Escudo de la República de Colombia Escudo de la República de Colombia
/Recicladores en Bogotá: pese a normativa, sigue la informalidad
Economía y Organizaciones

Recicladores en Bogotá: pese a normativa, sigue la informalidad

    La mayoría de los recicladores de oficio y las organizaciones que los reúnen no tienen contratos formales ni un sueldo básico, y mucho menos se les paga horas extras.

    El número de recicladores que hay en Bogotá y en el país ha ido aumentando con los años. En 2018, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible estimó que en Colombia existen 30.500 recicladores de oficio, y en Bogotá se calcula un promedio de 21.200, de los cuales solo 5.800 están asociados.

    El Decreto 596 de 2016, que establece el esquema de aprovechamiento del servicio público de aseo y el régimen transitorio para la formalización de los recicladores de oficio, especifica que un reciclador de oficio es “una persona natural que realiza de manera habitual las actividades de recuperación, recolección, transporte o clasificación de residuos sólidos para su posterior reincorporación en el ciclo económico productivo, como materia prima, y que además deriva el sustento propio y familiar de esta actividad”.

    La abogada Laura Yetzaira Orduz, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), asegura que “estas personas tienen una remuneración precaria, la mayoría no cuentan con elementos de protección personal para el desarrollo de su labor, no están afiliados al sistema de seguridad social que los proteja frente a las diversas contingencias que se les puedan presentar, y en ocasiones deben trabajar mucho más de 8 horas al día”.

    Así lo concluyó en su trabajo de investigación, en el cual realizó un análisis de informes presentados tanto por la Organización Internacional del Trabajo como por la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), además de sentencias de la Corte Constitucional y datos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

    ¿Las cooperativas no convencen?

    “Aunque se ha buscado formalizar la actividad de los recicladores y con ello vincularlos en cooperativas bajo el modelo de la economía solidaria, la realidad es que la mayoría de ellos desarrolla su labor a destajo”, indica la abogada Orduz al respecto.

    Lo anterior significa que, dentro del proceso de aprovechamiento de residuos, por ejemplo, ellos buscan realizar convenios con conjuntos residenciales y con diversas organizaciones para que les permitan acceder a los residuos sólidos y sacar el material aprovechable, el cual se puede utilizar en el proceso de reciclaje; sin embargo, la remuneración del reciclador dependerá de la cantidad de material aprovechable que logre recuperar.

    En ese sentido, la investigadora señala que “aunque generalmente las personas afiliadas a las cooperativas tienen beneficios más amplios, encontré que esta situación no es la que predomina para todos los trabajadores. La mayoría no logran tener los ingresos suficientes que les permitan alcanzar al menos con el salario mínimo”.

    Por otra parte, resalta que el modelo adoptado para el pago vía tarifa no es adecuado considerando los costos ambientales y sociales relacionados con la actividad de reciclaje, ya que dicho pago le da prioridad a la referencia del material aprovechable que fue comercializado, dejando de lado el valor asociado con el beneficio ambiental y social de la actividad.

    También se presentan dificultades para comercializar el material aprovechable, directamente con la industria final.

    La magíster menciona que “esto se debe la falta de tecnología y medios de transporte, ya que muchos compradores exigen que el material tenga algunos procesos previos y otros un peso mínimo de material aprovechable para comprarlo, lo cual afecta a las organizaciones de recicladores, porque no les permite llegar a más clientes”.

    En ese sentido, sugiere realizar un reconocimiento de la actividad del sector, teniendo como eje central al reciclador, visibilizando su labor, “porque esta no solo le permite a la persona tener unos ingresos, sino que también es una actividad que tendría un positivo impacto social y ambiental”.

    “En consideración a ese impacto debe existir una interacción mayor con las políticas públicas. No basta solo con que se dé una política para realizar una transición a una economía verde, si no se tiene en cuenta a los trabajadores”, concluye.