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Las "Áreas de reserva estratégica minera del Estado" son una figura creada con el fin de realizar la explotación masiva de minerales de interés estratégico, y en algunos casos es generadora de conflictos ambientales y de afectaciones a los ecosistemas del país.
Debido a ello, en los últimos años las comunidades han tenido que recurrir a los mecanismos de participación administrativos, políticos y judiciales para frenar estas actividades en sus territorios.
Así lo revela la investigación de Natalia Pérez Amaya, magíster en Medio Ambiente y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), quien se basó en la comunidad de Cocomopoca (Chocó), mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas.
En el municipio se había delimitado una parte de estas reservas estratégicas mineras, por lo que durante varios años la comunidad había estado en un proceso sin oficializar la titulación colectiva del territorio.
En este sentido, analizó la consulta previa, en la cual abordó la diferencia entre el "consentimiento previo, libre e informado", y cómo esta consulta pasa a ser la herramienta que tienen las comunidades étnicas en Colombia.
Sin embargo, tras la investigación se concluye que la consulta previa no es vista como una herramienta vinculante, es decir que aunque esta se realice, necesariamente no va a ser un mecanismo que impida el desarrollo del proyecto que se pone a consideración de las comunidades.
El estudio evidenció que muchas veces las comunidades tenían que recurrir a la administración de justicia para lograr que efectivamente se protegieran sus derechos ambientales, por lo que se empezó a analizar el concepto de lo que se entiende por "democracia ambiental".
Este se traduce en que las personas tienen derecho, en parte, a un ambiente sano, y transversalmente al derecho a la información, participación y acceso a la justicia, y que además no es un tema reservado solo para comunidades étnicas.
Conflictos ambientales en el país
Según la Fundación Paz y Reconciliación (2017), los 10 departamentos con mayor concentración de conflictos ambientales registrados son Antioquia con 26, Boyacá 14, Santander 13, Meta 12, Cauca 11, Norte de Santander 9, Cesar 9, Tolima 8, La Guajira 8 y Huila 8; allí las extracciones de petróleo, oro y carbón concentraron el 87,2 % de los casos.
Igualmente, la extracción formal agrupó el 85 % de los conflictos ambientales, que a su vez se concentran en la etapa de explotación, en la cual se produce el 83 % de estos.
En su investigación, la magíster analiza la figura de las reservas desde una visión del extractivismo y la democracia ambiental, buscando visibilizar las herramientas utilizadas por las comunidades, y a la vez estudia la efectividad de los mecanismos de participación en materia ambiental, para el caso de la extracción minera.
En el estudio se analizaron mecanismos como los de participación tanto administrativa como de política ambiental y judicial.
Según el estudio, entre 2009 y 2019 la Corte Constitucional ha proferido más de 7.200 fallos de tutela, 1.600 de los cuales están relacionadas con la consulta previa.