Derechos, dignidad e inclusión reclaman comunidades afrocolombianas

En una movilización que llegó hasta la Plaza de Bolívar, los participantes recordaron las demandas históricas del pueblo negro, entre las que destacan la implementación efectiva del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz y la Ley 70 de 1993, la cual reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las tierras ocupadas por comunidades negras en Colombia, aunque en 30 años solo uno de sus capítulos ha sido reglamentado.

Algunos integrantes de la comunidad afro hablaron con la Agencia de Noticias de la UNAL, y manifestaron que tales mecanismos son fundamentales tanto para superar la crisis humanitaria que afecta a sus territorios como para frenar la violencia que golpea a estas poblaciones.

Mayerly Fory, presidenta de la Asociación Fory Vive, de Villanueva (Casanare), afirmó que “estamos aquí para que visibilicen al pueblo afrocolombiano, raizal y palenquero de Colombia, y en mi caso que visibilicen a los Llanos, al Casanare, ya que dicen que allí no hay negros”.

Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentran el respeto a los derechos de las comunidades afrocolombianas, raizales y palenqueras; la igualdad y equidad en el reconocimiento y trato por parte del Gobierno nacional; la implementación efectiva de las leyes y los acuerdos que benefician a estas comunidades, y una mayor inversión y atención a las necesidades básicas insatisfechas en sus territorios.

Acogidos por la UNAL

Desde el 8 de octubre, los participantes del encuentro –provenientes del Pacífico, la Orinoquia, el Caribe y la región insular, entre otras zonas del país– arribaron al campus de la UNAL Sede Bogotá donde acamparon y pasaron la noche previa a su participación en una movilización que inició en la mañana del 9 de octubre y culminó en la Plaza de Bolívar.

“El permiso para acampar y pernoctar fue solicitado por el Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa), la Juntanza Nacional Afrocolombiana, y el Colectivo de Estudiantes Afrodescendientes, Raizales y Palenqueros de la Universidad Nacional de Colombia (AfroUN), y aprobado el 29 de agosto del presente año”, informó la Vicerrectoría de la Sede Bogotá, en un comunicado enviado ayer a toda la comunidad universitaria.

La noche del 9 de octubre, la mayoría de las personas de las delegaciones retornaron a sus lugares de origen. En el comunicado, la Vicerrectoría indica que “el préstamo del campus se enmarca en los esfuerzos de la Universidad por facilitar y promover espacios de diálogo social, ya que la interacción con la sociedad y el diálogo constituyen una parte fundamental de las funciones misionales de la Institución”.

Más que una deuda pendiente

Antoine Dos Pinos Solano, del municipio de Repelón (Atlántico), enfatizó en la importancia del autorreconocimiento y el reconocimiento gubernamental: “estamos defendiendo el pueblo negro. Pretendemos que el pueblo negro verdadero, real, se autorreconozca, y por ende que el Gobierno reconozca lo que ya hemos logrado por la Ley 70”.

Los líderes de la movilización dejaron claro que “esta no es una acción contra el gobierno actual, sino a favor de los derechos, la dignidad, la inclusión, y de que se acabe el racismo”, señalan.

La Ley 70 de 1993, o Ley de Negritudes, significó un avance histórico sobre el reconocimiento de las afrocolombianas, pues la ley les otorgó derechos diferenciales en temas como la titulación de tierras colectivas, un aspecto crucial para estas comunidades. Sin embargo, su implementación ha sido incompleta, y en ocasiones contradictoria.

“El retraso en la implementación de esta Ley ha generado dificultades para la población afrodescendiente, especialmente en las zonas rurales del Pacífico y el Caribe, donde el conflicto armado y el desplazamiento forzado han impactado gravemente”, manifiesta la profesora Laura de la Rosa Solano, líder del Grupo de Estudios Afrocolombianos (GEA) de la UNAL, dejando en evidencia la paradoja de que cuanta mayor titulación de tierras hay, más desplazamientos forzados se registran.

Otro aspecto que afecta a la población afrocolombiana es el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz firmado en 2016, el cual reconoce el impacto desproporcionado del conflicto armado en las comunidades afro e indígenas y propone mecanismos para su reparación y reintegración, pero su implementación también ha sido lenta y deficiente.

“La realidad es que su ejecución ha sido limitada, y muchas veces se cumple de manera simbólica sin un verdadero enfoque étnico en la reparación”, explica la profesora De la Rosa.

Como parte de sus reivindicaciones, las comunidades siguen luchando por temas fundamentales como el acceso a la educación, oportunidades laborales y la eliminación de la discriminación en las ciudades, en donde son víctimas de persecución constante por parte de las fuerzas de seguridad, y también de estereotipos raciales.

Ante este panorama y las consecuencias que se derivan de él, el camino hacia la plena implementación de los derechos de las comunidades afrocolombianas aún está lleno de desafíos. “Aunque se han logrado avances, es necesario un cambio estructural en la forma en que el Estado y la sociedad abordan las demandas de estas comunidades, con políticas que transformen verdaderamente sus vidas”, concluye la académica.