Ausencia de responsables y nula reparación para mujeres víctimas en Cravo Norte y Puerto Rondón

Cravo Norte y Puerto Rondón son dos de los siete municipios que conforman el departamento de Arauca, limítrofe con Venezuela. Durante los años ochenta, con el auge del conflicto armado y debido a su ubicación estratégica, estos municipios se convirtieron en puntos clave para el control del territorio. Actores armados como la antigua guerrilla de las FARC, el ELN y los grupos paramilitares utilizaron la violencia para controlar la población.

Las mujeres de estos dos municipios sufrieron violencia sexual y de género, pero la falta de denuncias por miedo a las represalias, a los señalamientos y a la normalización a las formas de violencia, provocó que los hechos victimizantes carezcan hoy de responsables directos.

Así lo evidencian dos informes presentados ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la Mesa de Víctimas de Cravo Norte y Puerto Rondón, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU Derechos Humanos Colombia y el Observatorio de Frontera, Territorio y Paz (OFTP) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia.

“Algunas mujeres fueron utilizadas como objeto sexual por los grupos armados para dejar un mensaje en las personas, pero la mayoría de las víctimas de estos casos no denunciaron ni son reconocidas como tales. Las mujeres no hablan de sus historias en voz alta”, expresa Jhonathan Ballesteros, coordinador del OFTP.

Por eso los informes extienden la solicitud a la JEP de investigar y sancionar los casos de violencia de género y violencia sexual ocurridos en la zona y a motivar a las instituciones del Estado a prestar la debida asistencia y reparación a las víctimas de estos crímenes.

Entre el silencio y el abandono estatal

En el documento, una lideresa de la comunidad de Puerto Rondón relata que la violencia hacia las mujeres era constante. “Hubo un caso de una señora que los paras (paramilitares) le iban a matar a su esposo, pero le dijeron que si tenía relaciones sexuales con ellos no lo harían. Ella accedió, pero aún así le mataron al esposo. A pesar de que es una violación, ella no lo reconoce como tal y por miedo a ser juzgada no habla de su historia”.

Los testimonios recolectados dan cuenta de cómo las formas de vida de las mujeres cambiaron cuando llegó la violencia a sus territorios. Por un lado, tuvieron que asumir la carga de un hogar luego de perder a sus seres queridos, que en muchos casos eran quienes proveían económicamente al hogar, y por otro debieron soportar los ataques sexuales, físicos, la humillación pública y el control a sus formas de vestir y comportarse por los grupos armados insurgentes.

“En estas comunidades no se habla de violencia de género, y por ende las personas no saben cuándo reconocerla, por eso la normalizan tanto, que llegan al punto de callar para evitar la revictimización […] resulta importante establecer mecanismos prontos de reparación a las víctimas”, expresa el coordinador del OFTP de la UNAL Sede Orinoquia.

Asegura además que “las ’pocholeras’ –mujeres que tenían alguna relación con policías– sufrieron diferentes formas de violencia que iban desde secuestro hasta desplazamiento, abuso sexual e incluso la muerte”, una situación que reafirma la lideresa consultada, quien asegura conocer casos de mujeres asesinadas por el simple hecho de lavarles la ropa a los policías.

Ante el miedo inminente de ser señaladas, acusadas o raptadas, las mujeres cambiaron sus formas de comportarse, de vestirse e incluso de relacionarse, en un intento de seguir sus vidas como si nada sucediera. “Igual ninguna hablaba de lo que le pasaba, no querían ser humilladas”, expresa la mujer de Puerto Rondón. Para ella la situación no ha cambiado. Las denuncias siguen sin hacerse porque el tabú de hablar sobre violencia de género sigue vigente, pero además Arauca vive un recrudecimiento de la violencia que, a la fecha ha dejado más de 300 muertos, según la Defensoría del Pueblo.

A pesar de la falta de denuncias y de responsables, ella exige una reparación del Estado a las mujeres de los dos municipios. Pide un acceso a las tierras para las mujeres, ofertas de empleo dentro de sus territorios, unidades de salud en las zonas rurales y vivienda para las mujeres y madres cabeza de hogar.