Declarar el río Magdalena como sujeto de derechos contribuiría a su recuperación
Una de las problemáticas del río Magdalena identificadas por el ingeniero civil Gonzalo Duque Escobar –con posgrados en Economía, Geofísica y Mecánica de Suelos y docente de la UNAL– es la carga de 150 millones anuales de toneladas de sedimentos que se vierten al Caribe, como expresión de la deforestación del 80 % de la región Andina, y las crecientes periódicas que inundan decenas de miles de hectáreas en su cuenca baja como consecuencia de la pérdida de la función reguladora de la depresión Momposina, en donde se han desarticulado complejos de cientos de ciénagas, cerrando sus caños.
Según el investigador, a esta situación se suma la pérdida del 90 % de la pesca y el blanqueamiento del 80 % de los corales entre Cartagena y Santa Marta, así como la consecuencia de la deforestación en algunas de sus cuencas.
“Este río de 1.613 km, con 990 km navegables desde su desembocadura en el mar Caribe hasta el Salto de Honda, y 400 km más desde allí hasta el departamento del Huila, tiene comprometida su cuenca –de unos 250.000 km2–, puesto que es un escenario deforestado que explica por qué en la desembocadura, siendo el caudal promedio de 7.200 m3/segundo, se presentan variaciones desde 10.287 m3/s en invierno hasta 4.068 m3/s en verano.
“Lo anterior explica por qué amparar los derechos ambientales a la Luz del artículo 331 de la Constitución Política de Colombia –que crea Cormagdalena– y de la Ley 161 de 1994 –que la organiza– es darles primacía a sus 30.000 pescadores y a 15.000 más de sus afluentes en el Cauca, a los humedales y bosques secos que lo circundan, no solo para ponerle límites a las intervenciones que buscan establecer un canal navegable para que no alteren su vaguada (ascenso de masas de aire cálido y húmedo) ni los frágiles humedales como ecosistemas vitales de este territorio”, enfatiza.
Por otro lado, en 1991 la Constitución Política, mediante el artículo 331, crea la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, (Cormagdalena) encomendándole la recuperación de la navegación y la protección del medioambiente y de los recursos naturales renovables de la principal arteria fluvial del país. “Pero pese a haberle encomendado la recuperación integral del río, al adscribírsele el organismo con la misión al Ministerio de Transporte, se ha ocupado principalmente de la navegación, dejando de lado a los pescadores y los ecosistemas”, manifiesta el investigador Duque.
“El objetivo de Cormagdalena debe ser no solo recuperar la hidrovía y extenderla hasta Neiva, sino también recuperar la regulación hídrica y pluviométrica de toda cuenca, en donde la causa del deterioro ambiental va más allá de la deforestación y pérdida de complejos de humedales; además de resolver la contaminación por aguas vertidas y no tratadas, donde a las actividades agroindustriales con su huella hídrica se suman los vertimientos industriales y urbanos”, precisa.
Para el ingeniero civil, una posible solución sería una declaratoria que priorice al río Magdalena partiendo del concepto del territorio como sujeto de derechos. “Si su cuenca es el hábitat en donde se dan las relaciones con el medio andino tropical y también el río hoy –víctima del olvido– y se encuentra degradado y contaminado, urge emprender una recuperación que tenga como fin una política pública orientada a socializar los beneficios de la economía modal”.
“Además, para recuperar íntegramente el río, sostiene que se necesita una declaratoria que lo haga sujeto de derechos bioculturales y de reconocer su valor excepcional como patrimonio cultural y natural de la humanidad, como lo propone la Cátedra Unesco”, puntualiza el investigador.
La cuenca del río Magdalena ocupa el 24 % del territorio colombiano. En ella están 11 departamentos: Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila.