Colombia ya cuenta con bases para proyectos restaurativos de violencia sexual en comunidades étnicas

Dichos municipios conforman una subregión del Pacífico nariñense habitada en un 89 % por pueblos indígenas y afrodescendientes. Según el Auto 03 expedido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre 1990 y 2016 se registró allí un patrón de macrocriminalidad que indica que integrantes de las extintas FARC-EP cometieron actos de violencia sexual, trabajos forzados y otras violencias basadas en género contra mujeres y niñas, especialmente negras, afrocolombianas e indígenas awá.

El 43,4 % de los 136 hechos registrados se concentraron en los territorios de los pueblos negros afrocolombianos y el pueblo awá; 117 víctimas fueron autorreconocidas como negras afrocolombianas y 17 como indígenas awá.

De igual manera, las personas autorreconocidas como LGBTIQ+ han sufrido las violencias en razón de su orientación sexual y su identidad de género, sometiéndolas al aislamiento, la persecución y los sentimientos de miedo por los actores armados.

La profesora Laura de la Rosa Solano, directora del CES, menciona que “en las comunidades awá la violencia sexual no es solo una agresión individual sino una violencia al territorio mismo y a su mundo que es el Katsa Su. Por su parte, las mujeres afrocolombianas rompen muchas de las tradiciones como la transmisión de saberes”.

Este es uno de los resultados del proyecto de extensión desarrollado por el CES y Minjusticia, mediante el cual se emiten recomendaciones para implementar y monitorear proyectos restaurativos que buscan que los firmantes del Acuerdo de Paz reconozcan las violencias cometidas, en especial aquellas relacionadas con violencia sexual y de género. 

A través de estos proyectos los agresores pueden optar por penas de justicia restaurativa y transicional, siempre y cuando las víctimas estén de acuerdo y se implementen estrategias adaptadas a sus contextos culturales y sociales que les garanticen el reconocimiento y la reparación de los daños sufridos.

La responsabilidad de implementar estos proyectos viene desde la firma de los Acuerdos de Paz en 2016, cuando se establecieron los marcos legales y los mecanismos institucionales para abordar la reparación integral de las víctimas y la construcción de paz. Sin embargo estas son las primeras recomendaciones que se realizan en el país en política pública sobre proyectos restaurativos para casos de violencias sexuales en pueblos étnicos.

Enfoques diferenciales para la restauración

La formalización de proyecto a inicios del presente año comenzó con la conformación de un equipo interdisciplinario que representara los enfoques de género, antirracistas y étnicos necesarios para la investigación. Este incluyó antropólogas, abogadas, politólogos e historiadores junto con líderes comunitarios locales. 

La investigación inició con un diagnóstico comunitario que incluyó grupos focales y entrevistas con víctimas y líderes comunitarios. En este proceso se exploraron las experiencias de las víctimas y los efectos de las violencias sexuales en sus comunidades. Así fue como llegaron al resultado del impacto que las violencias contra las mujeres tienen en las comunidades del Pacífico nariñense.

La profesora De la Rosa relata que también recurrieron a técnicas simbólicas como el kintsugi (en japonés carpintería de oro), técnica surgida en Japón que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas con pegamento dorado, lo cual simboliza que las heridas pueden sanar y transformarse en algo valioso. 

“El ejercicio les permitió a las víctimas hablar sobre sus experiencias e imaginar cómo podrían reconstruirse tras las violencias sufridas. Fue un espacio poderoso para comprender las dimensiones del daño”, destaca.

En una segunda etapa se realizó un análisis tanto de las normativas de justicia transicional en Colombia como de casos internacionales, como los procesos en Sierra Leona, Guatemala y Timor Leste que reportan casos exitosos para la reparación de violencias sexuales en contextos de conflicto armado. 

Dentro de las estrategias que se rescatan hay una en especial que consiste en el uso de cartas de disculpa o ceremonias públicas de perdón en las que un representante asiste a los agresores para evitar la confrontación directa entre víctimas y perpetradores. 

De hecho, en su trabajo en el territorio las investigadoras identificaron que las víctimas de violencia sexual manifestaron que prefieren evitar confrontaciones directas con los agresores. 

“En los casos de violencia sexual las víctimas pueden reclamar que no haya confrontación con el agresor, por eso es un desafío establecer la manera como los agresores pueden pedir perdón y cómo pueden construir reparaciones sin tener que compartir espacios con las víctimas”, señala la investigadora.

Impacto en la política pública

La etapa final consistió en elaborar recomendaciones de política pública para proyectos restaurativos, enfocadas en garantizar que las soluciones fueran viables y respetaran las particularidades culturales de las comunidades étnicas. 

“Diseñar estas propuestas fue un desafío, pues aunque existen lineamientos generales sobre justicia transicional, pocos abordan específicamente la reparación de violencias sexuales en comunidades étnicas. Este vacío nos exigió creatividad y mucho respeto por las voces de las víctimas”, comenta la profesora De la Rosa.

Dentro de las recomendaciones prácticas se incluyen alternativas a la confrontación directa entre víctimas y agresores. Además se llama la atención en la construcción de puentes entre las justicias propias, ya sea afrodescendientes, indígenas o comunitarias y los proyectos restaurativos y los mecanismos de justicia implementados con el fin de restaurar a las comunidades víctimas bajo sus sistemas de justicia propia. 

También se destaca la importancia de un enfoque en la salud mental, promoviendo terapias culturales y colectivas específicamente diseñadas para las comunidades afrodescendientes e indígenas. Estas terapias, según señala la profesora, deben adaptarse a sus contextos particulares, respetando sus tradiciones y formas de sanación. 

Con la publicación del informe final por parte de Minjusticia se espera que estas metodologías y hallazgos sirvan como guía para implementar proyectos restaurativos en otras regiones del país. 

Ver aquí el documento completo: https://www.minjusticia.gov.co/programas-co/justicia-transicional/Documents/Camino-hacia-la-restauracion.pdf