¿Cuáles son las falencias en políticas para personas con discapacidad en Colombia?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la discapacidad como un problema social y a su vez personal que requiere no solo de atención médica y rehabilitadora, sino también de apoyo para la integración social, en la que se requieren cambios tanto personales como del entorno.

Históricamente en Colombia la situación de las personas con discapacidad ha sido compleja, especialmente por desigualdades y barreras en diversos ámbitos de la vida social, los cuales abarcan desde dificultades para acceder a un empleo y recibir oportunamente atención especializada y tratamientos específicos para su discapacidad, hasta en su participación social y política.

En medio de este contexto, el Departamento de Ocupación Humana de la Facultad de Medicina de la UNAL presentó el estudio “Estado de situación nacional de las personas discapacitadas”, encargado por la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess), sobre la implementación de políticas públicas para personas con discapacidad en el país.

La investigación, desarrollada desde abril de 2023 por un equipo interdisciplinario que incluyó terapeutas ocupacionales, médicos, economistas y matemáticos actuarios, revela que en muchas de las políticas públicas analizadas faltan ejes estratégicos claros. Según los investigadores, esta ausencia de directrices específicas dificulta la implementación efectiva de las políticas y puede llevar a una asignación inadecuada de los recursos.

“Muchas veces encontramos documentos que se presentan como políticas públicas, pero que en realidad son solo propuestas sin ejes estratégicos definidos”, explica la profesora Olga Beatriz Guzmán Suárez, terapeuta ocupacional de la UNAL y directora del proyecto.

La experta reitera que el problema de tener propuestas sin ejes estratégicos claros es que no se puede tener certeza de las acciones: “así se desconoce si estarán enfocadas en la educación de personas con discapacidad, su salud o recreación. Esto finalmente se convierte en una amenaza porque hay una vulneración de derechos”.

“Por ejemplo se puede destinar dinero para comprar 100 sillas de ruedas sin tener un censo claro de quiénes realmente las necesitan o si esa  ayuda es la más urgente”, agrega.

A través de entrevistas en profundidad y encuestas, el grupo de investigación analizó 4 territorios clave: Valledupar, la localidad rural de Sumapaz en Bogotá, Tocancipá y Envigado; también conoció que entre las necesidades reales de las personas con discapacidad y las acciones implementadas por las autoridades hay una desconexión.

“Las personas contaban que aunque son convocados a las reuniones para participar en el diseño de políticas públicas, al final sus sugerencias como personas en estado de discapacidad pocas veces aparecen en los documentos finales”, dijo la profesora.

En esta situación también se destaca la falta de seguimiento y evaluación de las políticas implementadas. Según los investigadores, esta deficiencia hace que las iniciativas pierdan vigencia rápidamente y no se ajusten a las necesidades cambiantes de la población.

Además, la alta rotación de personal en las entidades territoriales y la designación de profesionales sin la experiencia o formación adecuada para estos cargos agrava el problema de la continuidad y efectividad de las políticas.

Sumado a esta problemática, se reveló una tendencia hacia el asistencialismo más que hacia la verdadera inclusión y participación. Según explica la profesora Guzmán, “muchas de las acciones implementadas se limitan a ofrecer ayudas puntuales o eventos sociales sin abordar las necesidades de fondo o promover la integración real en la sociedad de las personas con discapacidad”.

“Infortunadamente la Contraloría no es la encargada de vigilar y controlar el objeto del gasto. Es algo que en la política se debería mejorar”, agrega la docente.

Así como existe esa necesidad, el estudio también profundiza en considerar las diferencias regionales al formular e implementar políticas. “Las zonas apartadas o afectadas por el conflicto armado requieren enfoques y recursos diferentes a los de las grandes ciudades, algo que no siempre se refleja en las políticas actuales”, concluye la profesora Guzmán.