Cinco años de la Ley de Justicia y Paz: Balance de una experiencia inédita

En muchas ocasiones, este tipo de balances se realizan en blanco y negro. A los críticos les encanta construir escenarios catastróficos. Para ellos, simplemente estamos abocados a un fracaso total. Desde la otra esquina, como se dice en el argot boxístico, los defensores de la ley consideran que los avances son excepcionales y que ya nos encontramos en los umbrales del paraíso. Ni lo uno ni lo otro. Analicemos primero los avances y luego discutimos las limitaciones. Lo importante es realizar un balance objetivo y constructivo, pues nos estamos jugando un proceso cuyo fracaso sería una derrota colectiva y cuyo éxito nos abriría un camino para cerrar el largo ciclo de violencia que comenzó alrededor de 1948.

Logros alcanzados
La Ley 975 ha significado para Colombia, ante todo, un cambio profundo en sus modelos históricos de resolución de los conflictos armados.

Por una parte, la justicia transicional como eje de la Ley de Justicia y Paz ha conllevado a que las herramientas tradicionales de pactos de paz fundados en leyes de amnistía e indulto (siglo XIX, 1902, 1953, 1958, 1983, década de los noventa) hayan dado pasos hacia un modelo de resolución fundado en un equilibrio entre justicia y paz, que pone a las víctimas (y no a los actores armados) en el centro del proceso.

Por otra parte y en consecuencia, esta ley permitió hacer visibles a las víctimas como portadoras de derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Es decir, este novedoso descubrimiento en la conciencia universal (la víctima"sujeto de derechos) llegó a Colombia de la mano de esta norma y hoy ya ocupa un lugar destacado en la agenda pública.

Finalmente, el reconocimiento a las víctimas del dolor y los daños causados por distintos actores armados (incluidos agentes del Estado desviados de sus responsabilidades legales) y las políticas de reparación significan que ya no son las medidas de perdón y olvido del pasado, sino las medidas a favor de las víctimas las llamadas a cerrar las heridas y abrir caminos hacia la reconciliación nacional.

¿Pero esta innovación está dando resultados? Sin duda que sí. En primer término, debemos destacar los avances en el campo de la reconstrucción de la verdad en sus tres dimensiones: la verdad histórica, la verdad judicial y la verdad social. En cuanto a la primera, el Área de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) ha publicado los primeros informes sobre casos emblemáticos (Trujillo y El Salado) y en los próximos meses dará a conocer otros informes (La Rochela, Bojayá y Segovia), además de dos estudios de enorme interés para comprender la dinámica del conflicto armado: el papel y las dimensiones de los delitos sexuales y el despojo de bienes.

Esta reconstrucción histórica, a diferencia del resto de países de América Latina, en donde reinó la impunidad parcial o total, se está acompañando de la verdad judicial. Es decir, la historia macro (¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Quién fue responsable? ¿Cómo evitar que se repita?) se está complementando con la historia micro (¿Quién le hizo qué a quién?). Hasta el momento, más de 45 mil hechos criminales se han logrado aclarar (entre estos más de 16 mil homicidios) gracias a la labor tesonera de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación, a las versiones libres de los desmovilizados y a los testimonios de las víctimas.

Las verdades judicial e histórica son fundamentales para alcanzar los otros derechos de las víctimas. En primer lugar, la reparación. Muchos periodistas nos preguntan constantemente cuántas víctimas han sido reparadas, confundiendo la reparación con un monto de dinero. Esto constituye un grave error, ya que la indemnización económica es solamente un componente de una política de reparación integral.

Si nos limitamos a la dimensión indemnizatoria, en el año 2009 más de 11 mil familias recibieron por vía administrativa 200 mil millones de pesos. Y este año alrededor de 15 mil familias recibirán una indemnización solidaria por un valor de 300 mil millones de pesos. Pero, si miramos la reparación desde una perspectiva más amplia e integral (atención médica, psicosocial, restitución de bienes, desarrollo de proyectos productivos), alrededor de 150 mil víctimas de crímenes atroces distintos al desplazamiento forzado han sido objeto de atención solamente en las 12 sedes regionales de la CNRR. Y otras miles de víctimas han sido atendidas en otras agencias del Estado (Bienestar Familiar, Defensoría, Procuraduría, Acción Social, etc.).

Uno de los temas más sensibles para las víctimas de desplazamiento forzado es la cuestión de la restitución de sus propiedades. En este campo ya se comienzan a ver los primeros frutos: ya disponemos de un Programa Nacional de Restitución de Bienes que ha abierto nueve oficinas regionales en todo el país y, ante todo, ya se inició en firme la restitución efectiva en múltiples municipios del país, tales como Turbo, Chengue y Mampuján.

Probablemente el mayor talón de Aquiles del proceso de justicia y paz ha residido en la ausencia de sanciones condenatorias para los cabecillas de las AUC. Sin duda, las múltiples condenas contra los miembros de la clase política responsables de vínculos con los grupos paramilitares han sido ejemplares a nivel internacional. En América Latina no hay ningún caso destacable de integrantes de las élites políticas condenados por sus nexos con escuadrones de la muerte o dictaduras militares. En el caso colombiano, a la fecha ya hay 59 congresistas judicializados por parapolítica. Además, permanecen 334 casos en manos de la Fiscalía y 47 en la Corte Suprema de Justicia por el mismo tema.

Sin embargo, el vacío de condenas frente a los responsables directos de los hechos se está comenzando a subsanar. En estos días se inició el proceso judicial contra dos reconocidos jefes paramilitares, Edwar Cobos Téllez y Uber Banquéz Martínez, y la Fiscalía ya depositó ante el Consejo Superior de la Judicatura 57 procesos penales para darles curso judicial.

Vacíos que persisten
Sin duda, un proceso de esta complejidad y de estas dimensiones, con miles y miles de víctimas y centenares y centenares de inculpados, va a requerir muchos años. Basta señalar que todavía ni las FARC ni el ELN, cuyas cúpulas dirigentes deberán responder en el futuro ante los tribunales de Justicia y Paz, se han desmovilizado.

Sin embargo, ante la inminencia de un nuevo gobierno es indispensable reflexionar en torno a las tareas pendientes.

La mayor limitación es la persistencia del conflicto. ¿Cómo asegurar a las víctimas y a las comunidades victimizadas garantías de no repetición? El reciclamiento en la vida criminal de alrededor del 10% de los desmovilizados en diversas bandas criminales y la persistencia de la guerrilla implica un crecimiento permanente del universo de víctimas. Por tanto, lograr la paz y entrar en una sólida etapa de posconflicto es un requerimiento esencial para el éxito de esta política.

Por otra parte están las limitaciones fiscales. No es posible adelantar una política de reparación en pocos años, por ello es indispensable aplicar el principio de gradualidad. Lo cual no es fácil, pues dados los rasgos socioeconómicos del 90% de las víctimas, éstas se encuentran en un alto nivel de vulnerabilidad y, por tanto, el próximo gobierno deberá hacer esfuerzos fiscales adicionales.

A esas limitaciones fiscales se añaden los escasos éxitos en la recuperación de los bienes despojados a la población campesina. Estos bienes que deberían constituir la base del Fondo de Reparación a las Víctimas (FRV) para la reparación, ya no administrativa (que se funda en los recursos públicos) sino judicial, continúan siendo irrisorios: solamente se dispone de 32 mil millones de pesos en el FRV.

Finalmente, es indispensable dictar una ley de tierras que permita disponer de normas ágiles para la restitución de las propiedades que, mediante diversas rutas de despojo, cayeron en manos de las AUC o las FARC y el ELN y cuyos propietarios legítimos esperan una pronta respuesta del Estado.