A Antioquia le falta más prevención del riesgo

En torno a la avenida torrencial (avalancha) que ocasionó la quebrada La Liboriana en este municipio, los expertos advierten que si bien el departamento de Antioquia ha avanzado en gestión del riesgo, aún le siguen faltando políticas de prevención.

Según el ingeniero geólogo Randdy Alí Guarín, las normativas que respaldan la gestión del riesgo en Colombia "Ley 1523 de 2012 y los decretos 2672 y 1974 de 2013" son suficientes. "Sabemos que falta dinero pero es obligación del ente territorial gestionar el riesgo", señaló, además recordó que en el Artículo 311 de la Constitución se habla de la obligación para gestionar y plantear el ordenamiento de los municipios.

Tal como lo señala la Ley 1523, la gestión del riesgo se refiere a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones para reducir el riesgo y garantizar la efectividad en el manejo de desastres.

Al respecto, comentó el ingeniero Guarín: "lo que se tiene es que la norma es amplia, pero también muy joven, de manera que faltan condiciones para implementarla"; en tal sentido, agregó que el tema de la gestión del riesgo también es un asunto cultural que se debe inculcar desde la casa, los colegios y todos los espacios de socialización, a propósito de la cultura del autocuidado.

En cuanto a la adecuada y efectiva implementación de la normativa, el profesor y coordinador del Grupo de Investigación en Política y Legislación Ambiental (Polygesta), Carlos Alberto Zárate Yepes, indicó que aún existe incertidumbre jurídica sobre las normas que en materia ambiental, incluido el tema de gestión del riego, está expidiendo el Gobierno Nacional: "no hay claridad ni certeza sobre las medidas, las acciones, los compromisos y las obligaciones que tanto los usuarios como los empresarios y las mismas autoridades del país, sobre todo las regionales, deben cumplir", señaló.

Además, en el país la gestión del riesgo es responsabilidad de cada ente territorial: "inicialmente es de los municipios, posteriormente el compromiso escala al departamento y a la Nación", explica. Dichos entes están obligados a identificar posibles amenazas, comunicarlas a la comunidad y realizar los correctivos pertinentes, como implementar obras o reubicar a la población si es necesario.

"Lo que hace falta es una gestión real porque sabemos que no es suficiente con planear el territorio, debemos seguir monitoreándolo, hay que evaluar y controlar. Lamentablemente aquí estamos más preparados para la atención de los desastres que para su gestión y prevención", concluyó el ingeniero Guarín, estudiante de la Especialización en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín.