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Ciudad y Territorio

Consejo de Estado reafirma derechos de los pueblos indígenas

    La sentencia del pasado 28 de octubre, que redefine el territorio ancestral de los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, de la Sierra Nevada de Santa Marta, reconoce y reafirma sus derechos a una cultura, a un ambiente sano, y a conservar y proteger la naturaleza.

     

    Así lo aseguró Leonor Zalabata Torres, consejera elegida por los dirigentes del pueblo Arhuaco de la Confederación Indígena Tayrona  (CIT), para el Consejo de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede de La Paz.

    Para la líder, “la redefinición del territorio ancestral de estos pueblos como el sistema de espacios sagrados de la Línea Negra, en el ámbito tradicional, de especial protección, valor espiritual, cultural y ambiental, son las medidas que se logran para la permanencia de los pueblos indígenas que los habitamos”.

    La sentencia, que cobra vigencia según los principios y fundamentos de la Ley de Origen, y la Ley 21 de 1991, deja sin efecto la demanda presentada por empresarios del ámbito privado, que esperaban obtener nulidad del Decreto 1500 del 6 de agosto de 2018, por falsa motivación e inexistencia del “Documento Madre” y de la cartográfica de los espacios sagrados, y por el cual se redefinió el territorio ancestral.

    La consejera Zalabata, quien también es defensora de los pueblos indígenas en el país y delegada para el desarrollo de los primeros programas y planes de salud en defensa de la autonomía del pueblo Arhuaco, ha participado en el Consejo de Sede de La Paz, en la toma de decisiones relacionadas con la academia. Desde esta perspectiva, el trabajo de la Universidad se hace visible respecto a la diversidad cultural del departamento y los pueblos indígenas, como un eje fundamental de la región en el marco de los derechos humanos.

    La Corte Constitucional y las Altas Cortes han ido definiendo la sentencia dada la solicitud al presidente de la República, mediante un proceso con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), para facilitar la consecución de una sentencia que decretó los límites del territorio ancestral.

    Según recordó la consejera, esta sentencia fue demandada posteriormente por empresarios que poseen otros intereses, reclamando una medida cautelar provisional para el Decreto 1500 y dejándolo sin efecto.

    Este ámbito tradicional fue reconocido desde 1973, y en 1995 se expidió otra resolución más explícita: “hicimos lo que se denominó un Documento Madre, en el cual se especifican los puntos de conectividad entre un lugar y otro que forman parte del ejercicio de la espiritualidad del pueblo Arahuaco y de los pueblos Kogui, Wiwa y Kankuamo, que ahora están en su proceso de reivindicación indígena”, aseveró la consejera.

    Respecto al tema territorial de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, explicó que se relaciona con el concepto de madre: “la tierra es la madre, pero no simplemente desde el punto de vista económico para poder vivir y estar allí, para nosotros no tiene una función netamente económica o de igualdad, de justicia social o de tener un área”, observó.

    Desde su visión, “la Sierra Nevada es la madre y nuestro ámbito tradicional-espiritual, que llega hasta la Línea Negra, que son los límites o el piedemonte de la Sierra Nevada incluyendo la zona marítima, que tiene que ver con todas las especies del mar para proveernos en el ejercicio de nuestra tradición y nuestra espiritualidad ligada al mar, la tierra y el universo”.

    En 2017, los pueblos indígenas realizaron una movilización para declarar a la Sierra Nevada libre de minería y de hidrocarburos, además de protegerla de la explotación minera que legal o ilegalmente representaba una amenaza para los territorios de la Sierra Nevada de La Guajira, del Magdalena y del Cesar exterminando las culturas indígenas y las fuentes hídricas. Vale la pena subrayar que estos territorios fueron declarados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.

    La Sierra Nevada no ha estado libre del conflicto armado, la presencia de guerrillas y fuerzas paramilitares; las armas han debilitado el posicionamiento político de los pueblos indígenas. Al respecto, la líder advierte que “por las amenazas y el temor, no podemos avanzar con las proyecciones de cuidado y protección de la tierra, porque la presencia institucional desaparece con la acción del conflicto armado”.

    En la Sierra hay conflictos de intereses como la guerra, de desarrollo económico, de recursos hídricos, represas, minería, licencias ambientales y fracking, entre otros.

    Por ello, la reafirmación del territorio ancestral para el pueblo Arhuaco puede ayudar a proteger estos territorios, gracias al reconocimiento por parte del Estado.