 13 de la Constitución). Cualquier expropiación de sus propiedades necesita un trámite especial ante el Congreso de la República.

Tal vez por ello, y a pesar de que en el documento Conpes no se la menciona, la UN contempla ejecutar algunas transformaciones en terrenos de gran importancia para su desarrollo administrativo (Edificio Uriel Gutiérrez) o tiene decidido hacerlas, como en el mencionado Hospital Universitario.

Un aspecto más que pone en evidencia la falta de consulta es el hecho de que el documento Conpes establece: "El Comité Directivo se conformará a través de un contrato o convenio interadministrativo. Será una instancia de decisión y estará integrado por las siguientes entidades, las cuales, además, aportarán insumos técnicos en temas relacionados con el proyecto (urbanísticos y arquitectónicos, transporte, seguridad y financieros): Ministerios de Ambiente, Transporte, Defensa y Hacienda y Departamento Nacional de Planeación. Igualmente, el comité directivo, mediante convenio o contrato, designará a la entidad administradora del proyecto, la cual podrá ser pública, privada o mixta, según lo determinen los estudios".

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con el uso de las zonas verdes. Si bien es cierto que el Parque Simón Bolívar, la Ciudad Universitaria y otras zonas consideradas pulmón de la ciudad son mencionadas, no queda muy claro si serán intervenidas o no.

Los interrogantes surgen con respecto a un predio de 24 hectáreas, ubicado en el costado occidental, que colinda con el parque El Salitre y la Biblioteca Virgilio Barco, cuya vocación es la de ser parque. En el nuevo plan de reordenamiento perderá ese estatus, por lo cual se le podrá dar otros usos.

Bogotá tiene un enorme déficit de espacios públicos, que incluyen zonas verdes y parques para el disfrute ciudadano. Mientras que el estándar internacional sugiere alrededor de 15 metros cuadrados por habitante, Bogotá apenas se acerca a los 4.

Ciudades como Curitiva (Brasil) cuentan con un promedio de
52 m² y Chicago (EE. UU.), con uno de 99. Es claro que, desde el punto de vista urbanístico, los parques "y no los condominios aislados" constituyen un espacio de integración e inclusión social.

Según el profesor Cortés, "ese terreno es el último remanente de lo que fuera la Hacienda El Salitre y ahora está en manos de la Gobernación de Cundinamarca. Al imponerse otro estatus, podrá combinarse con otros usos; es decir, se permitirá instalar viviendas, oficinas y, se supone, solo una tercera parte quedará como parque".

Además indica, que esta situación empeora el déficit de espacios públicos libres para los capitalinos. "De ninguna manera se debe contemplar su reducción; la reserva de El Salitre es extraordinariamente valiosa, pero es un parque", puntualiza.

No obstante, en el sitio, dice Escobar, "se proyectan alrededor de 28 edificios de 20 pisos para entidades descentralizadas, diseñados para atender público; además, torres de vivienda y otros usos que aporten a la sostenibilidad ambiental y a la autofinanciación".

Por todo lo anterior, se hace imperioso poner sobre el tapete una discusión en torno al plan propuesto por el Gobierno.