Consultorio Jurídico de la UNAL en Tumaco, referente legal para el Pacífico nariñense

Este órgano académico es una extensión del Consultorio Jurídico Jaime Pardo Leal –adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL Sede Bogotá– que busca acercar la justicia al ciudadano, fundamental en una región de la que instituciones como la Defensoría del Pueblo reportan una constante violación a los derechos humanos.

Desde hace varios años –especialmente en la última década y en particular desde 2022– se viene advirtiendo que los factores asociados con la violencia que más afectan a los tumaqueños son el desplazamiento forzado, los reclutamientos, el homicidio y falta de servicios públicos, una situación que parece enquistada en este territorio.

Cabe resaltar que aunque a esta población no le han resuelto una serie de necesidades básicas en materia jurídica, entre ellos poca eficacia en la prestación de servicios judiciales, ausencia de juzgados municipales y talento humano y debilidad en los términos procesales, el Consultorio Jurídico de la UNAL ­­­­Sede Tumaco se convierte en un espacio donde las personas encuentran asistencia jurídica solidaria y extrajudicial, constituyéndose en una gran solución y alivio en este sentido.

Los fines primordiales del Consultorio Jurídico son “el desarrollo académico de los educandos, la asesoría jurídica a los sectores vulnerables de la sociedad, la aplicación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la colaboración a la rama judicial, la proyección social y el fomento de la investigación jurídica y sociojurídica en el territorio”, indica Maira Gisela Murillo Martínez, su coordinadora.

Los servicios ofrecidos cubren un amplio espectro del derecho, incluyendo procesos de liquidación de prestaciones sociales de trabajadores, procesos ordinarios para el reconocimiento y pago de honorarios profesionales.

También se realiza asesoría en consultas de pensiones y su reconocimiento, vulneración del derecho a la salud por parte de las empresas prestadoras de salud presentes en el municipio, violencia basada en género e intrafamiliar, y negligencia en la prestación de servicios públicos domiciliarios (energía, agua e internet).

De los 230 casos recibidos entre 2023 y 2024, el 70 % han sido presentados por mujeres afro provenientes del casco urbano y veredas, y el 30 % por hombres afro.

Martha Irene Paz, madre cabeza de familia, cuenta que se enteró de este servicio a través del Centro de Conciliación en Derecho de la Casa de Justicia. Su caso se relaciona con la valoración por parte de la ARL, que emitió un concepto médico laboral donde se afirmaba que la consultante sí podía trabajar pese a haber sufrido un accidente de trabajo en 2022.

“Asistir al Consultorio fue la mejor decisión. La profesional jurídica encargada me explicó que a través de un oficio dirigido a la entidad prestadora de salud debía solicitar el cambio del concepto de medicina laboral y así lograr la incapacidad definitiva. Fue una atención jurídica responsable, honesta y eficaz”, anota.

Justicia móvil

En la actualidad, y en articulación con la Casa de Justicia y la Defensoría del Pueblo, el Consultorio Jurídico de la UNAL Sede Tumaco ha participado en dos jornadas de Justicia Móvil en los municipios de Francisco Pizarro y Tumaco, en donde fueron asesoradas 44 personas que no cuentan con recursos económicos para desplazarse a otros municipios ni acceder al derecho a la justicia en sus territorios.

En estas actividades también participan las alcaldías, los Programas de Justicia Inclusiva, Colombia Transforma (de USAID Colombia) y la Unidad de Atención Especial para las Víctimas (UARIV), permitiendo que la comunidad se acerque al sistema judicial para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del pacifico nariñense.

Además el Consultorio aspira a ser un centro de investigación y educación fomentando la sensibilización sobre la problemática de género ya que la disputa territorial de los grupos armados y la presencia de economías ilegales propician entornos donde las violencias de género se profundizan no solo en Tumaco sino también en los municipios de El Charco, Francisco Pizarro, Roberto Payán, Barbacoas, Magüí Payán y Ricaurte.

Así mismo, aspira a influir en la formulación de políticas públicas y contribuir al cambio cultural necesario para erradicar la discriminación de género especialmente a los grupos de mujeres y colectivos LGBTIQ+.

La abogada Murillo destaca que “nuestro compromiso se enfoca en las comunidades de escasos recursos y contribuimos en la prevención, solución y transformación de los conflictos jurídicos generados por el desplazamiento forzado, la presencia de grupos armados ilegales, el reclutamiento de menores de edad y la ausencia de servicios públicos que aquejan a estos territorios del Pacífico y piedemonte costero nariñense”.