Administración conjunta del mar contrarrestaría efectos del fallo

Ha sido tradicional que, ante las discusiones con Nicaragua sobre la soberanía de Colombia en el mar Caribe, la reacción sea la misma: reforzamiento del contingente militar; visita de altos funcionarios del Estado para ratificar la soberanía sobre las islas; y una gran inversión de recursos para resolver los problemas sociales y económicos, que se hacen públicos gracias a la atención de los medios durante la coyuntura.

En algunos aspectos, esta situación ha sido ventajosa para la comunidad local. Pero no por eso deja de ser circunstancial y no responde a una estrategia de largo plazo del país respecto a sus fronteras marítimas y su administración.

En 1969, cuando Nicaragua otorgó concesiones para adelantar la exploración petrolera en áreas que comprenden territorio marítimo colombiano, el Archipiélago fue designado intendencia especial, para que gozara de mayor autonomía financiera y administrativa que el resto de intendencias.

En los años ochenta, en medio del conflicto centroamericano que amenazaba con extender sus consecuencias a las islas, se ejecutaron importantes obras de infraestructura de servicios públicos y se estableció un marco legislativo que intentaba subsanar las nefastas consecuencias del puerto libre.

Es así como se instalaron plantas eléctricas y se construyó una planta de reciclaje de basuras y otra desalinizadora de agua. Asimismo, se promulgaron decretos para controlar la masiva inmigración (Decreto 471 de 1986); proteger el patrimonio cultural de la población isleña (Decreto 473 de 1986) y dar un fuerte impulso al turismo (Decreto 470 de 1986).

Históricamente, las diferencias con Nicaragua han ofrecido un contexto favorable para resolver nuestros disensos fronterizos con nuestros vecinos de Centroamérica y el Caribe.

La suscripción del tratado Vasquez-Saccio con Estados Unidos en 1972, que reconoce la soberanía colombiana sobre los cayos Roncador y Quitasueño, estuvo motivada por las pretensiones de nicaragüenses sobre estos.

Más allá de los tratados

Como estrategia de defensa, el Gobierno colombiano decidió consolidar sus fronteras marítimas en el Caribe, con el argumento de que el reconocimiento de la soberanía colombiana sobre las islas, por parte de sus vecinos caribeños, restaba contundencia a las pretensiones de Nicaragua.

Por eso, suscribió el tratado Lievano-Boyd con Panamá (en 1976); el tratado Fernández-Facio con Costa Rica (en 1977); y los tratados Lievano-Brutus y Lievano-Jimenez con Haití y República Dominicana, respectivamente (en 1978).

Pero no ha desarrollado una política de vecindades en la frontera marítima que trascienda el interés político e involucre la intervención académica, económica y social entre países hermanos, con miras a establecer una zona de integración fronteriza.

También ha sido una constante que, al suscribir estos tratados, no se considera la opinión de la comunidad de las islas, e incluso se ha hecho a costa de ceder parte del territorio nacional.

La promulgación de la Ley 34 de 1986, que permitía a buques jamaiquinos pescar en aguas territoriales colombianas, y el tratado Ramírez-López, suscrito con Honduras ese mismo año y que cedió a este país cerca de 35 mil kilómetros cuadrados de territorio marino, se efectuó haciendo caso omiso de la oposición de la comunidad local.

Además, poco se ha hecho en términos de reparar la ruptura de lazos afectivos, familiares y comerciales entre pueblos hermanos que se debaten en la confrontación entre Estados.

En 1928 se dio la primera gran fragmentación del territorio, en la cual el meridiano 82 marcaba el límite en un archipiélago que hasta ese entonces funcionaba como una integralidad. Esta segmentación agudizó la crisis del coco, cuyos productores tuvieron que enfrentar la disminución del precio internacional y las consecuencias de tener cultivos en dos países diferentes.

El reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, que modificó los límites marítimos entre Colombia y Nicaragua, evidencia una realidad que no ha cambiado en más de ochenta años de disputa: la defensa no involucra a la comunidad; rumores sobre la presencia de hidrocarburos en la zona; una nueva fragmentación del territorio insular; la reacción de Colombia frente a la comunidad isleña, que no ha sido tampoco distinta; reforzamiento del contingente militar y policial; inversión de recursos para aliviar algunos de los problemas sociales que enfrentan las islas; y, luego, desplazamiento de la atención nacional hacia otros asuntos.

En esta oportunidad, se formula el Plan San Andrés, al cual se estima que se destinarán 170.000 millones de pesos.

Propuestas de la academia

Todo esto hace obvio que Colombia carece de una política de vecindades en el Caribe: una de integración y cooperación mutua entre países que comparten fronteras marítimas que vaya más allá de la suscripción de tratados y que abogue por la administración conjunta del mar; una que revierta el desarrollo económico desigual que se presenta en el Archipiélago mediante inversiones económicas contundentes.

Por esta razón, la Universidad Nacional de Colombia en el Caribe, comprometida con el desarrollo sostenible de la región, lidera la formulación de un gran proyecto que apunta a atender tres frentes de acción fundamentales en el contexto actual.

Primero, crear un observatorio que haga seguimiento de las repercusiones socioeconómicas y ambientales del fallo, con el propósito de diseñar políticas que permitan mitigar los efectos negativos sobre los más afectados e identificar acciones oportunas para proteger la Reserva de Biósfera Seaflower.

Segundo, proponer y fortalecer proyectos productivos que permitan plantear alternativas de generación de ingresos para la comunidad.

En el marco de este objetivo, la sede trabaja con la Secretaría de Agricultura y Pesca Departamental en la elaboración participativa del Plan de Ordenamiento Pesquero y en la ejecución de un proyecto de seguridad alimentaria.

Asimismo, desde el año 2005, la sede promueve el turismo académico, a través del programa de inmersión en inglés. Esta iniciativa, que tiene el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, impulsa las posadas nativas (como alternativa de hospedaje), aprovecha las ventajas comparativas de las islas en términos de manejo del inglés y comparte con los participantes la riqueza cultural de este territorio insular.

Gracias a este programa, más de 500 docentes de distintas regiones del país se han capacitado en San Andrés y se ha entregado a la comunidad local una atractiva alternativa de generación de ingresos. El propósito de la UN en el Caribe es fortalecer este programa y ampliar su cobertura al resto de la región.

En términos de programas académicos, la UN, en cuanto única institución de educación superior presente en el Archipiélago desde 1995, ofrece a los residentes del departamento 50 cupos en 47 carreras de las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Agropecuarias, Ciencias de la Salud, Ciencias Económicas e Ingenierías, en el marco del Programa Especial de Admisión y Movilidad (Peama).

En posgrado ofrece la Maestría en Estudios del Caribe; la Maestría y Doctorado en Ciencias (línea de Biología Marina) y la Maestría en Administración, que actualmente implementa la sede Manizales en la sede Caribe.

Tercero, dar un apoyo claro a la Política Nacional de Océanos y Espacios Costeros para consolidar la posición del país frente al mar.

En la búsqueda de este propósito, la sede celebrará el simposio "Las ciencias del mar en la Universidad Nacional de Colombia: una mirada desde el Pacífico y el Caribe colombianos, encuentro de tres fronteras". Este evento tendrá lugar en la sede Tumaco, entre el 4 y 5 de diciembre de 2012, y en él se discutirá el plan de acción de la Institución sobre investigación en el mar.

Por último, pero no menos importante, se busca retomar los conceptos de vecindad e integración fronteriza en cuanto dimensiones en las que Colombia ya ha adquirido una larga experiencia gracias a la relación con sus vecinos de la comunidad andina, con los cuales comparte fronteras terrestres.

Las comisiones de vecindad y las zonas de integración fronteriza (ZIF) son experiencias que podrían implementarse y fortalecerse con nuestros vecinos del Gran Caribe, para abordar temas económicos, políticos y sociales que afectan directamente a los habitantes de nuestras fronteras.

Construir vecindad

El proyecto supone pensar en varios aspectos: en el significado de la vecindad en el mar, en particular en uno semicerrado como el Caribe; en las implicaciones que tiene delimitar el mar para los nativos isleños, que viven y dependen de su interacción constante con él; y en cómo un hecho fortuito (como el fallo de la CIJ) puede proporcionar el contexto propicio para emprender estas iniciativas.

A este respecto, se han establecido lazos con la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN) y con la Red de Universidades Interculturales de Centroamérica y Latinoamérica, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas en el marco de la educación intercultural.

Para esto, se han hecho intercambios docentes, como el de la profesora Altha Hooker, directora de la URACCAN, y Guillermo McLean, profesor del Instituto de Promoción e Investigación Lingüística y Revitalización Cultural, también de esta institución. Este último participa en la construcción de la política lingüística para el Archipiélago.

A su vez, la profesora Raquel Sanmiguel, docente de la UN en el Caribe, participará en el II Simposio Internacional sobre Interculturalidad y Educación Superior, que se llevará a cabo en Managua (Nicaragua), entre el 4 y 5 de diciembre de 2012. Allí, se espera concretar proyectos de cooperación académica.

La UN hace un llamado a los sectores sociales y universitarios de los países caribeños con los cuales compartimos mar y fronteras para que nos apropiemos de nuestra historia fronteriza, de nuestros recursos y de la resolución pacífica de nuestros conflictos.

Debe predominar un paradigma integracionista y de cooperación de Colombia con el Gran Caribe, pues es el mecanismo más adecuado para enfrentar los efectos adversos derivados de las decisiones tomadas por actores ajenos a las realidades de estos territorios, de sus poblaciones y de la vida en el mar.