Caso Colectivo 82 debería ser declarado crimen de lesa humanidad
Según recordaron las familias –agrupadas en la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes)–, las desapariciones fueron cometidas por el F2, la policía secreta y judicial de esa época, que funcionó hasta 1995 y después fue reemplazada por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), de la Policía Nacional.
En 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el Estado colombiano es responsable del secuestro y la desaparición de los estudiantes universitarios, pero hasta el momento no hay ningún agente condenado.
Durante un acto conmemorativo, realizado en la tarde del 16 de mayo en el campus de la UNAL Sede Bogotá, Saúl Franco, de la Comisión de la Verdad, afirmó que “1982 fue un año muy grave dentro de la confrontación armada del país. Escalaron de manera especial las torturas y el flagelo de la desaparición. A raíz de ellas se señaló como enemigas a la juventud y a la universidad pública”.
Con fotografías, claveles blancos y arengas, los familiares de los desaparecidos caminaron con estudiantes universitarios desde la entrada de la calle 26 del campus de la UNAL Sede Bogotá hasta el Ágora.
“Ellos eran un grupo de estudiantes que estaban tratando de ayudar a la comunidad que venía de otras regiones del país. No tenían motivos para matarlos”, dijo Nancy García Villamizar, familiar e integrante del Caso Colectivo 82.
El encuentro terminó con la intervención del grupo de música andina de la UNAL, que entonó la canción Solo le pido a Dios, mientras la comunidad, reunida alrededor de una mándala, encendía velas y conmemoraban a las víctimas del Caso Colectivo 82.
El Colectivo Caso 82 reconoce como víctimas a Pedro Pablo Silva, Orlando García, los hermanos Alfredo y Samuel Sanjuán, Édgar García, Rodolfo Espitia, Gustavo Campos, Edilbrando Joya y Rafael Guillermo Prado, estudiantes de Derecho, Medicina, Arquitectura, Antropología, Sociología e Ingeniería Mecánica de la UNAL Sede Bogotá.
“Esta es una tragedia para quienes han desaparecido, pero también para sus familias, que quedan sumidas en la incertidumbre, en el no saber y negados en su derecho de verdad y justicia”, señaló Lorena Chaparro Díaz, secretaria de la UNAL Sede Bogotá.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), entre 1958 y 2021 se han registrado 80.720 casos de desaparición en todo el país.
Nancy Villamizar señala que “los familiares también quieren que la UNAL cree una cátedra, no solo para este caso y su memoria, sino para educar sobre la paz”.
El comisionado Franco afirmó que “gracias a la ingente labor de Asfaddes la desaparición forzada es reconocida hoy como un crimen, un delito, y no solo eso, sino también que se haya condenado al Estado colombiano por la responsabilidad frente a estos hechos”.
El próximo 28 de junio la Comisión de la Verdad entregará el informe final del caso, una recopilación y construcción que tardó más de tres años.
“En el informe final de este caso está en consideración el problema tanto de las universidades como en conocer los esfuerzos y las iniciativas de la sociedad para reivindicar la justicia, la libertad y la no impunidad”, concluyo el comisionado Franco.