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En la visita regular anual de la Contraloría, en la que se evaluó la gestión de todas las sedes de la UNAL, se obtuvieron muy buenos resultados y se confirmó que en los últimos años la Institución ha venido disminuyendo el número de hallazgos administrativos (aspectos que son objeto de formulación de un plan de mejoramiento), al pasar de 104 en 2014 a 55 en 2015, 9 en 2016, 5 en 2017 y 6 en 2018. Con corte al 30 de junio no se tenían pendientes hallazgos y tampoco acciones de mejoramiento.
Según explica el profesor Ángel Múnera, jefe de la Oficina Nacional de Control Interno de la UNAL, la Contraloría hace una revisión tanto del estado fiscal "es decir que las cifras coincidan y que se tenga racionalidad en los estados financieros y el presupuesto" como del cumplimiento, que hace referencia a que los funcionarios y los procesos de la Institución cumplan las normas y leyes.
"Que una organización del tamaño de la UNAL, con el presupuesto y el gran número de funcionarios que maneja, se encuentre con 0 hallazgos pendientes es un hito en los 152 años de la Institución, y además demuestra los buenos resultados de su labor", agrega el profesor Múnera.
Prevención y mejoramiento continuo
Estos resultados corresponden al trabajo de todo el equipo directivo y los funcionarios de la Institución que se han ajustado a las normas y exigencias fiscales. En este proceso, la Oficina Nacional de Control Interno (ONCI) ha generado estrategias y la Universidad ha trabajado en cumplirlas.
"La estrategia preventiva de anticiparnos al riesgo, evaluar y hacer seguimiento continuo a los planes de mejoramiento propuestos nos ha permitido tener muy buenos resultados ante la medición de un tercero como la Contraloría", agregó el docente Múnera.
Así mismo explica que el trabajo según estos parámetros de prevención ha generado una cultura de control y autocontrol en la Institución, que minimiza y concientiza a los funcionarios de los riesgos, y adopta las medidas correctivas de ser necesario.
La Contraloría tiene en su metodología: "auditorías de desempeño", cuyo propósito es evaluar el impacto de la gestión de las instituciones para que se conozca si los proyectos alcanzaron su objetivo de proporcionar beneficios sociales; "auditorías financieras", que evalúan el uso y la gestión de recursos públicos en los resultados alcanzados por las instituciones, y "auditorías de cumplimiento", que evalúan qué tanto se acata la normatividad.