Arrogancia del poder reduce autodeterminación en el Archipiélago

Meses después del fallo de La Haya, el conflicto entre los gobiernos de Colombia y Nicaragua se profundiza ante el anuncio del Ministerio de Energía y Minas (MEM), en Managua, de dar inicio a la perforación del primer pozo petrolero en aguas profundas.

Lo realizará la empresa de capital norteamericano Noble Energy en una de las dos áreas de concesión (otorgadas por la Corte Internacional de justicia al vecino país) en la plataforma continental del Atlántico; se tiene previsto invertir 300 millones de dólares en la etapa inicial.

En una comunicación a periodistas de su país, el ministro del MEM señaló que el permiso ya había sido otorgado desde antes del año 2009 a la empresa MKJ Exploraciones Internacionales S.A., la cual realizó estudios de sondeo. Posteriormente, esta compañía vendió su licencia a Noble Energy, con base en Houston (Texas), que  en la actualidad adelanta proyectos similares "mar adentro" en Israel, cerca de las islas Galápagos (Ecuador), en la Guinea Ecuatorial y en las islas Malvinas (Reino Unido).

En Colombia, un año antes del fallo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos también había otorgado licencias para explorar y explotar dos bloques en el área de la reserva marina protegida del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina: uno cerca a Quitasueño (Cayo 1, de 944.000 hectáreas) y otro en Providencia (Cayo 5, de un millón de hectáreas).

Sin embargo, gracias a la movilización unánime de la comunidad raizal y de instituciones como la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago (Coralina) "que se pronunciaron en defensa de la integridad de la Reserva de Biosfera Seaflower", el presidente Juan Manuel Santos, en discurso del primero de octubre de 2011, anunció la renuncia del Gobierno al proyecto de extracción petrolera en la región. 

Contradicciones 

En el contexto de la geopolítica del nuevo extractivismo, se erigen en América Latina y el Caribe dos visiones. La primera, de una América Latina colonial sujeta "como decía Galeano en sus Venas abiertas"" a quinientos años de explotación de petróleo, hierro, oro y cobre. Materias primas destinadas a los países industrializados, que se benefician más que los países latinoamericanos, quienes las producen.

Y, la segunda, de aquellos que critican el modelo neo-extractivista (Gudynas, 1999), defendido por los llamados gobiernos progresistas como indispensable para redistribuir la renta, atacar la pobreza y asegurar el progreso y el desarrollo nacional.

En la región hay dos ejemplos de las contradicciones del modelo capitalista extractivista:  la decisión reciente del presidente de Ecuador, Rafael Correa, de romper el mandato ecológico constitucional y abrir la exploración de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) "que en parte se superponen con el Parque Nacional y Reserva de Biosfera Yasuní".  Y la del presidente de Bolivia, Evo Morales, de ingresar en áreas protegidas o territorios indígenas y campesinos para explorar y explotar minerales y petróleo.

Estos son tipos de desarrollo depredadores sobre los que existen fuertes resistencias sociales.

Por otra parte, en el contexto de América Central y el Caribe occidental, el proyecto de entregar a China una concesión por cien años para construir el canal interoceánico en Nicaragua y la ampliación del  Canal de Panamá por parte de Estados Unidos revitalizarán las disputas comerciales globales por el acceso a los mercados. Por lo cual, esta región se constituirá en escenario de nuevas lucha por la hegemonía. 

Lo que está en riesgo 

Reservas como Seaflower, inscritas en el Programa Hombre y Biosfera de la Unesco, son ecosistemas terrestres o costeros marinos donde es posible integrar la conservación de la diversidad biológica, la búsqueda de un desarrollo sostenible y el mantenimiento de los valores culturales tradicionales. El objetivo es respetar la historia local y las formas de ordenar el territorio.

Ello significa reconocer las relaciones culturales ancestrales que existen en los pueblos raizales de Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, quienes conforman comunidades que comparten lengua, cultura y religión y defienden cierta manera de relación entre cultura y naturaleza.

Sin embargo, esta relación histórica ha sido interrumpida por los límites imaginarios de los Estados nacionales que perpetúan un enfoque geopolítico y de seguridad internacional heredado desde los años cincuenta;  también, por la imposición de un modelo de desarrollo foráneo que reproduce la desigualdad social, la discriminación, la homogenización cultural y, sobre todo, la depredación de los recursos naturales.  

La declaración de la reserva de biosfera "producto de un proceso colectivo que empezó en los años noventa liderado por Coralina " representó para los sanandresanos una evidencia de que sí se pueden llevar a cabo propuestas alternativas al modelo de desarrollo comercial insustentable. De hecho, significó que en el año 2000 el Estado reconociera (no sin muchas ambivalencias), ante una instancia internacional, que era posible respaldar una propuesta construida desde abajo, desde la base social. 

La alternativa 

Tres de los grandes errores del Gobierno colombiano ante el tribunal de La Haya tienen relación  con la estrategia equivocada que asumió:

1) Ausencia de una visión estratégica en el análisis de la geopolítica del Caribe y falta de trabajo diplomático con los países vecinos de la región.

2) No presentar la Reserva de Biosfera Seaflower y, específicamente, la reserva marina como garantía de la subsistencia de sus pobladores. Aspecto fundamental en la defensa  de la integridad ambiental y social del Archipiélago.

3) Y lo más grave, el desconocimiento del derecho de autodeterminación de los pueblos, defendido por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Hoy, en el Caribe occidental, en medio del conflicto gestado por las visiones extractivistas, podría proponerse un modelo alternativo que contemple una geopolítica de la autonomía de sus pueblos y, a su vez, rescate una diplomacia olvidada por la arrogancia de los poderes en Managua y en Bogotá.

En el marco de este litigio, los pueblos son los más afectados y olvidados en el debate público nacional e internacional.