Cooperativa de vivienda mejoraría situación de recicladores del barrio Santa Fe, en Bogotá

De los 28.960 recicladores inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), solo el 10 % tienen vivienda propia, y la mayoría de estas se encuentran en condiciones precarias.

Las 25 familias –con un promedio de 5 integrantes por hogar– que conforman la Asociación de Recicladores Ambientales Un Mejor Vivir (ARAUMV) y habitan en dicho edificio del barrio Santa Fe, lo hacen en espacios de apenas 22 m².

Además, solo el 0,2 % de los recicladores tiene educación superior y el 43 % no sabe leer ni escribir, lo que evidencia una barrera adicional para acceder a programas sociales, además de un nivel muy alto de analfabetismo.

Asimismo, el 1 % está afiliado a un sistema de riesgos laborales, ya que por su trabajo están expuestos a altos riesgos físicos. Se constató además que todas las familias tienen acceso regular a servicios básicos como energía eléctrica, agua potable y alcantarillado.

Estos son algunos de los principales datos obtenidos por el arquitecto Luis Daniel Ortiz, magíster en Hábitat de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien abordó un problema complejo y poco discutido: el acceso a una vivienda digna y adecuada para las personas que se dedican al reciclaje en condiciones de vulnerabilidad.

“El hecho de que la Asociación se constituya como una cooperativa les ayudaría a negociar mejores condiciones de vivienda en el marco de un plan de renovación urbana que afecte la zona”, señala el investigador.

Y aunque existen ciertos avances con respecto a la formalización del trabajo a través del RURO, todavía es crucial el acceso a una vivienda digna.

Por eso el magíster sugiere que “cuando la cooperativa de recicladores sea propietaria del inmueble, no acepten una simple oferta económica por su terreno, sino que negocien su permanencia en el lugar a través de un desarrollo de vivienda social que contemple sus necesidades específicas”.

“Las casas autoconstruidas en las periferias dificultan el acceso a sus puntos de trabajo, la informalidad del oficio no solo afecta su seguridad laboral sino también su capacidad de ahorro, y por ende la posibilidad de acceder a vivienda”, señala el magíster.

Modos de habitar

Para su trabajo, el investigador se basó en los principios de “vivienda digna y adecuada” definidos por la Secretaría de Hábitat, que contempla 7 categorías fundamentales, entre ellas habitabilidad, asequibilidad económica y accesibilidad a servicios.

Al evaluar estas categorías en las viviendas actuales de los recicladores, el único aspecto positivo que se encontró fue la ubicación: el edificio está situado en una zona céntrica de Bogotá, lo que les facilita el acceso al trabajo y otros servicios esenciales.

Sin embargo, en términos de calidad de la construcción, condiciones materiales, y sobre todo habitabilidad, los puntajes fueron muy bajos, evidenciando la precariedad de las condiciones de vida.

En la investigación se aplicaron encuestas detalladas a 5 familias que habitan en un edificio en el barrio Santa Fe, un inmueble de más de 60 años que ha sido ocupado progresivamente por miembros de la ARAUMV.

Como no cuentan con recursos económicos suficientes para acceder a viviendas formales, muchos de ellos les compraron a intermediarios habitaciones o espacios en el edificio, aunque sin la documentación legal adecuada. A lo largo de los años han hecho de ese lugar su hogar, pagando servicios básicos y haciendo reparaciones menores, pero sin tener títulos de propiedad que respalden su permanencia. Estas familias han adaptado el espacio dividiendo apartamentos para acomodar a más personas y realizando mantenimientos aun sin ser propietarios.

El trabajo del magíster Ortiz contó con la asesoría de la profesora Juanita Montoya, vicedecana de la Facultad de Artes y experta en arquitectura social.