Seis criterios para plantear políticas públicas sobre manejo de residuos domésticos

Las campañas, normas, leyes y noticias suelen estar enfocadas en la responsabilidad de los individuos frente a las problemáticas socioambientales. “Esto es así porque se ha perseguido el objetivo de producir cambios deliberados y conscientes en el comportamiento humano, ignorando que se trata de un asunto complejo. Los humanos actuamos, en mayor medida, de forma adaptativa, es decir, según lo que el entorno nos provee, por eso hemos visto que la ‘generación de conciencia ambiental’ no es suficiente para cambiar comportamientos, sino que además se requieren otras condiciones”, señala la ingeniera ambiental Laura Carolina Ospina Capote, magíster en Hábitat de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

En su tesis de posgrado se propuso entender las relaciones que existen entre los actores implicados en la gestión de los residuos sólidos domésticos o basura (o “materia subutilizada”, como prefiere llamarlos), para luego explorar cómo estas relaciones podrían dar paso a un mejor manejo y a un habitar a favor del ambiente. “Uno de los mayores problemas relacionados con la actual crisis ecológica es el ciclo de la materia. El hábitat urbano genera distintas alteraciones que no está compensando. Un ejemplo es el servicio público de aseo, que es el único que no cobra por consumo (como sí ocurre con el agua y la luz), es decir, no tiene ningún factor de racionalidad. La tarifa es fija para quienes separan y para quienes no”.

Según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en 2020 se dispusieron en Colombia alrededor de 32.580 toneladas de residuos sólidos por día, de los cuales se logró aprovechar solo un 17 %, hecho relacionado con la problemática de los rellenos sanitarios que, debido al crecimiento poblacional y el cambio en los patrones de consumo, agotan cada vez más rápido su capacidad, además de que contaminan suelos y aguas con gases y lixiviados.

Con el fin de inferir seis criterios que faciliten la transición a un “habitar proambiental”, es decir, a modos de vida en favor del ambiente, la investigadora Ospina revisó el discurso que es “pilar” de la gestión actual de residuos domésticos: “analizamos discursos y normas, desde el Decreto de Ley 2811 de 1974, que habría sido la primera en el país. Así encontramos, entre otras cosas, que no hay una mención directa a la reducción de la cantidad de residuos que generamos, sino que todo está enfocado en la cobertura del servicio de recolección. Así mismo, se busca con insistencia que el servicio, que suele ser prestado por empresas privadas, sea económicamente rentable, dejando de lado su rol ambiental”, cuenta la magíster.

De otro lado, aplicó entrevistas semiestructuradas en profundidad, observación directa, visitas y algunos ejercicios como cuestionarios de actitudes. “Aunque no busqué obtener resultados estadísticos, sí procuré que la muestra fuera heterogénea (cinco individuos por cada estrato socioeconómico) para ver cómo el servicio de recolección se relacionaba con sus experiencias. Así evidencié, por ejemplo, que ni el estrato ni el nivel educativo ni lo hecho por padres, madres o abuelos son determinantes. También identifiqué que lo que más motivaría a las personas a separar es saber que están ayudando a algún amigo, familiar o vecino, contrario a lo que suele creerse de que sería necesaria una motivación económica”.

Por último, con respecto a los cinco criterios estratégicos que promoverían la transición a un habitar proambiental, la magíster resume lo siguiente: “el primero de ellos es la ‘eficiencia socio-ecológica’, que consiste en monitorear y optimizar la gestión de residuos, un hecho cuantificable según qué tanta energía se invierte, cuánto tiempo, cuánta materia se genera, recolecta, aprovecha, etc.”.

El segundo criterio es “coherencia”, que tiene un matiz ético porque busca que la normativa se alinee con los objetivos de recirculación, sin dar más continuidad al esquema lineal. El tercero y el cuarto son “racionalidad económica” y “aprovechabilidad”. El primero hace referencia a la implementación de incentivos compatibles con las motivaciones reales de los usuarios, por ejemplo, que estos tengan claro a quién están ayudando al separar los materiales. El segundo propone que no solo se piense en la materia cuando es ‘basura’, sino que se piense desde su producción y cómo lo que se consume podrá ser aprovechado después”.

Finalmente están “diversidad” y “coordinación”. “El primero tiene que ver con que los residuos domésticos son muy heterogéneos, de muchos materiales, y eso es justamente lo que impide aprovecharlos. Por eso la propuesta es crear ‘nichos sociales’ que hagan el aprovechamiento según sus capacidades y potencialidades. Por otro lado, la coordinación propende de que haya conversación y sincronización entre todos los actores”.

“El análisis y los seis criterios son un insumo valioso para plantear políticas públicas para legisladores, autoridades ambientales e incluso comunidades”, concluye la investigadora.