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Ante la ausencia del Estado, en la región del Guamocó aplican estrategias de justicia comunitaria
En Colombia la justicia comunitaria puede servir de referencia para políticas públicas que fortalecen la autonomía de las comunidades rurales. Foto: archivo Unimedios.
Las comunidades prefieren resolver los conflictos localmente para evitar que trasciendan a manos de actores armados que puedan imponer soluciones autoritarias. Foto: archivo Unimedios.
La justicia comunitaria es un modelo de resolución de conflictos que privilegia el diálogo y la participación colectiva. Foto: Camilo Villamil, magíster en Derecho de la UNAL.
A diferencia del sistema judicial formal –como el del Estado–, la justicia comunitaria, que se presenta especialmente en contextos rurales o indígenas, es un modelo de resolución de conflictos que privilegia el diálogo, la participación colectiva y los valores propios de las comunidades sin depender del Estado.
“Dicho enfoque busca soluciones rápidas y efectivas a través del diálogo y la mediación, que fortalezcan los lazos comunitarios promoviendo una convivencia participativa y pacífica”, explica el doctor en Derecho Édgar Augusto Ardila Amaya, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).
En ese sentido, “los territorios aislados, que han enfrentado una histórica ausencia del Estado –salvo en su faceta extractivista y militar–, han forjado sistemas normativos propios, mediante los cuales las comunidades regulan tanto el acceso a recursos como las relaciones vecinales”, amplía el académico, director de la Escuela de Justicia Comunitaria de la UNAL.
Un nuevo análisis sobre cómo opera este modelo en los municipios de El Bagre y Nechí, en Antioquia, y Santa Rosa del Sur y Montecristo en Bolívar, conocida como región del Guamocó, fue realizado por el abogado Camilo Ernesto Villamil Gómez, magíster en Derecho de la UNAL.
En este escenario, la investigación reveló que, pese a la ausencia del Estado en la zona –es decir que no hay comandos de policía o casas de justicia–, la comunidad, mediante normas propias y liderazgos internos, busca que los conflictos locales, como violencia intrafamiliar, chismes, demarcación de linderos, o conflictos laborales relacionados con el cultivo de coca o la comercialización de oro (explotación habitual de la zona), entre otras, se resuelvan a través del diálogo y de acuerdos internos.
“Así evitan que los casos escalen a actores externos como los grupos armados o la policía –algunas veces–, preservando su autonomía y fortaleciendo el tejido social”, destaca el magíster.
El abogado Villamil, quien ha trabajado durante 15 años como asesor en derechos humanos con organizaciones campesinas, señala que “estas dinámicas se manejan a través de comités de conciliación o con líderes sociales y religiosos, como pastores o curas; la legitimidad de estas figuras dentro de las comunidades es esencial para resolver disputas sin recurrir a mecanismos externos”, explica el magíster.
Uno de los puntos destacados del estudio es la estructura normativa dada en la organización comunitaria, pues se identificaron regulaciones específicas en áreas como agricultura, minería y comercialización de productos.
En este sentido, el papel de las Juntas de Acción Comunal (JAC) resulta fundamental en este entramado, ya que los comités de conciliación de las JAC actúan como mediadores principales en conflictos locales, según el estudio. En las zonas más alejadas de los cascos urbanos, donde no hay acceso a inspectores de policía ni otros representantes estatales, estas juntas se convierten en la primera línea de defensa para resolver disputas.
“Cuando los conflictos escalan hacia actores externos, como los grupos armados o las estaciones de policía de las veredas cercanas, que solo hay en algunas zonas, las comunidades perciben una pérdida de control sobre sus asuntos o sienten que no se resuelven debidamente”, indica el magíster.
Sin embargo, a través de las entrevistas realizadas a los habitantes en las diferentes veredas, se encontró que los actores armados no actuaban de la misma manera, y que durante el proceso de paz hubo diferencias significativas.
“En el caso de las FARC y el ELN, presentes en la zona, aunque con un componente autoritario por su condición armada, su gestión de conflictos tendía a fortalecer los liderazgos comunitarios, respaldaban decisiones tomadas por comités locales, exigiendo su cumplimiento mediante presión simbólica. En contraste, los paramilitares gestionaban los conflictos de forma totalmente impositiva y dominante, beneficiando principalmente a quienes les eran afines”, añade el investigador.
Antes de que los conflictos lleguen a instancias armadas, las comunidades suelen imponer sanciones como multas, trabajos como la limpieza de espacios públicos o caminos, y en casos graves la expulsión de quienes amenazaran la estructura comunitaria.
