Desarticulación entre instituciones del Estado profundiza crisis por el agua en La Guajira

El ECI es una decisión judicial que se toma cuando existe un conjunto de acciones de tutela originadas en similares circunstancias, en las cuales se declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales.

En mayo de 2017 la Corte emitió la Sentencia T-302 con 210 órdenes para que 25 instituciones trabajaran por la protección de los derechos al agua del pueblo wayúu, y también a la alimentación y a la salud, entre otros. Desde entonces la mortalidad infantil asociada con la desnutrición no ha cesado (34 niños por cada 100.000 habitantes) y sigue siendo superior a la media nacional (4,6).

De hecho, en este momento la sequía y las altas temperaturas que se presentan en el país por el fenómeno de El Niño impactan de manera dramática a los wayúu, quienes buscan agua desesperadamente, hasta debajo de la tierra, en pozos profundos o jagüeyes. Pese a ello, pareciera que la situación sigue pasando desapercibida para el país y la región, en especial para sus instituciones nacionales y locales.

“El problema del agua es un asunto no solo del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible, sino que también incluye al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por la grave situación de los niños, a las alcaldías de los municipios y a la Gobernación, pero estos no se unen para hacer que las medidas sean efectivas”, afirma la trabajadora social Paula Valentina Parra Leal, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien realizó un análisis jurisprudencial y social de la Sentencia T-302 de 2017.

Para su investigación, aplicó el concepto de soft law –o instrumentos cuasi-legales que no tienen ninguna fuerza legal vinculante–, que se refiere a los actos que carecen de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento no puede ser exigido por las autoridades.

A través de 15 entrevistas a representantes wayúu, 5 a instituciones públicas y 5 a organizaciones no gubernamentales, la investigadora evidenció que existe una profunda desarticulación entre las entidades estatales en la implementación de las medidas necesarias para superar el ECI.

“Las instituciones locales, regionales y nacionales toman medidas individuales que generan acciones dispersas y poco efectivas en la garantía del derecho al agua. Aunque existe una barrera geográfica por las características propias de la región, esta se acentúa al no existir un verdadero empalme entre las distintas instituciones”, resalta.

Para superar esta situación, la magíster considera que se requiere de esfuerzos continuos en el seguimiento y la supervisión por parte de los gobiernos y la sociedad civil, con el fin de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales y la protección de los derechos.

Por otra parte, plantea la necesidad de que la comunidad sea protagonista en la implementación de medidas focalizadas en los indígenas wayúu, argumentando que “las distintas vulneraciones que se evidencian en la región requieren de un enfoque étnico para que se generen soluciones que perduren a lo largo de los años y que estén en pro de la persistencia cultural de la comunidad indígena”.

Así mismo, asegura que es necesario evidenciar la influencia del extractivismo en el departamento sobre la situación actual del agua. “Aunque se deben reconocer las características propias del territorio que dificultan el acceso al agua, históricamente ha existido un enorme incremento en esta vulneración gracias a la priorización de los gobiernos hacia la explotación minero-energética que ha causado el desvío de las fuentes hídricas y su contaminación”, acota.