Atención a víctimas de violencia sexual es ineficaz en zona rural de Antioquia

En su investigación, Diego Alejandro Ossa Estrada, magíster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), entrevistó a 57 personas de los ámbitos de la salud, protección, justicia, educación y comunitario, con el fin de contrastar lo que está referido en el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, con lo que perciben los actores que participan en él y lo ejecutan.

Explica que una de las situaciones que lo motivó a desarrollar este trabajo fue la experiencia que tuvo en unos de los hospitales de Antioquia.

“Allí conocí diversos casos de revictimización en los que estuvieron expuestos varios niños y niñas víctimas de violencia sexual, que se acercaban para un proceso de atención en salud. Esto se fue convirtiendo en una constante al momento de atender a la mayoría de las víctimas, tanto por la institución prestadora del servicio como por las demás entidades municipales involucradas en la ruta de atención y protección”.

En Colombia, el Gobierno nacional –a través del Ministerio de Salud y Protección Social y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)– adoptó en 2012 un Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual, una herramienta para que los equipos de profesionales e instituciones puedan brindar una respuesta eficaz y humana que se constituya en el elemento fundamental para minimizar riesgos asociados con la situación de violencia y dar una atención de calidad a las personas que la han sufrido y se encuentran en un momento de vulnerabilidad extremo.

Así, los actores del Sistema General de Salud deben tener, entre otros, capacidad de respuesta ante estos eventos; contar con personal calificado y capacitado; designar un responsable o un comité institucional que dirija y actúe en el abordaje del caso; garantizar los elementos para realizar profilaxis posexposición para enfermedades de transmisión sexual, VIH y embarazo; establecer los procesos de remisión intersectorial: rutas de protección y rutas de acceso a justicia; y definir y garantizar acciones de seguimiento.

Desconocimiento del modelo

En los tres municipios seleccionados se indagó por las características relacionadas con el acceso a la atención, la justicia, la protección y la restitución de derechos de los niños y adolescentes víctimas, y también por aspectos relacionados con la articulación de las diferentes instituciones involucradas en la ruta de atención.

Así mismo se consideraron los mecanismos de prevención hacia la problemática y concepciones de la comunidad y los profesores sobre la atención y respuesta por parte de las instituciones.

Entre los hallazgos, el investigador indica que “aunque el modelo obliga a que todos los integrantes de una institución de salud que conozcan o sospechen de un caso de abuso sexual deben denunciar, esto no se está haciendo de manera oportuna”.

“Esto sucede en parte por el desconocimiento de la importancia de la denuncia, el bajo compromiso con el proceso de atención de las víctimas, o el poco tiempo que tienen para realizar las consultas médicas”.

“En las instituciones no se realizaba una atención de urgencia e inmediata a las víctimas, lo que se agudizaba cuando los hechos habían superado las 72 horas”.

Por otro lado, según los relatos de los entrevistados, la mayoría de acciones por parte del personal de salud se orientaban a realizar el tratamiento farmacológico, los exámenes diagnósticos y recolectar las evidencias forenses, sin incluir necesariamente un apoyo emocional a las víctimas, debido a que no en todas las instituciones había un psicólogo, y los que había tenían muy poca oportunidad en la agenda, o algunas veces los tratamientos terapéuticos no eran autorizados por las EPS.

De otra parte, en el ámbito comunitario y educativo hay un limitado conocimiento en cuanto a la identificación de signos y síntomas de las víctimas.

Según el investigador, aunque se ha hecho un esfuerzo en la ejecución del Modelo, en la actualidad se reconoce que hace falta mayor conocimiento frente a la manera como ha operado la atención integral y la garantía de los derechos de las víctimas y, más aún, de aquellas que habitan los territorios rurales.