Casas para la salud y el buen vivir en La Macarena y San Vicente del Caguán

Con la puesta en marcha de la Red de Casas para la Salud y el Buen Vivir, adelantada de manera conjunta entre la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y las comunidades de La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá), también se podrá ordenar la capacidad comunitaria en salud, planificándola desde el territorio y articulándola con una Atención Primaria en Salud.

De igual manera, dicho plan piloto, para el que la UNAL presta una asesoría técnica, contará con un enfoque territorial que ordene la presencia de las instituciones de salud en la región, beneficiando a cerca de 40.000 pobladores que habitan esta región.

La iniciativa surge como reconocimiento a la vocación de paz de estas comunidades, y considerando que, por su ubicación estratégica, allí confluyen tres ecosistemas: amazónico, orinoquense y andino, que conforman un importante punto de riqueza biocultural único en el planeta.

El profesor Mario Esteban Hernández, coordinador del Doctorado Interfacultades en Salud Pública de la UNAL, menciona que “las cuatro líneas de acción que componen este piloto son: exigibilidad del derecho a la atención integral en salud; fortalecimiento de la soberanía alimentaria; protección de las prácticas ancestrales y saberes en salud; y organización comunitaria, que permitirán que la comunidad pueda avanzar hacia un sistema propio de salud, intercultural, territorial y solidario”.

La situación de salud en la región es percibida como muy precaria, debido a la ausencia de servicios de salud en el territorio, el deterioro creciente y la ausencia física de la red pública en salud y el incumplimiento de las aseguradoras en salud (EAPB).

Los problemas predominantes en la región son las enfermedades infecciosas (como leishmaniasis, parasitarias, etc.) y crónicas (hipertensión, diabetes, obesidad, caries dental), la violencia intrafamiliar y las violencias basadas en género, los homicidios y los problemas de salud mental relacionados con las secuelas de la guerra y el control armado que se ejerce sobre el territorio.

Aunque las personas están afiliadas al sistema de salud, las aseguradoras no adelantan acciones para superar las barreras geográficas, de transporte, económicas y administrativas, lo que se traduce en desatención, ausencia de seguimiento y una inexistente red que permita atender oportunamente casos graves que, siendo perfectamente tratables, terminan en secuelas indeseables o en muertes prematuras.

Así mismo, el odontólogo Rafael Antonio Malagón, profesor de la Facultad de Odontología de la UNAL, explica que “esta población presenta otro tipo de problemas como las lesiones por accidentes de trabajo y de transporte, y la discapacidad, que frecuentemente no son tratadas por el sistema de salud”.

Además, en todo el territorio hay una escasa cobertura de los servicios de agua y alcantarillado, recolección y eliminación de basuras.

“No se trata solo del abandono estatal, sino que también subsiste el estigma contra la población de parte de agentes del Estado, herencia de la lógica de guerra contrainsurgente en el país”, señala el profesor Malagón.

Acciones en los territorios

Una de las primeras acciones adelantadas fue la presencia en las zonas de un nutrido equipo conformado por profesores y estudiantes de pregrado y posgrado de Terapia ocupacional, Odontología, Medicina, Enfermería, Arquitectura, Derecho, Psicología, Trabajo Social, Medicina Veterinaria, Cine y Televisión y del Doctorado Interfacultades en Salud Pública, quienes atendieron a la población a través de un programa de salud integral y realizaron acciones en cada una de las líneas estratégicas del proyecto. A la iniciativa se sumó la organización Salud al Derecho, y se contó con el apoyo de Red Paz UNAL.

Así, se documentaron más de 200 quejas, reclamos y derechos de petición realizados por la comunidad por la falta de atención a problemas tan significativos para los pacientes como cirugías no programadas, necesidades insatisfechas de aparatos ortopédicos, falta de acceso a medicamentos esenciales en la atención de enfermedades crónicas, entre otras.

La Universidad, a través del Consultorio Jurídico y la organización Salud al Derecho, iniciarán las acciones orientadas a demandar de los aseguradores y del Estado el cumplimiento de sus obligaciones.

También se pudo evidenciar la existencia en el territorio de saberes comunitarios sobre estas prácticas, que deben ser potenciados, y la dependencia alimentaria que se expresa en la compra de productos, no siempre saludables, fuera de la región.

Fortalecer la producción y las economías locales sustentables es una tarea inaplazable que tiene todo que ver con la salud de la población. Por eso, la UNAL plantea poner en marcha un sistema de huertas familiares de alimentos con base en tecnologías agroecológicas, es decir alimentos que contribuyan tanto a la salud de las personas como al cuidado del medioambiente y a la soberanía alimentaria.