Ciudadela Mía, en Quibdó, poco apta para vivir

Inmuebles con un sistema estructural de muros vaciados con concreto que no permite flexibilidad en los espacios, con deficiencias en los flujos de ventilación y alturas bajas, en comparación con la vivienda tradicional del Chocó, es lo que encontraron inicialmente los integrantes del Grupo de Investigación Hábitat, Comunicación y Cultura, de la Escuela del Hábitat.

El equipo de expertos, que se concentró en dicha población para conocer sus dinámicas, temores e ilusiones, encontró apartamentos de 45 metros cuadrados para familias numerosas (de seis a nueve miembros), que tendrán que adaptarse a la lejanía del centro de la ciudad, donde desarrollan sus actividades laborales.

El proyecto, ubicado en la periferia oriental de la capital chocoana, que cuenta con 1.500 viviendas repartidas en 75 torres de cinco niveles cada una, es el mismo prototipo de otros realizados en el país, como la Ciudadela Nuevo Occidente, en Medellín, así como otras similares en Cúcuta y Sincelejo.

"El municipio es el encargado de construir colegios, escenarios deportivos y medios de transporte, pero la gran pregunta es cuándo. Habrá un cambio de administración el próximo año y no hay recursos contemplados para todos estos megaproyectos", asegura Juan Carlos Ceballos, director de este grupo de investigación.

El docente muestra más incongruencias y con respecto al tema vial dice: "el sistema de transporte es casi aldeano y se necesita uno que conecte la periferia hacia Quibdó". 

Todo esto contrasta, según Johanna Vélez Rueda, con la transformación que está viviendo esta localidad por la carretera que conduce a Pereira: "allí están desarrollando megaproyectos muy desescalados para la ciudad, como una gran estación de gasolina, una gran terminal de transporte y, junto al aeropuerto, un súper centro comercial para una población que demanda fundamentalmente educación y alimentación", manifiesta la candidata a doctora en urbanismo, docente y coinvestigadora de este colectivo.

Si bien hay que reconocer que en el tema de solución de vivienda el país ha avanzado, también se debe entender que en relación con el hábitat hay que ir más allá de otorgar un techo, "porque la vivienda no importa solo desde lo físico, sino además por atributos como el entorno, el clima, el acceso a servicios, la localización y las ofertas de salud, empleo y cultura", señala Ana Brusa, otra de las líderes de este estudio.

Más desarraigo

Vale la pena recordar que estos inmuebles albergarán a los deportistas que competirán en el próximo mes de noviembre en los Juegos Nacionales.

Tras la finalización de estas justas, las casas serán entregadas por el Gobierno mediante sorteo a las personas desplazadas por la violencia, o catalogadas en situación de extrema pobreza.

"El criterio de selección de las familias nos hace preguntar qué nivel de convivencia tendrán. En ellas hay población que ya llegó a Quibdó, que están hace dos o tres años esperando una solución en zonas de invasión, que ya construyeron su territorio y que su vínculo con la ciudad existe, mientras que llegarán otros que vienen de un hábitat de origen, como campamentos o lugares de albergues temporales", manifiesta Juan Carlos Ceballos.

Un segundo punto es la heterogeneidad, pues los pobladores vendrán de un lugar del Chocó y otros llegarán de regiones diferentes, unos son indígenas, otros son mestizos, el resto son afrodescendientes.

En lo familiar y social el panorama también se modificará, dado que las comunidades desplazadas que han llegado a esta urbe han creado lazos de cooperación en torno al paisanaje y su lugar de procedencia, pero con la adjudicación de vivienda por medio de sorteo "sería como un nuevo desarraigo y volver a empezar de cero", asegura Juan Esteban Monsalve Cifuentes, otro arquitecto integrante de este grupo investigativo.  

Por consiguiente, los tradicionales barrios, con cinco y seis casas continuas del mismo grupo familiar, empezarían a desdibujarse y las costumbres que trae esta población, rural en un 70 %, también se alterarían.

Con respecto al tema educativo, hay que decir que llegarían a esta población unos 3.500 niños, quienes inicialmente no tendrían escuela porque la que existe está en precarias condiciones arquitectónicas, baja salubridad y en sus seis salones solo se pueden albergar cerca de 100 estudiantes de básica primaria.

En tales condiciones, la secundaria la tendrían que cursar en el Colegio Santo Domingo del barrio El Caraño, uno más grande de la misma zona oriental, pero sin tantos cupos.

Sin duda, el cúmulo de problemas obliga a una seria intervención, no de este grupo y la U.N., sino de las respectivas autoridades. "No podemos ir a resolverles el asunto de la vivienda y ponerles las vías, porque no administramos recursos, pero sí queremos contribuir con la educación de la gente, en el sentido de que conozcan sus derechos a participar activamente en la toma de decisiones que les afecten", advirtió Johana Vélez.

El documento que sintetiza los resultados de esta investigación fue distribuido entre la comunidad del sector, universidades y organizaciones de la ciudad, para que sea presentado a los organismos que deben tomar cartas en el asunto.