Bienestarina, más allá del debate, en el país urgen políticas contra la desnutrición

“A mediano plazo, el reto es fortalecer programas productivos en Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN), en zonas dispersas y encomia solidaria; y en el largo plazo, establecer procesos de producción local, compras públicas y acciones de seguridad alimentarían con soberanía alimentaria que incluyan procesos de sustentabilidad ambiental y alimentaria para el lograr el derecho humano a la alimentación de la población”, amplía la académica.

A raíz del debate provocado por las afirmaciones del Presidente de la República, Gustavo Petro, con respecto a la compra de bienestarina para nutrir a la primera infancia más vulnerable del país, la profesora Del Castillo recuerda que hace casi un año, en febrero de 2022, el país afrontó la controversia generada por el informe de la FAO, que lo ubicó como uno de los 20 países en riesgo de enfrentar hambre aguda en el mundo.

Para la profesora Del Castillo, “urgen acciones que garanticen el acceso a los alimentos de las poblaciones más vulnerables”.

Entre enero y agosto de 2022, el Instituto Nacional de Salud registró la muerte de 166 niños, menores de 5 años, por desnutrición; en 2021 fueron 165. La región más afectada sigue siendo La Guajira.

A los históricos factores de pobreza, el conflicto armado y las variaciones climáticas -fuertes inundaciones y sequías- se han sumado en estos años, la presión migratoria y la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

Según la académica, “el hecho de que en un país no haya escasez de alimentos no garantiza el acceso de estos en la cantidad y calidad que requiere toda su población, y no son los programas asistenciales los garantes de un consumo suficiente para cubrir las necesidades nutricionales de todos los hogares más pobres”.

En su opinión, “es importante que los académicos en dicha agenda podamos tener una participación y una posibilidad de generar y construir con el gobierno desde los territorios, alternativas para las diferenciales de este país”.

Un complemento nutricional

Desde 1976, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) empezó a producir y distribuir la bienestarina como parte de los programas institucionales dirigidos a la población más vulnerable del país.

Ante un posible escenario de desmonte de producción de este suplemento, el profesor Jhon Jairo Bejarano, de la Facultad de Medicina de la UNAL, afirma que “se deben ofrecer garantías de producción de alimentos a nivel local que involucren a las comunidades rurales; además, es necesario acercarnos a la realidad alimentaria de los niños que tienen riesgo o que ya tienen un diagnóstico de desnutrición”.

De igual manera, manifiesta que “si se dejara de ofrecer la bienestarina, se debería medir el impacto de su sustitución, porque está concebida desde el déficit nutricional de la población colombiana”.

Dicho complemento, tiene más de 2 millones de beneficiarios en los 32 departamentos del país, que van desde los seis meses de edad. Según el experto, “entre sus componentes se destacan la linaza, harina de trigo, fécula de maíz, harina de soya y leche en polvo, que aportan al desarrollo cognitivo y corporal”.

Teniendo en cuenta que la bienestarina se produce en dos plantas, ubicadas en Santander y Valle del Cauca, el profesor Bejarano resalta la importancia de que el país produzca insumos que en el momento se están importando, lo cual se traduce en mayores costos.

“Es fundamental analizar la cadena agroalimentaria de la bienestarina para disminuir sus costos internos y hacer una dispersión por el país frente a pequeños productores que tenían la capacidad técnica para producirla, pues de esta manera la producción sería logísticamente más económica”, concluye.