Aumentar el presupuesto educativo y bajar la precarización: reforma a la Ley 30 de 1992

Con el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior (Ley 30 de 1992) se busca cambiar la base presupuestal para que esta no crezca con la inflación sino con el índice de costo de educación superior y con algunos puntos por la planta docente y de trabajadores de cada institución, lo cual haría el modelo equitativo para las necesidades educativas actuales.

“El Estado debe garantizar la educación, y no como una inversión individual sino como un bien para la sociedad, distinto a lo que se propone desde algunos sectores políticos que buscan que a los estudiantes de grado undécimo y sus familias se le den bonos para decidir si entran a una IES”, dijo Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.

Esto es clave porque, como indicó el profesor José Ismael Peña, vicerrector de la UNAL Sede Bogotá, “concentrarse en una inversión por número de estudiantes, como también se planteó en estos días desde el Sistema Universitario Estatal (SUE), es simplificar demasiado el problema, ya que las instituciones tienen necesidades diversas y complejas, incluyendo el hecho de que este modelo educativo es el único que incluye un sistema de salud como por ejemplo Unisalud y hospitales universitarios”.

Por su parte el profesor Andrés Felipe Mora, de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la UNAL, recordó los puntos clave que se han venido trabajando en los anteriores foros realizados en las sedes Manizales, Palmira, Tumaco y Medellín.

“No se trata solo de reformar los artículos 86 y 87, sino de avanzar y trascender la discusión y financiera para replantear el modelo educativo del país, en el que se pone sobre la mesa la necesidad de cerrar brechas entre instituciones y teniendo en cuenta la ruralidad”.

Hoy se debe revisar la distribución de los recursos, ya que no son solo 32 IES, sino 64, y las universidades se llevan el 97 % de los recursos.

Otro tema importante es la mercantilización de la investigación y extensión de las universidades, en donde existe una tensión entre los recursos propios y la autofinanciación. Para el experto, “se debería financiar no solo el ingreso a la educación, sino todas las demás funciones de las universidades”.

En este punto, Sara Jiménez, representante estudiantil ante al Consejo Superior Universitario (CSU), aseguró que “en 1995 había en la UNAL cerca de 28.000 estudiantes, pero hoy son 57.000 y se mantienen con la misma base presupuestal, lo cual no es suficiente. Además la planta docente está congelada y esto genera obstáculos”.

“Los espacios de diálogo que se están proponiendo deben ser más constructivos que informativos, ya que en general ocurre que la diversidad de opiniones se pierde y se terminan tomando decisiones que no se conocen en las reuniones o asambleas”.

En cuanto a lo que esperan los docentes de esta reforma, la profesora Beatriz Martínez, representante ante el CSU, manifestó que “se lleva un largo tiempo trabajando en propuestas y nuestro papel no es el administrativo. Se necesita de una formalización de la planta docente, asumiendo la responsabilidad de manera colectiva y no solo desde un grupo específico ya sea de rectores o profesores que toman el poder o la vocería”.

En esta misma línea, y sobre el tema de los administrativos y funcionarios, que son gran parte de la comunidad universitaria, Jaime Salamandra, presidente del Sindicato Mixto de Trabajadores de Universidades Públicas Nacionales (SintraUNAL), hizo énfasis en que “el trato no ha sido justo y el sistema educativo ha fallado todos estos años, una muestra de ello es que no se ha cumplido con el tema de recursos”.

“La educación no debería ser una mercancía, hoy en día el sistema es inequitativo y las personas tienen que endeudarse para poder acceder a la educación, esto tiene que cambiar y es desde estos espacios de diálogo en que se empieza a gestar. Hoy en día hay más participación de administrativos en instituciones privadas que públicas”.

Por el momento habrá que esperar lo que ocurre durante las asambleas convocadas por el Gobierno nacional para dialogar sobre esta reforma y la presentación de la propuesta final ante el Congreso, que se tiene planeada para el 20 de julio.

* Foto2: En el foro participaron: José I. Peña, vicerrector de la Sede Bogotá; Laura Quevedo, representante estudiantil ante el Consejo Académico; Andrés Felipe Mora, docente de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales; Jaime Salamandra, presidente de Sintraunal; Nohora Olaya, presidenta Subdirectiva de Sintraunicol Bogotá; Beatriz Martínez, representante profesoral ante el CSU; Sara Jiménez, representante estudiantil ante el CSU, y Jennifer Pedraza, representante a la Cámara.