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Educación

Condiciones de créditos-beca limitan acceso de jóvenes a la educación superior

    En 2019, solo 4 de cada 10 bachilleres en Bogotá accedieron a la educación superior. En localidades como Usme y Ciudad Bolívar, requisitos como el mérito académico y el nivel socioeconómico, además de contar con codeudores, son factores de inequidad que están limitando su acceso a la universidad.

    Claudia Milena Reyes Benavides, candidata a magíster en Gobierno Urbano de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Bogotá, menciona que “los fondos de educación superior tienen la finalidad de brindar oportunidades de financiación en los distritos a las personas que cumplan con los requisitos mínimos exigidos”.

    Agrega que “la mirada de equidad urbana hace referencia a la facilidad o asequibilidad de bienes y servicios para toda la población; en ese sentido, la garantía del derecho progresivo a la educación superior debería tener presente este enfoque de equidad frente a las políticas públicas educativas, partiendo de la diversidad de la población y de la manera como esta se asienta en ubicaciones geográficas –en este caso localidades– con características socioeconómicas particulares”.

    Así, destaca que en los procesos y criterios de adjudicación de los mecanismos de financiación a la demanda de educación superior –como política pública para el acceso– la equidad es un elemento fundamental y necesario de abordar en esta subvención que otorga el Gobierno.

    En la actualidad, en el Distrito sobresalen tres fondos: el Fondo Educación Superior para Todos (FEST), el Fondo Alianza Bogotá Ciudad Educadora, y el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, que opera en el ámbito territorial.

    En su trabajo de investigación, la profesional en finanzas y comercio internacional revisó cómo se dio en Usme y Ciudad Bolívar el otorgamiento de estos créditos-beca a bachilleres entre 2016 y 2020. Para ello utilizó información de entidades como las Secretarías de Educación y de Planeación del Distrito, y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

    Así, determinó que para 2019 la localidad de Usme contaba con 3.598 estudiantes de grado 11° y Ciudad Bolívar con 4.376, la mayoría de ellos residentes en estrato 1. Las estadísticas mostraron también que el 20 % de los jóvenes de estas dos localidades no estudian ni trabajan (“ninis”).

    Con respecto al mérito académico, encontró que en el puntaje promedio global de las Pruebas Saber 11 de 2020, los estudiantes de colegios oficiales de Ciudad Bolívar tuvieron 245 puntos y en Usme 249, sobre los 500 puntos que comprenden la Prueba, mientras que los estudiantes que acceden a la financiación de educación superior a través de los fondos está entre 270 y 350 puntos.

    “Esto demuestra el bajo desempeño en estas pruebas, lo cual genera una brecha para acceder al beneficio. […] Este hallazgo ofrece elementos de base para identificar y formular nuevas políticas de financiamiento de la educación superior”, menciona la investigadora.

    Señala además que “los datos indican que la educación secundaria en estas localidades requiere una mayor calidad para cerrar brechas e incrementar las posibilidades de acceso a la educación superior financiada por el Distrito”.

    En relación con los estratos socioeconómicos predominantes tanto en la inscripción de participantes como en la adjudicación de los beneficios, estos corresponden al 1 y 2 para el Fondo Alianza Bogotá Ciudad Educadora y para el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, mientras en el FEST se evidencia una mayor concentración de los estrato 2 y 3.

    El resultado académico medido a partir de las pruebas de Estado y el requisito de codeudor también evidenció que son limitantes para que los habitantes de estas localidades sean beneficiarias de un programa en educación superior.

    Al respecto, la magíster anota que, como ciudad y desde el papel de las entidades distritales y locales, se debe evaluar y reformular el mecanismo de asignación de estos beneficios; “de no ser así, se puede incurrir en una pérdida de capital humano que disminuirá las posibilidades de incrementar el desarrollo económico de la región, perpetuar la exclusión de los grupos más vulnerables, y por ende la persistencia de las disparidades”.

    En relación con los tres fondos de educación superior analizados, entre 2016 y 2020 se realizaron 17 convocatorias y se adjudicaron más de 2.500 créditos-beca a bachilleres de 20 localidades del Distrito.

    Las localidades con mayor participación de inscritos a las convocatorias fueron: Suba (14,2 %), Ciudad Bolívar (13,9 %) y Usme (4,7 %). De estos, solo 4 de cada 10 estudiantes accedieron a las becas-crédito, ya que lograron cumplir con todos los requisitos mínimos (incluido el codeudor) y obtener un puntaje para los cupos adjudicados, según los criterios de puntuación o calificación.

    “El 40 % de los jóvenes que se inscriben al Fondo de Desarrollo de Ciudad Bolívar logran ser beneficiarios de ese cupo para la educación y uno de los requisitos es ser residente en la localidad, lo cual demuestra que si se piensa en políticas públicas sectorizadas, según las necesidades básicas de una localidad o territorio, es más factible que la inequidad se pueda reducir”, señala la estudiante Reyes.

    Para esta investigación se desarrolló una indagación de datos e información de tipo cualitativo y cuantitativo. Con la primera se buscó obtener información normativa sustento de la política pública, mientras la segunda intenta comprender y explicar el fenómeno del problema a partir de cifras y datos, en tal sentido, la búsqueda, obtención y recolección de información permitieron inferir la incidencia del problema en la población de estudio.

    Entre las recomendaciones que realiza la investigadora, señala que “no solo es centrarse en los recursos de las políticas públicas de educación superior, sino que se debe generar una sinergia con otros actores del sistema con el fin que los bachilleres graduados no sufran discriminaciones culturales, por el estrato socioeconómico en el cual viven”.

    Para ello es importante que las universidades y el programa propuesto por los fondos generen un programa de acompañamiento integral a los beneficiarios”.