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Producción y distribución de alimentos, desafíos del proyecto de ley que busca combatir el hambre
En Colombia el 23,6 % de los hogares consumen menos de tres comidas al día. Foto: archivo Unimedios.
El proyecto de ley debe tener en cuenta la producción y distribución de los alimentos, y a los campesinos como actores principales. Foto: archivo Unimedios.
El proyecto de Ley 115 busca mitigar el hambre en el país y garantizar el derecho humano a la alimentación. Foto: www.camara.gov.co/
En Colombia 7 de cada 10 hogares posee inseguridad alimentaria. Foto: archivo Unimedios.
Durante el foro los ponentes expresaron los puntos a favor y las posibles mejoras que debería tener el proyecto. Foto: captura de pantalla.
El Proyecto de Ley 115, radicado en el Congreso de la República por senadores de la bancada del Pacto Histórico, busca crear el Programa de Emergencia de Lucha Contra el Hambre y garantizar progresivamente el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria.
Los ponentes invitados al Foro, organizado por los estudiante de la Maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Orinoquia, reflexionaron sobre los retos y posibles mejoras del proyecto.
La profesora Sara Eloísa del Castillo, directora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Obssan) de la UNAL, afirmó que “el 71,7 % de la población colombiana está en inseguridad alimentaria, es decir que 7 de cada 10 hogares padece de hambre. Se necesita sí o sí un programa de emergencia, pero este debe ser temporal, no se puede recargar sobre él el logro de la seguridad alimentaria”.
Señaló además que es necesario replantear la figura y el papel de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Cisan), ya que esta no ha dado respuestas claras a lo que se espera de las instancias técnicas conjuntas.
“El proyecto pone sobre las instancias técnicas y tecnológicas la administración del fondo para la soberanía alimentaria, la vigilancia del programa de lucha contra el hambre y las acciones que deriven de este, y eso es algo que se debe replantear”.
Fabián Quintana, líder social campesino, considera que “el proyecto debe reforzar las garantías económicas que tienen los campesinos, hay que mirar incluso la disponibilidad de alimentos, ya que en Colombia el 40 % de la canasta familiar es de productos importados”.
La Encuesta de Pulso Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) mostró que el 23,6 % de los hogares en Colombia consumen menos de tres comidas al día.
Según la Defensoría del Pueblo, la Orinoquia es la tercera región con los índices más altos en desnutrición infantil, “por eso el impacto esperado del proyecto es contener el aumento y disminuir la mortalidad por desnutrición”, destaca la profesora Del Castillo.
Sin embargo, para lograr dicho impacto el proyecto no puede depender del programa de emergencia. Según Diego Molina, jefe de Terreno Arauca del Programa Mundial de Alimentos (WFP), la emergencia es una respuesta inmediata para salvar vidas, pero en este caso hay que pensarlo diferente, debe pasar de atender la emergencia a garantizar el derecho a la alimentación.
En 2021 el DANE registró que el 39,3 % de los colombianos se encontraban en condición de pobreza monetaria, panorama que resulta aún más complejo para el acceso al agua potable. La Superintendencia de Servicios Públicos señala que en todos los departamentos de la Región Amazónica –excepto Guaviare– el agua no es apta para consumo humano. De la Orinoquia, solo Arauca no tiene riesgo alguno en este sentido.
Los ponentes invitados al foro coincidieron en que para garantizar el derecho humano a la alimentación este se tiene que ver como un eje transversal que atraviesa la economía, el acceso al agua y la producción de los alimentos. Por eso el proyecto debe dejar en claro cómo garantizará dichos aspectos.
A pesar de los reparos, aseguran que la iniciativa es necesaria y afín con lo expuesto por el Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.
La población rural y étnica sufre las consecuencias de la inseguridad alimentaria; la población indígena tiene una pobreza multidimensional 2,5 veces más alta que el total nacional, una carga que padecen las mujeres, quienes representan el 3 % de las comunidades indígenas y el 10 % de las comunidades afrodescendientes, según el DANE.
Por ello, el área de Extensión Universitaria de la UNAL Sede Orinoquia ha adelantado proyectos para aportar al cierre de las brechas en seguridad alimentaria que afecta a la región. Recientemente lograron beneficiar a 410 mujeres mediante la capacitación para el manejo de huertas y conucos comunitarios que apoyan el acceso a los alimentos en la comunidad.
