Barrios del despojo

Doña Stella Ramírez* luce calmada mientras ve salir a un par de jóvenes de la trocha que rodea la quebrada La Soledad, separada de su casa por unos pocos metros. Ella vive en Dosquebradas, municipio perteneciente al Área Metropolitana Centro Occidente (Amco) de Risaralda, que también incluye a Pereira y a La Virginia.

Esta mujer, madre de dos hijos, lleva 10 años viviendo en Santa Teresita, barrio de la comuna 11, cuyo territorio se extiende a cuatro más: El Diamante, La Capilla, Los Naranjos y Siete de Agosto. Este último, con tan solo 99 habitantes, perdió el 12 % de su población por homicidios en el 2010.

Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Dosquebradas cuenta con 193.025 habitantes, equivalentes a cerca del 20 % de la población de Risaralda. Durante los últimos 10 años, su tasa de homicidios ha bajado un 53 % y los años más críticos han sido 2002, 2005 y 2008. La tendencia en el Amco, al igual que en el resto del país, ha disminuido.

Comparada con Pereira, ambas ciudades registran tasas de homicidio que superan el umbral de epidemia declarado por la Organización Mundial de la Salud: 10 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Estas cifras motivaron a William Jiménez, magíster en Hábitat de la UN Sede Manizales, a realizar una investigación en la que relacionó los conceptos de hábitat, vulnerabilidad y violencia, para determinar qué factores antrópicos (como el microtráfico) condicionan el habitar de los moradores de la comuna 11, deteriorando las relaciones sociales y sus espacios. 

Entre la amenaza y el delito 

Desde la comodidad de su casa, doña Stella dice que no se siente segura. Con frecuencia cree que la están siguiendo y que en cualquier momento de la noche algún extraño abrirá la puerta de su casa. La información del investigador revela, en términos generales, que existe una percepción predominante de inseguridad en cuatro de cada 10 habitantes de la comuna (38,3 %).

En el 68,1 % de los hogares encuestados, es decir uno de cada cuatro, las personas fueron víctimas de algún tipo de delito en el último año, en su mayoría relacionados con hurto y homicidio. Sin embargo, también se encontaron formas de victimización como amenaza, secuestro, extorsión y violación.

"En siete de cada 10 hogares hubo alguien victimizado en el último año y en seis de cada 10 casos se utilizaron armas. El hecho que dos de cada tres delitos hayan representado costos para las víctimas de hasta 800.000 pesos muestra la base sobre la cual se sustenta tal afirmación", precisa Jiménez.

Según estos actos delictivos, el experto analiza la violencia como la amenaza a la que están expuestas las personas, su capacidad de recuperación y la posibilidad de adaptarse a los hechos.

La innovación de su propuesta radica en que el análisis se realizó bajo metodologías cuantitativas y cualitativas, ya que normalmente la vulnerabilidad se estudia bajo el sistema de riesgo por amenazas naturales, como deslizamientos o la creciente de un río, y no frente a la violencia. 

Es posible considerar a la vulnerabilidad como una tecnología llena de instrumentos, técnicas y métodos que permiten desarrollar un estudio aplicado. No obstante, la ausencia de análisis de este tipo, aplicados a contextos sociales, genera ciertas dificultades para no caer en simples descripciones intuitivas. La mezcla entre metodologías cualitativas y cuantitativas ayuda a acercarse a esta realidad.

El investigador analizó, entre las causas que contribuyen a la violencia, la incidencia de las instituciones políticas y legales sobre la situación de la comuna (la policía, administradora pública de la fuerza, y la familia, la escuela y la religión como instituciones de control informal legal). En este contexto, la corrupción, la desconfianza y la pérdida de valores aumentan la vulnerabilidad de estos sectores.

Desde los factores socioeconómico y cultural, el experto argumenta que si bien la violencia no se explica solo por la condición de pobreza, un delito tiene mayor impacto en la composición familiar de alguien de bajos recursos. "La capacidad económica de estas familias depende de la fuerza de trabajo de uno o dos integrantes. De ahí que cuando uno de ellos es despojado de sus pertenencias se están robando el sustento familiar", sostiene.

Generalmente las personas de escasos recursos no tienen ahorros ni asegurados sus bienes materiales. El 100 % de la mesada mensual se destina a bienes y servicios, que sirven para el sustento. Sin embargo, no necesariamente los barrios más pobres son los más violentos, ni los más ricos, los más seguros.

Por último, se observa el factor físico-espacial, en el que se especifica la localización de organismos de defensa, la densidad poblacional de la comuna y la configuración territorial de los barrios, en la medida en que influyen en la vulnerabilidad. 

Nadie vive tranquilo 

Desde hace algunos meses, la casa de doña Stella se ha visto plagada de "ratas", que llegaron con los consumidores de heroína. Hace poco, a uno de sus hijos lo amenazaron con una jeringa. Por esta razón, quienes la visitan la llaman con anticipación para que esté pendiente de ellos; además, con el fin de reducir riesgos, no contesta el celular en la calle ni lleva alhajas. Nadie vive tranquilo, dice ella.

"La violencia modifica los patrones de conducta y los hábitos de las personas. Así, se construyen comportamientos colectivos basados en la desconfianza hacia el vecino y se pierden valores como solidaridad y cohesión social, lo cual repercute en la identidad", añade el magíster.

A eso de las seis de la tarde, los rostros de los personajes que pasan por la rejilla que separa la casa de doña Stella de la quebrada son irreconocibles, tanto por la oscuridad que reviste la noche como por su manto de suciedad. La mujer asegura que están drogados. Uno a uno, van saliendo de la trocha y se ubican sobre la Avenida Simón Bolívar, principal corredor de Dosquebradas y foco característico de innumerables peligros.

Bajo este panorama, Jiménez ubica espacialmente escenarios de violencia reconocidos por residentes de la comuna. Algunos de ellos no cuentan con vigilancia adecuada, ya sea porque la vegetación a su alrededor obstaculiza la visión o porque son callejones sin salida.

Los parques, lugares de recreación y ocio para los habitantes, se han convertido en cómplices de "ollas". Estos espacios son dominados por pandillas pertenecientes a bandas criminales, que comercializan y consumen estupefacientes, haciendo que el temor crezca y se imponga el encierro colectivo.

Como parte de su protesta ante la situación del barrio Santa Teresita, doña Stella presentó un derecho de petición ante las autoridades competentes, firmado por algunos de sus vecinos, con el fin de pedir ayuda para acabar, o por lo menos reducir, la criminalidad.

"Hay una emergencia por la violencia y por una sociedad en la que el desorden -rasgo estructural de convivencia- termina siendo no la excepción sino la regla", concluye.

Esta sociedad se mueve en la anomia, es decir la falta de normas o la incapacidad de la estructura social para proveer a ciertos individuos de lo necesario para la convivencia, concluye el investigador. 

*Nombre cambiado por razones de seguridad.