Certificados de discapacidad en mujeres firmantes de paz en Arauca refuerzan la discriminación

A través de su estudio, la psicóloga Erika Zulay Tarazona García, magíster en Discapacidad e Inclusión Social, explora las dinámicas de resistencia que han desarrollado once mujeres de Filipinas, área rural del municipio de Arauquita, abarcando sus historias, tanto en el periodo previo al Acuerdo de Paz, cuando la violencia era más intensa, como los años posteriores, en los que los desafíos de la implementación, han redefinido sus luchas cotidianas.

"La guerra en Arauca no solo se evidencia en los hechos violentos ocurridos, sino también en el difícil acceso a los territorios, el mal estado de las carreteras, la falta de transporte formal y en la desconexión comunicativa", explica la psicóloga.

Precisamente por tales barreras de acceso, que siguen vigentes, se dificulta la atención psicosocial y médica a las comunidades, especialmente aquellas que viven en ruralidad, dejando a muchas mujeres sin acceso adecuado a servicios de salud. En el caso de las firmantes del Acuerdo de Paz el reconocimiento de sus dolencias y emociones ha sido reemplazado por diagnósticos rápidos y despersonalizados.

Certificados de discapacidad: etiquetas que limitan

Al entrevistar las mujeres en relación a las dinámicas y vivencias del posacuerdo, la psicóloga Zulay, halló que se han emitido certificados de discapacidad, basándose en criterios médicos reduccionistas que equiparan enfermedad con discapacidad.

“Esto fragmenta aún más a una sociedad ya estigmatizada por el conflicto. Para muchas, aceptar el certificado fue una estrategia de supervivencia, para garantizar atención médica y medicamentos por las secuelas de la guerra en sus cuerpos, como dolores de espalda o problemas derivados del uso de armaduras, pero que no necesariamente las convierte en personas en condición de discapacidad”, precisa la magíster. Sin embargo, recibir este diagnóstico también implicó enfrentar una redefinición de su identidad, donde debían conciliar su papel como mujeres fuertes y resistentes con la etiqueta y el estigma asociados a la discapacidad.

El capacitismo en el sistema de salud

Para la investigadora, el modelo médico imperante en Colombia deshumaniza a quienes enfrentan barreras físicas o psicosociales, como las personas sobrevivientes a la guerra. “Por ejemplo, una de las entrevistadas, que llamaremos "Flor", perdió a su esposo y dos hijos en el conflicto. Cuando acudió al médico por fuertes dolores en el pecho, recibió medicación para problemas cardíacos. Ella me dijo, yo no me tomé esos medicamentos, mi problema no era cardíaco sino era todo ese cúmulo de emociones, que no había encontrado un lugar seguro para poderlo expresar”.

Añade que “incluso en ese momento cuando tuve la fortuna de escucharla, aún no había recibido ese acompañamiento psicológico, en el territorio.” Este caso refleja la falta de un enfoque integral que considere las historias y vivencias de las personas. “Nuestro sistema olvida que detrás de cada paciente hay un sujeto con una historia que merece ser escuchada”, enfatiza la investigadora Tarazona.

El estudio también destaca formas distintas de abordar la discapacidad en contextos de guerra, pues durante su tiempo como combatientes, estas mujeres no eran excluidas por sus dolencias; en cambio, se les asignaban tareas que pudieran desempeñar según sus capacidades, lo que contrasta con la lógica predominante en la sociedad, que tiende a marginar a los cuerpos considerados “no funcionales".

En la actualidad, estas mujeres luchan por resignificar sus experiencias, utilizando su fortaleza para liderar cambios en sus comunidades, pues el proceso de reparación psicosocial en Filipinas ha sido un ejercicio de reconstrucción colectiva.

Desde la creación de una biblioteca comunitaria que guarda memorias del conflicto hasta sancochos comunitarios y campeonatos de fútbol que fortalecen el tejido social, han liderado iniciativas para sanar las heridas de la guerra. “Ellas no solo son víctimas, son resistentes. Reconocen su dolor, pero también su capacidad para transformar”, asegura la investigadora.

La ausencia del Estado en zonas rurales del país sigue siendo un obstáculo. Aunque el Acuerdo de Paz trajo momentos de tregua, el acceso a servicios de calidad, como educación y salud, es limitado. “La paz no solo se acuerda, se construye, y esto implica garantizar derechos básicos para quienes han cargado con el peso del conflicto”, destaca la psicóloga. El estudio invita a las instituciones estatales y a la sociedad en general a repensar la discapacidad desde un modelo social que valore la diversidad y la singularidad de cada individuo.