A pique seguridad en ciudades del país

El 37% de los habitantes se sienten inseguros en la ciudad y el 32%, en su barrio, según la encuesta de percepción ciudadana del programa Bogotá Cómo Vamos, de la Alcaldía Mayor. Estas cifras aumentaron, respectivamente, 5 y 2 puntos porcentuales con respecto al 2009, particularmente en las localidades de Engativá, Fontibón y Kennedy.

Rocío Londoño Botero, socióloga e investigadora de la Universidad Nacional, destaca el consenso que existe entre las personas al señalar como factores que generan inseguridad en la ciudad la delincuencia común, el desempleo y la ineficacia e ineficiencia de la Policía y las entidades encargadas de la protección en la urbe.

La misma encuesta señala que, en el último año, el 27% de los habitantes fueron víctimas de algún delito, comúnmente robo (80%), en particular de celulares. Sin embargo, una revisión más detallada permite ver que las cifras, frente a otros periodos, han descendido, pero esto no se refleja en la percepción de los bogotanos.

"No necesariamente la baja en los índices reales de las tasas de delitos y de homicidios va acompañada de una mejoría en la sensación de los ciudadanos. Cambiar esto es muy difícil, más aún en temas de seguridad", agrega Londoño.
Para la investigadora, el tema en la capital del país tiene otro agravante:
"Bogotá está atravesando por una situación muy crítica, en la medida en que los bogotanos sienten ineficiente la gestión del Alcalde y su equipo de Gobierno. Ello incide en la situación general de la ciudad".

En Medellín tampoco escampa

Después de registrarse una disminución constante en las cifras de homicidios en Medellín durante la administración de Sergio Fajardo (2003"2007), en la alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo, van en aumento.

Según datos de la Corporación Medellín Cómo Vamos, en el 2009 se registró un incremento del 107% en la tasa de homicidios, y el año finalizó con 38,58% homicidios por cada cien mil habitantes. En el primer semestre del 2010, según esta misma entidad, la tasa fue de 45,24%.

Édgar Ramírez Monsalve, docente e investigador del Departamento de Ciencia Política de la UN y quien ha participado como asesor en diferentes procesos de formulación de estrategias alrededor del tema en Medellín, señala que el fenómeno es multicausal pero tiene un gran arraigo en la sociedad local.
"Se conjugan muchos factores, por ejemplo, la guerra por el microtráfico de drogas que se desató ante el quiebre del modelo del paramilitarismo que había copado gran parte de la ciudad de Medellín, sobre todo en comunas donde el Estado había permitido la presencia y el ejercicio militar por parte de estos grupos".

Ramírez Monsalve advierte que "no se pueden negar ciertos niveles de permisividad de la sociedad colombiana y de la institucionalidad ligados a hechos en los que el narcotráfico vinculó a muchas personas, y hubo una especie de tolerancia frente a delitos que no se sancionaron socialmente, tomaron fuerza y provocaron en muchos grupos conductas delincuenciales".
Pero las cifras no son mejores en otras ciudades. A junio de este año, en Cali se registraron índices de 76 homicidios por cada 100 mil habitantes; en Pereira, 68; en Palmira, 67; en Cúcuta, 53; en Barranquilla, 31, y en Cartagena, 25.
La media nacional es de 39 casos por cada 100 mil habitantes, lo que ubica al país como inseguro en el contexto urbano.

Un debate local y nacional

En días pasados, el presidente Juan Manuel Santos presentó su política para hacerle frente a la inseguridad urbana, bajo dos pilares: uno preventivo y otro proactivo.

El primero plantea una cultura ciudadana fundada en valores éticos y morales, con sentido de solidaridad y convivencia, y parte de temas como educación, cultura y deporte para niños y jóvenes.

Esta propuesta contrasta con la deficiente o inexistente política de seguridad urbana que algunos expertos le atribuyen al gobierno anterior.

"La débil, escasa o ausente política pública de seguridad y convivencia por parte del Estado ha sido causa de la situación actual en Medellín", dice Édgar Ramírez: "Se creyó que con atender prioritariamente a los reinsertados se llegaría a una convivencia mejor en los barrios, pero los jóvenes se encontraron con una paradoja en la que el Estado pagaba por estar metido en la guerra. No se ofreció una política social de avanzada, con alternativas de empleo, educación y formación que vinculara nuevos jóvenes", indica.

El otro pilar de la política propuesta por Santos se fundamenta en el Estatuto de Seguridad Ciudadana, y será puesto a consideración del Congreso ya que busca fortalecer los instrumentos legales para combatir la delincuencia con reformas a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de la Infancia y la Adolescencia, reabriendo el debate en torno a la mayor penalización de menores.

Ya se inició la renovación de un nuevo Código de Policía, y el Congreso discute la Ley de Orden Público que pretende fortalecer los fondos de seguridad locales y departamentales, que a su vez apoyan las estrategias en materia de seguridad ciudadana.

Estos temas son críticos para Rocío Londoño Botero. "En el Código Nacional de Policía el Gobierno plasma la concepción de seguridad que tiene. El trabajo con esta institución es fundamental, y si los ciudadanos no confían en las autoridades, baja el nivel de denuncia del delito y aumenta la percepción de inseguridad".

Asimismo, considerando que las ciudades no son autónomas en el manejo de algunos aspectos asociados a la seguridad como el aumento del pie de fuerza y la prohibición del porte de armas "pues son decisiones del orden nacional", es fundamental que los niveles locales y nacionales se integren. "Las políticas de seguridad de las urbes tienen que estar muy relacionadas con las políticas nacionales, sumadas a acuerdos en programas, presupuestos y articuladas en los consejos de seguridad", precisa Londoño.

Entretanto, Édgar Ramírez Mosalve considera que se le debe exigir al Gobierno nacional que invierta más en lo social y menos en la guerra, pues "se sigue pensando que el guerrerismo será lo que saque al país de la crisis", concluye.